Tras varias jornadas de lucha y amenazas de paro, la Unión del Personal Civil de la Nación (Upcn) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) alcanzaron un nuevo acuerdo paritario para los empleados estatales, que incluye el adelantamiento a noviembre de la cuota de 10 por ciento de aumento prevista para marzo de 2023 y un bono por única vez en diciembre de 30 mil pesos.

"Hoy 30 de septiembre a las 11, en respuesta a la solicitud de Upcn, se reunió la mesa negociadora en el Ministerio de Trabajo y se acordó: adelantar al mes de noviembre la cuota de 10% prevista para marzo 2023 y otorgar en diciembre una cuota fija por única vez de 30 mil pesos, no remunerativa ni bonificable", informó la organización gremial que lidera Andrés Rodríguez.

Y añadió que también se dispuso "establecer una nueva cláusula de revisión en enero 2023" así como "adecuar todos los ítems de viáticos y movilidad a la nueva situación" y "modificar las escalas de premio al presentismo en función del nuevo acuerdo".

Por su parte, ATE también aceptó la oferta del Gobierno pero "dejaron asentada su disconformidad por el acuerdo por ser insuficiente".

"La propuesta del Gobierno contempló sólo en parte nuestras demandas. Hay un anticipo de tramos y un refuerzo antiinflacionario pero no hay garantías de que los salarios en el sector público no pierdan con la inflación", señaló el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar.

La negociación paritaria fue acompañada por un paro y movilización convocada por la filial porteña de ATE, que conduce Daniel Catalano.

ATE aceptó la propuesta del Gobierno pero firmó el acta en disconformidad por considerarla "insuficiente"

Protestas gremiales: la pelea que viene en el Congreso

Las protestas sindicales y las situaciones de bloqueo denunciadas por algunas empresas en el último tiempo abrieron un nuevo frente de batalla dentro del Congreso. El bloque de diputados del Frente de Todos pidió sancionar o incluso expulsar al liberal José Luis Espert por haber reclamado "cárcel o bala" contra trabajadores del neumático, y el PRO amaga con meterse en la disputa por un costado.

La diputada del PRO Laura Rodríguez Machado y 14 legisladores de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que "los bloqueos a empresas sean considerados delitos penales". Concretamente, propone que sean sancionados con "reclusión o prisión de 3 a 8 años" quienes "bajo el pretexto de razones gremiales, impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial".

El proyecto se presentó casi al mismo tiempo en que el bloque oficialista expresó su "profundo rechazo" a las fuertes declaraciones de Espert y apeló al artículo de la Constitución que plantea la "remoción por inhabilidad moral" de un diputado. Ambos hechos se dieron de manera independiente entre sí, pero empieza a verse un hilo conductor.