Tras un largo historial de suspensiones, el Enacom consiguió aprobar este lunes el llamado a licitación para la tecnología de Quinta Generación (5G).  

Pero como anticipó iProfesional, el lanzamiento no expresa el acuerdo de las autoridades sino una nueva controversia; en primer lugar, entre los directores oficialistas del ente regulador y los representativos de la oposición, que rechazaron ampliamente el llamado a la subasta. 

En sentido amplio, la diferencia es con el mercado, porque las operadoras interesadas se opusieron terminantemente a lo que definió por mayoría en organismo, según pudo saber este medio de fuentes que reclamaron estricto off the record. 

Lo que cuenta es lo que resuelva la mayoría, pero las compañías telco se definieron en "total disconformidad" con lo anunciado y apuntaron concretamente a los tres ejes más importantes: el nivel del precio de base, fijado por el Enacom en US$ 350 millones; la atribución de 100 Mhz adicionales a la empresa estatal Arsat; y la obligación de asegurar una prestación de tipo universal, que es percibida como un intento de continuar con el DNU 690, que regula la actividad del sector desde agosto de 2020.

Otra fuente declaró que el sector privado esperará hasta que se publique el pliego de la licitación en el Boletín Oficial para evaluar los pasos a seguir con mayor certeza, algo que sería entre el martes y el miércoles.   

El 5G nació en llamas: el gobierno impuso su agenda política y las telco se declaran en rebeldía

Enacom, 5G y objetivo político cumplido 

Uno de los directores por el oficialismo, Gustavo López, expresó a iProfesional que lo resuelto es la concreción del objetivo político de la gestión del ente regulador, algo que se produce además en plena carrera hacia las elecciones presidenciales de octubre, en las que el terminal político de la conducción del organismo y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, se enfrentará a los candidatos de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio. 

López informó que la fecha límite para presentarse a la licitación será 29 de septiembre. Después de eso, se analizarán las carpetas de los aspirantes en función de la solidez técnica, jurídica y económica de lo que presenten. Esa tarea estará a cargo de una comisión evaluadora, que posteriormente emitirá un dictamen de convocatoria que también se publicará en el Boletín Oficial. 

En total hay unas 17 empresas que cumplen actualmente con los requisitos mínimos para presentarse a una licitación de estas características, por cantidad de accesos y por tener la capacidad económica necesaria para financiar el despliegue de redes necesario para la explotación del negocio del 5G. 

Las empresas a priori habían impugnado el precio que el Enacom fijó como base para la subasta del orden US$ 350 millones por considerarlo excesivo y pujaban por una disminución para que las operadoras pudieran invertir en el despliegue, tomando como caso testigo el proceso que se siguió en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. 

La presión falló. El director oficialista explicó que el precio base es resultado de un análisis comparativo con las experiencias de otros países y defendió la decisión con el argumento de que el espectro radioeléctrico es patrimonio público. Además, remarcó que las empresas que ganen la subasta obtendrán una concesión para prestar servicios por 20 años. 

En esa línea, reivindicó la aprobación del pliego como "una decisión política de nuestro gobierno y de nuestra gestión al frente del Enacom". 

A la par de lo político hay un objetivo tecnológico que se expresa en el impacto que tendrá el 5G para la conectividad y el acceso en general y para los negocios en particular. Pero el directivo remarcó: "Generamos la licitación que será una realidad durante nuestro mandato, porque el proceso completo terminará a mediados de noviembre", antes de un eventual ballotage que podría tener como protagonista a Massa. 

Al mismo tiempo defendió otro de los ejes cuestionados por las empresas, el de la atribución de 100 Mhz para la empresa Arsat. Esta decisión es de una importancia central, porque es el primer paso para la constitución de una operadora de telefonía móvil estatal. 

López aclaró que "por ahora" se trata de una reserva estratégica del Estado: "En principio se guarda una porción del espectro entre los 3600 Mhz y los 3700 Mhz a través de Arsat".

El gobierno deberá luego instruir a la empresa para que presente un plan técnico. Pero en esa vereda de la dirección del ente regulador tienen claro que es posible un cambio de signo político y no descartan la posibilidad de que la próxima administración pública decida devolver la parte del espectro atribuida por este gobierno para los fines mencionados. 

En principio, cabe destacar que Arsat es un jugador mayorista, que a través de la Red Federal de Fibra Optica (Refefo) ayudó a bajar los precios de interconexión que se cobraban en dólares a empresas que explotan el negocio de la última milla. 

Por último, el director celebró la apertura de la prestación universal, la otra pata que cuestionan las empresas, y concluyó: "Nosotros generamos las condiciones para la licitación, ahora ellos decidirán si juegan o no". 

5G: 17 empresas que cumplen actualmente con los requisitos mínimos para presentarse a una licitación

El descargo opositor de las telco

En el tablero en el que se juega la estrategia electoral, el oficialismo mueve sus fichas a sabiendas de que las empresas de buena o mala gana van a terminar participando de la licitación. Sus chances de ganar las elecciones no son las mejores, pero existen, por lo que al mercado no le conviene desentenderse del todo de lo que representa Unión por la Patria. 

Por otra parte, la figura del candidato Javier Milei, de la Libertad Avanza, no termina de redondear un consenso positivo amplio en el universo de los negocios. Por último, la candidatura de Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio, es la más desdibujada después de las primarias, y no es menor, porque en el directorio del Enacom la oposición está referenciada políticamente en esa fuerza.  

Uno de los directores que se opusieron a la aprobación del pliego de 5G fue José Corral, de la Unión Cívica Radical, parte clave de Juntos por el Cambio. Corral explicó a este medio que votó en contra porque no fue incluido en la elaboración del texto aprobado, y cuestionó que la conducción del ente regulador eligió un mecanismo que tampoco incluyó la consulta a los usuarios ni a las empresas. Según el legislador, esta fue la principal razón por la que el anuncio se suspendió cuatro veces en el último mes. 

Consultado sobre las ideas que hubiesen aportado, respondió que "nuestras recomendaciones muchas, pero no tuvimos oportunidad de participar. El objetivo de la subasta de 5G tenía que ser el mayor despliegue e inversión posible a la manera de Brasil y no una mirada fiscalista recaudatoria". 

El director opositor agregó que los pliegos no incluyen seguridad de cumplimiento de lo que resta de explotar de 4G. Además lamentó la vigencia del DNU 690, que cuestionan todos los actores privados interesados en la subasta, algo que desde esta vereda del grupo directivo debió ser resuelto antes de proceder con el llamado a licitación. 

Sobre la atribución de espectro a Arsat, Corral expresó que "no creemos que el Estado tenga que dedicarse a poner una compañía de telefonía móvil" y advirtió que podría hacerlo a través de terceros, con lo que se estaría superponiendo con la subasta "porque no está expresamente dicho que no puede alquilar o concesionar por algún otro mecanismo el espectro en cuestión, eso sería una ventana para que se alteren las reglas de juego".