La verdad sobre el 5G en la Argentina: por qué esta tecnología casi no está disponible en el país
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La Argentina enfrenta la necesidad urgente de un "shock" de inversión en infraestructura para concretar el despliegue de la tecnología de telefonía móvil de quinta generación (5G). Se estiman inversiones requeridas de aproximadamente 9.000 millones de dólares a lo largo de cinco años (1.800 millones de dólares anuales) para alcanzar una cobertura competitiva y gestionar la creciente demanda de tráfico de datos.
Desafíos actuales y brecha territorial
Hasta finales de 2025, el avance de 5G ha sido limitado y desigual. Se registraron más de 255 antenas activas, concentradas principalmente en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y centros urbanos clave como Córdoba y Rosario.
Aunque las principales operadoras invirtieron más de 1.000 millones de dólares cada una en los últimos dos años en estas zonas, la penetración de 5G apenas roza el 9%, evidenciando una marcada brecha territorial.
Según estimaciones de la GSMA, una organización internacional que agrupa a operadores móviles y empresas relacionadas con las telecomunicaciones, el principal obstáculo para la expansión del 5G no es tecnológico, sino estructural.
La infraestructura de telecomunicaciones se convirtió en un cuello de botella fundamental para el crecimiento de las redes móviles de nueva generación, en un contexto de alto consumo de datos, elevados costos de despliegue y madurez del mercado.
Necesidad de capital a largo plazo y consolidación del mercado
El reto central es la capacidad de sostener inversiones a largo plazo. Esto implica no solo adoptar nueva tecnología, sino también expandir y fortalecer la red física subyacente (fibra óptica, radio bases, enlaces troncales).
La integración operativa entre Movistar y Telecom, pendiente de autorización por parte del Gobierno nacional, buscará generar la escala necesaria para afrontar los costos del despliegue. Esta consolidación permitirá optimizar la fibra óptica al hogar, porque ya cubre el 40,9% de las conexiones fijas, y acelerar la instalación de nuevas radio bases. Sin embargo, para 2026, el desafío es migrar de un modelo basado casi exclusivamente en la reinversión de utilidades a uno capaz de atraer capital fresco para la ampliación de infraestructura.
Lucas Gallitto, director de GSMA para América latina, subrayó la urgencia: "El 5G es la plataforma de innovación para la industria. Para capturar esta oportunidad, la Argentina necesita un marco de previsibilidad y precios de espectro competitivos; de lo contrario, la brecha de inversión seguirá postergando el potencial de su economía del conocimiento".
El rol del Estado y el Fondo de Servicio Universal (FSU)
La intervención estatal, particularmente a través de la gestión del Fondo de Servicio Universal (FSU), es crucial. El FSU está destinado a financiar proyectos de conectividad en zonas con baja rentabilidad para la inversión privada.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), bajo la intervención de Juan Martín Ozores, implementó recientemente un plan de facilidades para regularizar las deudas acumuladas del sector. Estas obligaciones superan los 3.000 millones de pesos para los grandes operadores, más otros 1.470 millones de pesos según la Auditoría General de la Nación (AGN).
El objetivo es "garantizar la continuidad de la prestación de los servicios" y habilitar que el Estado pueda financiar proyectos en áreas desatendidas. La regularización de estos pasivos es fundamental para que el FSU cumpla su función de reducir la brecha digital.
5G: Contexto regional y competitividad
El desafío local se enmarca en un panorama regional altamente competitivo. América latina registró anuncios de inversión digital por más de 20.200 millones de dólares en 2024, reflejando que el capital global se dirige a países con conectividad garantizada y marcos regulatorios estables.
Aunque la Argentina fue históricamente un polo de atracción de inversiones digitales junto a Brasil y México, concentrando entre los tres países cerca del 80% de los proyectos regionales en las últimas dos décadas, este liderazgo muestra signos de debilitamiento. En este contexto, el despliegue de infraestructura física es el factor decisivo para sostener la competitividad de la economía del conocimiento.
La inversión como condición para la competitividad global
La transición a 5G no es una mera tendencia, sino una condición necesaria para que las empresas operen con estándares globales de latencia, confiabilidad y capacidad de procesamiento. Los montos de inversión requeridos superan los modelos de negocios basados en activos livianos y exigen una visión de largo plazo.
Si bien la subasta de espectro de 2023 generó ingresos fiscales cercanos a los 875 millones de dólares, la sostenibilidad del sistema depende de la inversión privada constante en obra civil, equipamiento y mantenimiento de redes. Sin este flujo de capital, el 5G se limitará a experiencias puntuales en grandes ciudades.
Fragilidad de la inversión extranjera directa (IED)
La dinámica reciente de la IED acentúa esta fragilidad. Durante el primer trimestre de 2025, la Argentina experimentó una caída interanual del 90,2% en IED (solo 611 millones de dólares). Aunque hubo un repunte posterior hasta los 4.200 millones de dólares en el tercer trimestre, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que fue principalmente reinversión de utilidades de empresas ya establecidas.
Para las telecomunicaciones, esto impone un límite claro. Extender el 5G a sectores productivos como la minería o el agro requiere reposicionar al país como destino atractivo para la inversión en infraestructura pesada, algo condicionado por la incertidumbre macroeconómica y regulatoria.
Conectividad y centros de datos
El futuro de las redes está también vinculado al crecimiento de los centros de datos, un segmento donde la Argentina es relevante a nivel regional. Proyectos de gran envergadura, como el denominado Proyecto Stargate (25.000 millones de dólares estimados, con 7.000 millones de dólares destinados a conectividad y obra civil), vinculado a la inteligencia artificial ChatGPT de la empresa OpenAI, demuestran el efecto multiplicador del sector, aunque su viabilidad depende de la robustez de las redes.
Desafíos para 2026
El desafío para 2026 es alinear la política económica con las necesidades de la industria. Esto implica sanear deudas, eliminar obstáculos burocráticos para la instalación de antenas y garantizar reglas de juego estables, independientemente de los ciclos electorales. El capital que demanda el 5G no tolera la incertidumbre.
A pesar del interés internacional existente por el potencial tecnológico del país, la infraestructura sigue siendo el factor restrictivo. Si el Estado logra encauzar eficazmente los recursos del FSU y las operadoras mantienen sus planes de inversión, el 5G podrá trascender su concentración en unas pocas ciudades para convertirse en una verdadera palanca de desarrollo federal. En la economía del conocimiento, la conectividad pasó de ser un servicio a ser infraestructura básica.