La fusión entre Telecom y Telefónica sigue en un limbo regulatorio y se frenan inversiones críticas

La adquisición de la filial local de Telefónica por parte de Telecom Argentina, anunciada el 24 de febrero de 2025 por un monto de 1.245 millones de dólares , fue concebida como un movimiento estratégico para consolidar el mercado frente a la necesidad de grandes inversiones en infraestructura. Esta operación marcaba el inicio de una reestructuración profunda en el mercado de telecomunicaciones argentino, y buscaba la creación de un operador convergente de gran escala.

Sin embargo, un año después de aquel anuncio, la operación se encuentra en un estado de estancamiento. Navega en un escenario de absoluto hermetismo oficial e incertidumbre regulatoria, y se convirtió, paradójicamente, en el principal factor de riesgo e inestabilidad para el sector, al paralizar decisiones de inversión cruciales.

Los obstáculos críticos en la aprobación regulatoria

El proceso de aprobación se encontró con una barrera significativa en junio de 2025, cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) objetó la fusión. La CNDC emitió una advertencia sobre los riesgos anticompetitivos que la consolidación generaría. La principal y más sensible preocupación radica en el mercado de telefonía móvil, donde la entidad fusionada proyectaba alcanzar una posición dominante con el 58% de participación, y dejaba atrás al 42% de Claro.

No obstante, las objeciones se extendieron más allá de la telefonía móvil, y señalaron problemas de concentración en los servicios fijos, la banda ancha y, de manera crucial, los servicios mayoristas de transporte y conectividad. Un punto de inflexión en las objeciones fue la acumulación de espectro radioeléctrico, donde la entidad resultante excedería de manera significativa los 140 MHz permitidos por el marco normativo actual.

A pesar de la urgencia del caso, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), la autoridad de aplicación en materia de licencias y espectro, aún no se expidió de manera definitiva. El plazo inicial para su resolución venció en enero y, aunque fue prorrogado por el Decreto 448/2025, la indefinición se mantiene. Esta dilación se ve agravada por las oposiciones formales y continuas de terceros, como Claro, que mantienen la operación en un limbo regulatorio y judicial.

Marco normativo, duopolio de facto y complejidad adicional

El panorama se tornó aún más complejo con la emisión del Decreto 433/2025 en mayo. Esta norma, orientada a fomentar la competencia a largo plazo, añadió una capa de regulación que obliga a la nueva entidad a ofrecer tarifas mayoristas reguladas para los operadores móviles virtuales (OMV) y para los prestadores regionales de servicios.

Si bien el espíritu de esta medida es mitigar el riesgo de un duopolio de facto (Telecom-Claro) y garantizar el acceso a la red para pequeñas y medianas empresas (pymes) y proveedores de servicios de Internet (ISP, sigla en inglés) locales, su implementación introduce una incertidumbre financiera para Telecom. La empresa se ve obligada a recalcular su rentabilidad al perder la discrecionalidad en la fijación de precios mayoristas, un factor clave en la economía del sector.

La falta de una definición clara sobre la aplicación de estas nuevas reglas al caso específico de la fusión frena la planificación a largo plazo de ambas compañías. En un contexto macroeconómico complejo, esta incertidumbre se traduce directamente en costos de inversión postergados para las empresas y, en última instancia, en una afectación directa al bolsillo del usuario, ya que las ofertas de retención de clientes se posponen.

El nudo crítico: El exceso de espectro y la amenaza a la calidad del servicio

El foco regulatorio sigue centrado en el informe de la CNDC, que insiste en la necesidad de desinversiones —la venta obligatoria de activos— para evitar la consolidación de un duopolio incontrolable con Claro. El punto de máxima sensibilidad es el excedente de 130 MHz de espectro radioeléctrico que surgiría de la unión de los activos de ambas operadoras.

Agustín Siboldi, abogado especialista en telecomunicaciones, subrayó la necesidad de que la regulación aplique soluciones técnicas y económicamente viables, además de políticas. Estas soluciones deben partir de la premisa de que el mercado de telecomunicaciones, si bien concentrado, es intrínsecamente competitivo.

Aunque la devolución de ese espectro es considerada clave para el despliegue efectivo de las tecnologías de telefonía móvil de quinta generación (5G) en el país, el sector y los analistas temen que una ejecución apresurada o mal planificada de esta desinversión sature las redes existentes, lo que resultaría en una degradación de la calidad del servicio para millones de usuarios, un riesgo que el regulador debe sopesar.

Efectos en el usuario: Migraciones forzadas y presión de precios

Tras el anuncio de la fusión, la dinámica de precios en el mercado se moderó. Los ajustes, que antes se movían con alzas anuales de 50%-70%, pasaron a moverse más en línea con el índice de precios al consumidor (IPC), con una competencia focalizada en la relación precio-datos. Claro, en particular, capitalizó esta situación, con el lanzamiento de ofertas comerciales agresivas para capturar la base de clientes de Movistar que se sentían en incertidumbre.

Sin embargo, analistas financieros anticipan que este "congelamiento" de precios es temporal. Informes de consultoras como Fitch Ratings y el Bank of America (BofA) anticipan que en 2026 las operadoras priorizarán la rentabilidad por sobre la participación de mercado. Esto podría traducirse en incrementos de precios de hasta el 30% si las regulaciones se flexibilizan tras la aprobación final de la fusión, lo que volvería a tensionar el bolsillo del usuario.

De manera interna, la migración de planes de Movistar a Personal, iniciada en junio de 2025, generó fricciones y malestar. Usuarios que contaban con planes de mayor capacidad de datos fueron trasladados a propuestas con menos gigabytes y velocidades limitadas. Este proceso provocó un aumento del 35% en los reclamos de usuarios durante el tercer trimestre de 2025.

La unificación comercial bajo la marca Personal, que abarca a Arnet y Flow, busca simplificar el ecosistema de servicios, pero la estrategia es disputada por Claro, que fortalece sus alianzas con ISP regionales bajo esquemas OMV para contrarrestar la unificación.

El costo financiero de la indefinición para Telecom

La prolongada demora regulatoria tiene un impacto financiero directo y perjudicial sobre Telecom Argentina. La imposibilidad de concretar la integración plena impide la optimización de costos y, sobre todo, la captura de las sinergias proyectadas que justificaron la adquisición. Con una estructura de cerca de 20.000 empleados entre ambas compañías, la empresa no puede eliminar redundancias operativas, unificar redes de transporte para ganar eficiencia ni optimizar centros de datos, lo que posterga el retorno de la inversión.

Aunque deben operar legalmente por separado, la coordinación comercial entre Personal y Movistar ya provocó el cese de la competencia "de facto" en varias áreas. Esto se traduce para el usuario en una pérdida de la portabilidad como herramienta de ahorro y una consolidación de precios más uniformes en el mercado.

Pese a que la adquisición inyectó escala inmediata, elevando la cuota móvil al 58% y los ingresos, la ganancia neta de Telecom se vio mermada por pérdidas recurrentes. Los préstamos por $1.170 millones para la compra generaron cargas financieras, que se sumaron a la deuda preexistente. La obligación de operar las compañías por separado debido a las objeciones de CNDC y Enacom posterga indefinidamente la materialización de las sinergias plenas y eleva los costos operativos por encima de lo proyectado.

La estrategia de Claro ante la indefinición

Mientras la fusión está paralizada, Claro capitaliza la incertidumbre. La operadora de origen mexicano presentó oposiciones formales ante CNDC y Enacom, en las que denunció el excedente de espectro de Telecom y el riesgo de monopolio en el segmento de banda ancha fija en 186 localidades, donde la infraestructura de la empresa combinada es abrumadora.

En paralelo, Claro aceleró sus inversiones en 5G, lanzó ofertas de valor competitivas y fortaleció alianzas estratégicas con pymes e ISP regionales bajo modelos OMV y redes neutrales. Esta estrategia de presión busca provocar desinversiones obligatorias de activos de Telecom, como torres y licencias. Así, Claro reconfigura el tablero "telco" y transforma la indefinición de su competidor en una oportunidad para sí misma.

El desbloqueo de inversiones en 5G

El analista Enrique Carrier argumentó que la integración es la respuesta lógica e inevitable a un mercado móvil saturado que, a nivel global, evoluciona hacia un modelo de utilidad pública donde la competencia atomizada es inviable a gran escala.

La resolución definitiva del Gobierno nacional es crucial para la operación corporativa y para desbloquear las inversiones necesarias para el despliegue del 5G fuera del AMBA y las principales ciudades. La decisión final sobre la fusión definirá el destino de una operación de 1.245 millones de dólares y, fundamentalmente, establecerá el modelo de competencia y la estructura de inversión para la próxima década, en un sector donde la conectividad de alta velocidad se consolidó como una infraestructura crítica e indispensable para el desarrollo económico.