La IA destruye libros para entrenarse y vulnera los derechos de los autores: qué dice la ley argentina

Hay algo que las empresas de Inteligencia Artificial empezaron a hacer para evitar juicios millonarios: comprar libros físicos de manera legal, escanearlos y destruirlos. La práctica surgió después de que Anthropic tuviera que pagar u$s1.500 millones a autores afectados por haber descargado obras de bibliotecas piratas. 

Para no repetir ese error, las empresas decidieron adquirir los ejemplares legítimamente y, a veces, escanearlos implica abrirlos tanto que se deshacen. En Argentina, nadie está discutiendo qué derechos tienen los escritores ni qué puede hacer el Estado. Al menos por ahora.

Qué dice la ley argentina sobre el uso de obras para entrenar Inteligencia Artificial

Alelí Prevignano, abogada laboralista y asesora legal de la CGT, es directa: en Argentina, digitalizar un libro sin autorización para incorporarlo a un sistema de entrenamiento es, lisa y llanamente, una reproducción no autorizada. La Ley 11.723 reserva al autor la facultad exclusiva de reproducir su obra y el sistema de excepciones es cerrado, a diferencia de otros países, Argentina no tiene excepción de minería de textos y datos.

Pero la protección legal no implica protección real. El problema, explica Prevignano, es detectar el uso: no existe ninguna obligación de transparencia para quienes desarrollan los sistemas de entrenamiento. Y aun detectado el uso, la complejidad es cómo acreditarlo y probarlo sin recursos suficientes de auditoría, litigando en forma individual o colectiva contra grandes corporaciones tecnológicas globales.

Mónica Herrero, consultora editorial especialista en derecho de autor, aporta el contexto internacional: en Estados Unidos, el juez que intervino en el caso Bartz vs. Anthropic consideró que usar libros para entrenar un modelo de lenguaje es "extremadamente transformativo" y, por ende, un uso legítimo. Sin embargo, rechazó ese argumento para los libros que Anthropic había descargado de bibliotecas piratas. Lo que se pagó no fue el uso, fue el origen ilícito del dato.

Comprar un libro y destruirlo: ¿da derecho a usarlo para entrenar IA en Argentina?

La práctica de comprar libros físicos, escanearlos y destruirlos surgió precisamente como respuesta a esos fallos. La lógica de las empresas es que, al adquirir el ejemplar de manera legítima, tienen derecho a hacer con él lo que quieran, incluyendo digitalizarlo. En Argentina, esa lógica no funciona.

Prevignano es contundente: quien compra un libro solo adquiere el soporte, no la facultad de reproducirlo ni mucho menos de divulgarlo masivamente con uso comercial. "La apropiación del conocimiento y la rentabilidad que genera no queda compensada con el pago de un solo ejemplar."

Herrero plantea el mismo interrogante desde otro ángulo: a lo largo de su vida como estudiante y profesional, leyó y estudió libros, y muchos de sus trabajos son resultado de ese aprendizaje. Entonces se pregunta: ¿por qué una IA no podría hacer lo mismo, que sus resultados sean el producto de lo que leyó y con lo que se entrenó? Y ella misma responde que es una analogía osada, porque lo que no puede hacer es monetizar ese entrenamiento sin compensar a quienes lo hicieron posible.

Qué mecanismos tienen hoy los autores argentinos para reclamar

Los mecanismos formales existen, pero fueron diseñados para la era analógica. Las acciones por violación a los derechos de autor son de larga tramitación y alto costo económico,  especialmente si se considera el costo de auditar a una empresa como Anthropic.

Prevignano propone soluciones concretas: incorporar en los contratos de edición la prohibición de uso de la obra para entrenamiento de IA, prohibir la cesión sin autorización específica y fijar estándares de reparación por presunción de uso. Y destaca el valor de la gestión colectiva: "Frente a un poder concentrado, la respuesta eficaz históricamente fue colectiva y organizada."

Herrero señala que el sector editorial argentino tiene actores con capacidad de voz: las cámaras CAL y CAP, las sociedades de gestión colectiva como CADRA y las asociaciones de escritores como SEA y SADE. El problema es que todavía están en la primera etapa -la del lamento colectivo- y no en la de las propuestas concretas.

El vacío legal que protege a las empresas de IA en Argentina

Prevignano señala que el vacío legal existente no es inocente. "Se encuentra en la disputa por la regulación o la no regulación a nivel geopolítico. Cuando la ausencia de regulación se ofrece como ventaja competitiva al inversor, deja de ser un descuido legislativo y pasa a ser una desprotección de la soberanía cognitiva de la población."

Y agrega un dato que pocos conocen: la ley argentina es más protectora que el estándar europeo. La Directiva de la Unión Europea permite la minería de textos y datos salvo reserva expresa del titular de derechos, en Argentina se requiere autorización previa. Copiar el modelo europeo sería un retroceso.

Prevignano también señala otro poder de negociación que el Estado argentino no está usando: los beneficios impositivos del RIGI y el Súper RIGI a sectores que incluyen expresamente a la inteligencia artificial y los centros de datos, sin ninguna contrapartida de protección autoral.

Qué debería hacer Argentina antes de que el problema escale

Herrero advierte que ya es tarde para la primera etapa, la del entrenamiento de los modelos. Cuando aparecieron ChatGPT y Gemini, ya venían entrenados con obras protegidas por el derecho de autor utilizadas sin autorización. La pregunta ahora es cómo convivir con eso.

Prevignano cierra con una advertencia que va más allá de lo legal: si los autores dejan de publicar porque sus obras son apropiadas sin compensación, el daño no será solo económico. "Ninguna idea que valga la pena nació siendo la respuesta más probable". Los modelos de IA funcionan por patrones y probabilidades: lo singular, lo regional, lo que discute el consenso queda estructuralmente atenuado. No hay censura: hay sesgo por defecto.

En Argentina, los autores están protegidos por una ley que pocos pueden hacer cumplir. Las empresas de IA operan a una velocidad que el derecho no alcanza a regular y el Estado no está usando el poder de negociación que tiene. El debate sobre qué hacemos con lo que ya pasó recién empieza, y el tiempo que tarda en llegar la regulación suele ser exactamente el tiempo que las corporaciones necesitan para consolidar lo que ya hicieron.