Respaldo legal en España al canon digital
El Tribunal de Defensa de la Competencia desestima, en una resolución del 31 de mayo, los recursos interpuestos por la plataforma 'todoscontraelcanon' contra el acuerdo suscrito por las entidades de gestión y la patronal Asimelec sobre el canon de los cd y dvd, informaron las gestoras.Según un comunicado firmado por las entidades de gestión SGAE, AIE, Dama, AGEDI, AISGE, EGEDA y Vegap, esta resolución del tribunal considera que el acuerdo suscrito en 2003 entre ellas y la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) se ajusta a la ley.El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) desestima así los recursos interpuestos por la Asociación de Internautas, que lidera la plataforma 'todoscontraelcanon', y por Javier de la Cueva González-Cotera, contra el acuerdo suscrito por las entidades de gestión de derechos y la patronal Asimelec el 31 de julio de 2003, y declara que dicho acuerdo no conculca ninguna de las leyes de competencia como manifestaban los denunciantes.Con esta decisión, se fortalece la aplicación de la remuneración compensatoria por copia privada en el entorno digital, afirman las entidades de gestión en el comunicado.El Tribunal de Defensa de la Competencia "ratifica" lo descrito en su día por el Servicio de Defensa de la Competencia, al "indicar que las cantidades aplicadas a los CD y DVD, y contempladas en la propia reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, no son superiores a los países de nuestro entorno".El Tribunal considera, igualmente, que el "importe de la cuantía pactada supuso un beneficio para los fabricantes e importadores y los usuarios".La resolución concluye, según la nota, que la firma del acuerdo "no supuso abuso de posición de dominio por parte de las entidades, como denunciaba la Asociación de Internautas, y destaca que la idoneidad de los soportes y el pago de la compensación a la que vienen sujetos no surge como fruto del acuerdo suscrito en 2003, sino que se encuentra contenida en la propia Ley de Propiedad Intelectual desde el año 1987".Además, el acuerdo "no supuso la creación de ningún canon, como argumentaban los denunciantes, sino que únicamente resuelve de forma efectiva la obligación de pago de la remuneración que la Ley reconocía previamente".De hecho, aseguran las gestoras, el tribunal "falla en su totalidad en contra de las argumentaciones sostenidas" y señala que "la obligatoriedad del pago por parte de los deudores existía antes de la firma del mismo, la crea la legislación y la ratifican los tribunales".Por último, la resolución "hace incomprensible el apoyo de algunas empresas minoritas", integradas en Asimelec, a la plataforma 'todoscontraelcanon', "contraria a la remuneración por copia privada".
De la Cueva, impulsor de las acciones legales contra el canon en España, se mostró "encantado con la resolución", pues gracias a este procedimiento se han conocido informes sobre el uso de dispositivos electrónicos que, según afirma, son imprecisos, y no deberían haberse utilizado para fundamentar la cuantía del cobro del canon"."La decisión está muy bien argumentada", señaló De la Cueva, "y explica que por medio del acuerdo la SGAE renunció al cobro de un derecho que, según la ley, es irrenunciable para los autores, abriéndose la vía para denunciar a las sociedades de autor por una mala gestión de sus representados".¿Cuál será la estrategia de lucha contra el canon y el sistema actual de derechos de autor? Según informó el medio español CincoDias, el objetivo de todas estas actuaciones es, según afirmó el letrado, "hacer una reconversión industrial. No hay que proteger a las discográficas, hay que proteger a los trabajadores, a los autores, fiscalizar la labor que están haciendo las entidades de gestión y la industria del entretenimiento".Además de la citada denuncia a la SGAE, De la Cueva resaltó la negativa de los ministerios de Cultura y Hacienda a explicar el costo que para las arcas del Estado supone la existencia de la tasa compensatoria, lo que en su opinión delata que "la administración se está autoimponiendo un canon, una ayuda encubierta a las sociedades de autor". Por ello "se denunciará al Estado ante la Comisión Europea por dar ayudas prohibidas".Una tercera actuación tendrá que ver con el equilibrio financiero entre la administración central, local y autonómicas, pues según De la Cueva "se puede ver alterado por una orden ministerial, la que fijará la reforma del canon por acuerdo entre Industria y Cultura, y no es de recibo que según ambos decidan se modifique el gasto de las comunidades que tengan transferidas las competencias en materia de Justicia, como Cataluña por ejemplo".
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