El Gobierno cierra Chapadmalal y Embalse: qué pasará con los predios y el personal

El gobierno nacional ha concretado el cierre definitivo de las Unidades Turísticas de Chapadmalal, en la provincia de Buenos Aires, y Embalse, en el corazón de las sierras de Córdoba.

La decisión no solo implica el cese de los servicios de alojamiento, sino el desmantelamiento total de las estructuras operativas y la desvinculación del personal.

Ambos predios, que funcionaron históricamente como emblemas del turismo social, han pasado a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Con este pase, el objetivo oficial es claro: el Estado dejará de gestionar la explotación turística para avanzar hacia un esquema de venta o concesión de los terrenos.

En forma inmediata, la medida ha generado un impacto directo en el empleo público.

El futuro del personal

Según fuentes gremiales, la resolución establece un trato diferenciado según el tipo de vínculo laboral.

Los trabajadores de planta permanente ya fueron notificados de su pase a "disponibilidad" por un plazo de 12 meses, periodo en el cual buscarán su reubicación o, caso contrario, quedarán desvinculados con la indemnización correspondiente.

En el caso de los contratados, el cese de actividades implicó el despido inmediato de la totalidad del personal bajo esta modalidad.

Esta decisión generó que, en el caso de Embalse, el pasado 23 de mayo, la comunidad de Calamuchita fuera epicentro de una jornada de protesta en el puente del dique cercano al complejo, en rechazo al cierre de la unidad hotelera estatal.

En el complejo cordobés, la cifra de afectados asciende a 45 personas: 15 empleados contratados fueron despedidos y 30 agentes de planta permanente pasaron a situación de "disponibilidad".

Mientras continúa el plan de lucha, se espera que representantes gremiales mantengan una reunión este miércoles con funcionarios de la Jefatura de Gabinete, encabezada por Manuel Adorni, para intentar revertir o revisar las cesantías.

Venta o concesión

En tanto, la transferencia de la gestión de estos inmuebles a la AABE es el preludio de un proceso de cesión de las operaciones a inversores privados.

En el caso de Embalse, se trata de un predio de más de 300 hectáreas en el Valle de Calamuchita, con un valor estratégico incalculable frente al espejo de agua más importante de la región.

En tanto, el complejo costero de Chapadmalal está ubicado en una zona de alta valorización inmobiliaria entre Mar del Plata y Miramar, y se perfila como un polo de interés para desarrolladores inmobiliarios y el sector hotelero privado.

En ambos casos, el Gobierno justifica la medida bajo el paraguas del "plan de transformación del Estado", argumentando la necesidad de optimizar los recursos públicos y desinvertir en activos que, según la mirada oficial, resultaban deficitarios.

Más allá de venta o concesión, lo concreto es que se trata del fin de una era, la del turismo social que fue impulsada por ambas unidades a partir de sus inauguraciones en la década del 50 bajo el paradigma de garantizar el acceso al descanso para sectores que, de otro modo, quedarían excluidos del mercado turístico.

Este impacto ha encendido todas las alarmas en las cámaras del sector y en los gremios, que denuncian el fin de una política de Estado histórica y alertan sobre el impacto económico negativo para las economías regionales que dependían del flujo constante de turistas de bajo presupuesto.

En el seno del oficialismo, la mirada es otra. El cierre de Chapadmalal y Embalse no se analiza solo como una medida presupuestaria, sino como una reconfiguración del mapa de activos estatales.

Según los últimos registros públicos, el Estado destinó miles de millones de pesos anuales (incluyendo inversiones en servicios de hotelería, mantenimiento y seguros) para mantener estructuras que, en muchos casos, operaron con baja ocupación o déficit operativo.

La lógica oficial es que ese capital está "inmovilizado" en tierras que podrían generar canon concesionario e inversiones privadas.

Bajo el paradigma actual, la AABE buscará convertir estos terrenos en "activos productivos".

El objetivo es que, mediante la concesión (y no necesariamente la venta directa), el sector privado absorba los costos de refacción y modernización.

La idea es que se transformen estos complejos en desuso en centros turísticos de alta gama, "resorts" o complejos mixtos, bajo marcos regulatorios como el RIGI si los proyectos alcanzan una escala industrial o de infraestructura significativa.

Ventajas y desventajas

Para los inversores, la principal ventaja es el acceso a terrenos en ubicaciones estratégicas y de alta plusvalía que, de otro modo, serían imposibles de adquirir.

Además, si el proyecto de reconversión entra en regímenes como el RIGI, pueden acceder a beneficios fiscales, estabilidad cambiaria y facilidades aduaneras para importar maquinaria necesaria para la remodelación.

Por el contrario, los gobiernos locales y cámaras de turismo advierten sobre un impacto negativo inmediato.

Solo en el caso de Chapadmalal, la pérdida de flujo turístico se estima en más de 100.000 visitantes anuales.

Esto se traduce en una caída directa en el consumo de comercios, gastronomía y servicios de transporte de Mar del Plata y zonas aledañas.

Otro riesgo que evidencian los analistas del mercado se vincula con una posible judicialización del sistema.

Al ser bienes con valor histórico y social, las concesiones suelen enfrentar amparos de organizaciones gremiales y sociales que pueden retrasar el inicio de las obras.

"Un inversor debe contemplar estos tiempos en su análisis de flujo de fondos", destacan expertos en negocios inmobiliarios.

También recuerdan que, además del canon mensual o anual, el Estado suele exigir planes de inversión obligatorios (reparación de infraestructura, seguridad, sustentabilidad ambiental) y, a veces, la preservación de fachadas o elementos de valor histórico, lo cual encarece los costos iniciales de obra.

Por eso, entienden que el modelo más rentable para estas tierras es el gerenciamiento profesional (tipo Amerian o cadenas internacionales), donde el concesionario delega la operación hotelera a especialistas y se enfoca en maximizar la ocupación mediante marketing, alianzas con aerolíneas o posicionamiento en plataformas digitales globales.