El Gobierno avanzó con el cierre de Embalse y Chapadmalal: qué ocurre con los empleados
El Gobierno nacional profundizó su política de reorganización del Estado y avanzó con una medida que impacta de lleno en dos históricos complejos de turismo social: Embalse, en Córdoba, y Chapadmalal, en Buenos Aires.
A través de una resolución oficial, dispuso el cese de actividades del personal que aún prestaba servicios en ambos predios y abrió el camino para una futura concesión o privatización de las instalaciones.
La decisión alcanza a 101 trabajadores y marca un nuevo capítulo en el proceso de transformación impulsado por la administración de Javier Milei. Mientras los empleados permanentes fueron incorporados al régimen de disponibilidad, los contratados quedaron desvinculados de manera inmediata. La medida generó un fuerte rechazo sindical y ya se anunciaron protestas y reuniones con autoridades nacionales.
Embalse y Chapadmalal: qué ocurrirá con los trabajadores afectados
La resolución establece diferentes condiciones según la situación laboral de cada empleado. En el caso del personal de planta permanente, se aplicó la figura de disponibilidad por 12 meses, durante la cual podrán ser reubicados en otras áreas de la Administración Pública Nacional.
Si al finalizar ese plazo no se concreta una nueva asignación, los trabajadores quedarán desvinculados y tendrán derecho a percibir la indemnización prevista en el convenio colectivo correspondiente.chapadmalal.
Por otra parte, los empleados contratados fueron cesanteados de manera inmediata. En la Unidad Turística Embalse, ubicada en el Valle de Calamuchita, la medida implica que el complejo quedará sin personal operativo por primera vez desde su inauguración en la década de 1950.
El mismo esquema se aplicó en Chapadmalal, otro de los emblemas del turismo social argentino, que también quedó sin trabajadores activos tras la decisión oficial.
Turismo social: privatización, concesiones y reclamos sindicales
Los complejos de Embalse y Chapadmalal fueron transferidos a la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo que tendrá a su cargo definir el futuro de ambos predios.
Según se informó oficialmente, los inmuebles podrán ser concesionados o puestos a la venta mediante distintos mecanismos que permitan la participación de inversores privados. En el caso de Embalse, se trata de un predio de más de 300 hectáreas ubicado junto a uno de los principales espejos de agua de Córdoba.
La decisión provocó una inmediata reacción de los gremios estatales. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunciaron movilizaciones y medidas de protesta para visibilizar la situación de los empleados afectados.
Además, representantes sindicales tienen previsto mantener una reunión con funcionarios de la Jefatura de Gabinete para intentar revisar la medida. Sin embargo, desde los gremios aseguran que las señales recibidas hasta el momento indican que la decisión oficial ya estaría definida.
El cierre de los complejos no comenzó este año. En Embalse ya se habían producido despidos durante 2024 y, desde entonces, el número de trabajadores se fue reduciendo progresivamente. Con la nueva resolución, el proceso culmina con la salida total del personal y la preparación de los predios para una futura administración privada.
La medida se enmarca en la estrategia oficial de reducir estructuras estatales vinculadas al turismo social, un área que el Gobierno considera ineficiente. Mientras tanto, los trabajadores afectados siguen reclamando una solución ante un escenario de creciente incertidumbre laboral.