Imputaron a directivos de Bodega Norton por presunta estafa de casi $1.000 millones
A la situación crítica que está atravesando la Bodega Norton por su crisis financiera, ahora se suma una investigación judicial. La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza avanzó este miércoles con la imputación de tres integrantes de la bodega y un representante de Acindar Pymes SGR.
La acusación es por una presunta maniobra de defraudación contra Cooperativa San Carlos, con un monto involucrado que supera los $955 millones.
El fiscal Alejandro Iturbide tomó la decisión después de analizar una operación que comenzó como una venta legítima de vino. Pero terminó en una trama que, según la investigación, buscaba perjudicar a la cooperativa.
Los hechos investigados configuran, en principio, el delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, previsto en el artículo 173 inciso 3° del Código Penal.
La resolución alcanza a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Bodega Norton. Los tres fueron imputados como coautores. También quedó involucrado Carlos Moyano, de Acindar Pymes, en calidad de partícipe primario.
Una operación que arrancó sin problemas y terminó en la Justicia
Todo comenzó en 2024 con una transacción habitual en el sector. Cooperativa San Carlos, una de las más importantes del Valle de Uco, vendió a Bodega Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet. El valor total de la operación: $503.250.000.
Para concretar el pago, las partes acordaron una estructura financiera que involucraba al Banco Santander Río. La cooperativa tomó un préstamo en esa entidad. Norton, por su parte, asumió la obligación de cancelar ese crédito mediante una cesión de deuda.
En la documentación bancaria quedó registrada una cuenta de Norton. Desde allí se haría el débito correspondiente.
Acindar Pymes SGR intervino como garante del préstamo. Si Norton no pagaba, Acindar debía responder ante el Banco Santander con su propio capital.
La cooperativa, a su vez, cedió a Acindar la factura de venta del vino. Ese documento le permitía a Acindar reclamar el cobro directamente a Norton y subrogarse en los derechos del banco.
Hasta ahí, todo parecía un mecanismo de garantías cruzadas relativamente estándar en operaciones comerciales de este tipo.
La obligación de Norton de cancelar el crédito venció el 9 de septiembre de 2025. Pero ese pago nunca llegó. El 21 de octubre, la cooperativa se enteró de que Acindar había cancelado el préstamo frente al Banco Santander. A partir de ese momento surgió una disputa sobre quién debía afrontar la deuda.
La cooperativa entendía que, por el vencimiento de los plazos previstos para las cesiones de crédito, Acindar había perdido la posibilidad de trasladarle la responsabilidad. Acindar, en cambio, sostenía que la cooperativa era deudora solidaria, lisa, llana y principal pagadora frente al banco.
Mientras ambas partes discutían quién debía pagar, en los pasillos de Bodega Norton se preparaba una jugada que la Fiscalía considera fraudulenta.
Seis cheques por $955 millones emitidos un día antes del concurso
El punto central de la investigación penal se encuentra en lo ocurrido durante los días previos al ingreso de Norton al concurso preventivo.
De acuerdo con la resolución fiscal, Bodega Norton había decidido presentarse en concurso de acreedores en una reunión de directorio realizada el 21 de octubre de 2025. La presentación judicial se concretó el 31 de octubre.
La propia empresa había situado el comienzo de su cesación de pagos el 17 de septiembre. Es decir: Norton sabía desde hacía más de un mes que no podía cumplir con sus obligaciones.
Pese a esa situación, entre el 21 y el 30 de octubre se mantuvieron negociaciones con Acindar y Cooperativa San Carlos. El objetivo: renegociar la deuda derivada de la compra del vino.
El acuerdo contempló que Norton cancelaría la obligación mediante seis cheques por un total de $955 millones. Los documentos fueron emitidos el 29 de octubre. Un día antes de la presentación en concurso.
Pero la Fiscalía detectó algo extraño. Los cheques no fueron entregados directamente a Acindar, que era quien había pagado al banco. En cambio, fueron confeccionados a nombre de la Cooperativa San Carlos.
La cooperativa debía endosarlos para posteriormente entregarlos a Acindar o a quien esta indicara.
Por qué la Fiscalía habla de fraude y no de un simple incumplimiento
Para el Ministerio Público Fiscal, la cuestión no se limita al hecho de que Norton haya emitido cheques para cancelar una deuda que posteriormente no pudiera pagar.
La resolución sostiene que la confección de los títulos a nombre de la Cooperativa San Carlos habría permitido incorporarla a una nueva relación obligacional. Y darle a Acindar una posición crediticia más favorable frente a la inminencia del concurso.
La Fiscalía considera que la cooperativa habría sido incorporada como endosante de los documentos mediante un engaño y que esa operación terminó generando nuevas obligaciones patrimoniales para la entidad, sin que ello la beneficiara.
El documento agrega que los elementos reunidos permiten inferir una actuación coordinada entre Norton y Acindar. El argumento fiscal se basa en que los cheques no fueron confeccionados directamente a nombre de la acreedora.
Sino a nombre de la cooperativa, que luego los endosó para que llegaran finalmente a Acindar.
¿Por qué importa eso? Porque cuando un concurso preventivo se declara, los acreedores quedan sujetos a un orden de preferencia. Tener cheques endosados por un tercero puede mejorar la posición de quien reclama el cobro.
Y puede empeorar drásticamente la situación de quien figura como endosante, si luego debe responder por esos títulos.
La emisión de los cheques derivó posteriormente en un reclamo judicial de Acindar contra Cooperativa San Carlos. El expediente "Acindar Pymes SGR c/ Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud Ltda. s/ Ejecutivo" tramita ante la Justicia Comercial nacional.
Este punto resulta central para entender el perjuicio que la Fiscalía atribuye a la maniobra. No solamente se analiza la posibilidad de que los cheques fueran cobrados. También la nueva posición judicial y financiera en la que habría quedado la cooperativa.
El propio fiscal señaló que el perjuicio patrimonial puede contemplarse desde la existencia del juicio ejecutivo. También desde las limitaciones que genera para la cooperativa y su eventual situación financiera ante el Banco Central.
La investigación continúa. Los imputados deberán presentarse ante la Fiscalía en los próximos días para conocer formalmente los cargos y ejercer su derecho de defensa.