Alivio en Puerto de Bahía Blanca: Compañía Sudamericana se adjudica licitación por dragado y rechazan pedido de suspensión

En el puerto de Bahía Blanca vuelve a respirarse un clima de alivio, luego de que el Consorcio de Gestión de esta terminal (CGPBB) resolviera adjudicar el dragado del canal principal a Compañía Sudamericana de Dragados, luego de que la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca decidiera que la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la firma argentina Dragado y Obras Portuarias S.A. (Dyopsa) y por la holandesa Van Oord no pueda participar por una serie de irregularidades.

Cabe destacar que Van Oord hoy está en el ojo de la tormenta a nivel internacional por haber participado de un megaproyecto en el que hay acusaciones por supuestas maniobras de corrupción y desplazamiento forzado de miles de familias.

Respecto de la licitación en Bahía Blanca, en abril de 2019 el Consorcio había convocado a dos licitaciones públicas. Una de ellas tenía como objetivo mantener la profundidad de los sitios en los que atracan los buques. En octubre del año pasado fue adjudicada a Compañía Sudamericana de Dragados, una empresa subsidiaria de la belga Jan de Nul.

En paralelo, también se había lanzado otra convocatoria para dragar el canal principal de acceso y permitir que buques de gran porte puedan ingresar a los muelles.

Se trata de una operación altamente sensible, dada la importancia que tiene el puerto de Bahía Blanca. De acuerdo con datos del CGPBB, en 2019 la terminal movió 25,2 millones de toneladas, lo que implicó un fuerte crecimiento de más del 12% respecto de los registros de 2018.

Además, fueron más de 1.000 los buques que pasaron por dicha terminal, tanto para operaciones de exportación como de importación. En ese sentido es importante mencionar que Bahía Blanca cumple una función clave para la exportación de granos y productos petroquímicos, al tiempo que es un punto de entrada clave para equipos destinados a la generación de energía eólica.

Controversia por Van Oord

El problema se originó cuando el ente portuario adjudicó esos trabajos a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por la holandesa Van Oord y la argentina Dragado y Obras Portuarias S.A. (Dyopsa).

La controversia se inició porque Dyopsa mantenía deudas tributarias millonarias, entre otros incumplimientos, frente a lo cual desde Compañía Sudamericana de Dragados advirtieron que dicha adjudicación era un "traje a medida" de la UTE. Por eso, impugnó la resolución al considerarla "arbitraria" y pidió suspender el proceso ante la Justicia Federal.

Luego de idas y vueltas, el 8 de noviembre, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca realizó un pormenorizado análisis y resolvió que la UTE conformada por Van Oord y Dyopsa no podían participar, justamente, por ser deudores del Estado, y ordenó reanudar el proceso licitatorio, quedando como única oferta en pie la de Compañía Sudamericana de Dragados, dado que las otras empresas que venían participando ya se habían retirado.

El 19 de diciembre, luego de idas y vueltas, finalmente el CGPBB y Compañía Sudamericana de Dragados suscribieron el contrato para mantener el canal.

Sin embargo, el 30 de diciembre, en una acción que ponía en riesgo la normal operatoria del Puerto de Bahía Blanca, con su consecuente impacto económico negativo, Van Oord presentó un escrito pidiendo la revocación y la suspensión del trámite licitatorio.

Sin embargo, el 22 de enero, el Directorio del CGPBB, emitió una resolución en la que resolvió finalmente desestimar la impugnación presentada por la empresa Van Oord.

Además, rechazó el pedido de suspensión del trámite y declaró inadmisible el recurso jerárquico interpuesto, "en tanto que no existe relación jerárquica u organismo competente para revisar la actuación del consorcio toda vez que el acto administrativo atacado fue dictado por la autoridad con competencia resolutoria final y la vía administrativa se encuentra agotada".

Entre los considerandos, el CGPBB indicó que el Directorio dispuso tanto de los informes internos del Consorcio y los asesoramientos requeridos, propios del procedimiento instrumentado, como de un proceso y sentencia emanada de la Cámara Federal, "que posee los caracteres de presunción de validez y ejecutoridedad propia de los actos estatales".

Además, según la resolución, el Directorio "evaluó la necesidad de que su decisión no contradiga la sentencia emanada de la autoridad jurisdiccional que se declaró competente para la revisión del procedimiento administrativo iniciado por el Consorcio".

En paralelo, la resolución indica que era importante iniciar con "urgencia" las tareas de dragado, debido a la "inminente afectación de productividad y competitividad del puerto", producto de la dilación en la terminación del procedimiento, luego de las trabas que interpuso Van Oord.

No solo eso, el Directorio del Consorcio también advirtió que el contrato del 19 de diciembre, que pasó a estar en ejecución, tuvo como objetivo evitar la paralización de las tareas que podía colocar "en grave riesgo" el mantenimiento de las condiciones operativas del canal de acceso al puerto de Bahía Blanca.

De la mano de todos estos antecedentes, se rechazó la petición de suspensión y hoy esta terminal clave para la actividad económica está funcionando con normalidad.

Van Oord y un proyecto polémico

Cabe destacar que no es la única vez que Van Oord se ve envuelta en controversias. En 2016, el consorcio que conformó con una empresa angoleña estuvo en el ojo de la tormenta por un contrato valuado en u$s615 millones para encarar un proyecto en Angola por el cual asociaciones no gubernamentales alertaron que se habría desplazado a habitantes de una comunidad que perdieron sus hogares y que nunca habrían sido compensados por esta decisión. A esto se suman sospechas de un posible caso de corrupción.

El drama en Angola comenzó en 2016, cuando Van Oord, como parte de un consorcio con la empresa angoleña Urbinvest, cerró un contrato con el gobierno angoleño para el megaproyecto "Marginal da Corimba", en la ciudad de Luanda, en la costa de ese país.

Van Oord estuvo a cargo del diseño y la construcción de nuevas tierras para extender la ciudad en alrededor de 400 hectáreas, según explica en su propia página web.

La controversia está en que unas 3.000 familias habrían sido expulsadas a la fuerza de sus hogares para encarar este proyecto, al tiempo que el Estado angoleño nunca les habría dado nuevas viviendas o compensaciones.

No solo eso: los críticos a la obra advirtieron que no hubo proceso de licitación de antemano y que el entonces presidente de ese país le había otorgado el proyecto de manera directa a dicho consorcio, conformado por la holandesa van Oord y Urbinvest.

El problema es que Urbinvest es propiedad de la hija del ahora ex mandatario, Isabel dos Santos, considerada la mujer más rica de África, que hoy está siendo investigada por la Justicia de ese país por supuestos delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito.