Un empresario argentino de 63 años, que hace dos décadas está radicado en Uruguay y vive en Punta del Este, fue procesado en las últimas horas en el marco de una causa por explotación sexual​ de adolescentes en ese país.

No es el único que está en la causa. Con el argentino involucrado, acusado de "reiterados delitos de retribución o promesa de retribución para realizar actos sexuales", ya son 21 los imputados, entre los que figura un juez, un arquitecto, un abogado, un psicólogo, políticos y varios empresarios.

Aunque creen que finalmente serán unos 30 los que vayan a juicio, por lo pronto hay tres prófugos: un argentino, un brasileño y un uruguayo. Uno sólo de los 21 detenidos está preso y la única mujer de la causa fue acusada de proxenetismo.

Operación Océano de abuso

En Uruguay se conoció la investigación como "Operación Océano". Comenzó a fines de 2019 y destapó una trama que involucra a profesionales y empresarios de diferentes países que ofrecían plata, viajes y regalos a adolescentes para tener sexo con ellas.

Todo comenzó con la denuncia de extorsión de un empresario contra dos chicas que lo habían filmado en momentos de intimidad: cuando les peritaron el celular encontraron una lista de unos 30 hombres con los que se contactaba a través de páginas web y aplicaciones, tales como Tinder, Badoo o WhathsApp.

Hoy la Justicia uruguaya trabaja con al menos tres víctimas, todas menores de edad al momento de la denuncia.

En poco más de seis meses, ya hay 21 acusados y este fin de semana se sumó el último: el empresario argentino, del que no trascendió el nombre.

El empresario fue detenido al regresar a Uruguay luego de haber viajado a la Argentina a principios de marzo para visitar familiares: debió quedarse en el país porque se instaló la cuarentena por coronavirus.

En el marco de la pandemia fue que se enteró el sospechoso que la fiscal de Delitos Sexuales de Uruguay, Darviña Viera, había pedido su captura a la Dirección de Crimen Organizado.

Fuentes con acceso al expediente explicaron que el argentino quiso viajar para ponerse a derecho, pero por la cuarentena ​no pudo salir de Argentina: no tenía residencia ni documento de identidad uruguayo: "Pese a que lleva 20 años viviendo allá nunca terminó los trámites", según Clarín.

Sólo cuando el abogado del empresario acusado, Alejandro Balbi, hizo gestiones ante la Cancillería​, logró la bandera verde de Uruguay para que su defendido cruzara el Río de la Plata.

"Sólo va un ferry por semana: sale los viernes. Por eso, el primero que pudo tomar fue el 26 de junio, pero llegó muy tarde. Y se presentó ante la Justicia el sábado por la mañana", detallaron las fuentes consultadas.

No bien estuvo ante la Justicia uruguaya, le notificaron la causa y, luego de retenerle el pasaporte, de prohibirle acercarse a las víctimas y de que fijara domicilio en Montevideo, recuperó la libertad.

En su defensa, alegó que no sabían que las chicas eran menores de edad.

Según ICN Diario, hace varios años en la Argentina fue procesado por un caso de corrupción en la obra pública.