Escándalo político: filmaron a dos funcionarios recibiendo bolsas con dinero
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Un video que muestra a dos funcionarios del Senado mexicano recibiendo varias bolsas con altas sumas de dinero causó un escándalo en el país azteca.
La filmación se publicó en la cuenta de YouTube del usuario Juan Jesús Lozoya Austin, supuesto hermano del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien está vinculado con la corrupción dentro de la empresa.
Según informó Telefe Córdoba, algunos ministerios mexicanos indicaron que la grabación no se presentó como prueba ante la Fiscalía General en ninguno de los casos de corrupción en los que está vinculado el funcionario.
En el material audiovisual se puede ver a Guillermo Gutiérrez Badillo, militante del Partido Acción Nacional desde 2005, y a Rafael Caraveo, exsecretario del Senado. Ambos introducen fajos de billetes de 200 y 500 pesos mexicanos en bolsas de plástico transparentes y después en una maleta color negro.
En esta prueba, quedan en evidencia también anteriores entregas millonarias, ya que se puede escuchar a Caraveo cuestionar sobre el número de entrega. "Dice 19 pero debe ser 18, ¿no?, porque la vez pasada que no estuviste fue la entrega 17", se escucha. Se presume que el monto entregado a ambos proviene de sobornos para legisladores que aprobaron las reformas estructurales del país.
Los países más corruptos del mundo
El Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por Transparencia Internacional, reveló el listado de los países que tienen los niveles de corrupción más altos y cuáles son los menos afectados por estas prácticas.
En este estudio se tuvo en cuenta no solo el número de casos donde los ciudadanos deben pagar para obtener servicios públicos, sino también los ámbitos exactos en los que ocurre y quiénes son las principales víctimas. Además, se evaluó la percepción que las personas tienen de la lucha que protagonizan sus respectivos gobiernos contra la corrupción.
Las preguntas se refieren a la existencia de sobornos, el desvío de fondos públicos, el nepotismo, la falta de castigo penal o de protección a los denunciantes, los mecanismos para obtener contratos de obra pública, la prevención de los conflictos de interés por parte de funcionarios y el acceso a información por parte de los ciudadanos a asuntos públicos, entre otros aspectos.
Encabezando la lista como los países más corruptos se encuentran Somalia, Sudán del Sur y Siria, se sitúan como los países más corruptos del mundo Yemen, Venezuela, Sudán, Guinea Ecuatorial, Afganistán, Corea del Norte y Libia.
En el caso de Venezuela, por ejemplo, el 50% de los encuestados afirmó haber pagado un soborno a lo largo del último año.
Como contrapartida, el ranking global de los países menos corruptos lo lideran nuevamente Nueva Zelanda y Dinamarca con 87 puntos sobre 100; seguidos por Finlandia con 86 puntos; y en tercer lugar, con 85, Suecia, Suiza y Singapur.
Entre las grandes potencias, Estados Unidos ahonda su caída tras el desplome del año pasado y se sitúa en el puesto 23 (69 puntos), mientras que China gana dos enteros (41) y avanza siete posiciones, hasta el puesto 80. Rusia, sin apenas cambios, queda en la plaza 137 (28 puntos).
España gana cuatro puntos con respecto al informe anterior, hasta los 62, y asciende a la trigésima posición desde la 41. La mejora sin embargo no le sirve para alcanzar la media europea, situada en 66.
Corrupción: el caso argentino
La Argentina pasó del lugar 85 en el ranking de 2018 al puesto 66 entre los 180 países analizados por TI para el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2019.
Como se dijo, la medición se hace en base a encuestas de distintas instituciones internacionales realizadas a inversores y especialistas sobre cómo perciben la corrupción en el Estado.
Cabe destacar que el ascenso en el ranking es el más significativo en los últimos ocho años y en el último de la gestión de Cambiemos, que buscó hacer de la lucha contra la corrupción uno de sus caballitos de batalla de cara a las elecciones.
El avance judicial de los cuadernos de las coimas, un caso que trascendió fronteras y que involucró en los tribunales tanto a funcionarios públicos como a empresarios, fue uno de los motivos que permitió una mejora de la Argentina en el ranking mundial.
Además, es de destacar que en 2019 la Argentina consiguió 45 puntos sobre 100 máximos posibles, 5 más que en 2018. En la escala utilizada, 0 puntos implican que un país es considerado "muy corrupto" y 100, que el país es percibido como muy transparente.
Con este puntaje, Argentina se ubica, por primera vez, por encima de la media global en materia de percepción de corrupción que es de 43 puntos –un puntaje de por sí pobre-, aunque sigue entre los dos tercios de los países que no alcanzan los 50 puntos sobre el máximo de 100, de acuerdo al indicador que TI.
Al analizar cómo les fue al resto de los países de la región se observa que el primer lugar les corresponde a Uruguay (puesto 21, 71 puntos), Chile se ubicó en segundo lugar (puesto 26, 67 puntos), mientras que Costa Rica (56 puntos) se posicionó en el tercer puesto entre los latinoamericanos.
A continuación se encuentran Cuba (48), Argentina (45), Ecuador (38), Colombia (37), Panamá y Perú (36).
Tras estos países se encuentran Brasil (35), El Salvador (34), Bolivia (31), México (29), República Dominicana y Paraguay (28), Guatemala y Honduras (26). Cierran la clasificación Nicaragua (puesto 161, 22 puntos) y Venezuela (puesto 173, 16 puntos).
En el terreno negativo, la coordinadora regional resaltó el "decepcionante" caso de Honduras, que viene de cerrar la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH); la "preocupante" situación de Brasil, donde se han dado "nulos avances" contra la corrupción y las fuertes caídas en el CPI de Nicaragua y Venezuela.
Brasil es destacado por la ONG internacional ya que "la corrupción sigue siendo uno de los principales impedimentos para el desarrollo económico y social del país". Con 35 puntos sobre 100, obtuvo su puntaje más bajo desde 2012.
Su performance ha venido cayendo desde que se conoció el escándalo del Lava Jato, lo que despierta un interrogante aplicable a otros países: ¿el puntaje de un país empeora cuando se conocen más casos de corrupción? El hecho de que salgan a la luz, ¿no implica que comienzan a ser perseguidos?
Corrupción: un grave problema en la región
El informe de Transparency International revela que más de la mitad del total de la ciudadanía de 18 países de América Latina y el Caribe considera que la corrupción se está agudizando en su país y que los gobiernos no están tomando medidas suficientes para enfrentar este problema.
El común de las personas considera que la corrupción es una importante causa de preocupación; el 85% de los encuestados cree que la corrupción gubernamental representa "un gran problema".
El informe, titulado Barómetro Global de la Corrupción (BGC): América Latina y el Caribe, muestra, por primera vez, que una de cada cinco personas sufre extorsión sexual al intentar acceder a un servicio público como atención médica o educación, o bien conoce a alguien que ha pasado por esta situación.
Los datos también indican que el 71% de las personas consideran que la extorsión sexual se produce, cuanto menos, en forma ocasional.
Igual de preocupante es que, en los últimos cinco años, a una de cada cuatro personas se le ofreció un soborno a cambio de votos en elecciones nacionales, regionales o locales. En una manifestación contundente de falta de confianza en las autoridades, el 65% considera que su gobierno está administrado por unos pocos intereses privados, y que funciona a merced de estos.
Estas alarmantes estadísticas subrayan el efecto desproporcionado que la corrupción tiene sobre las mujeres, y sugieren una significativa falta de integridad política entre los líderes gubernamentales. Los cargos de Presidente y Primer Ministro, así como también los miembros del Parlamento, son considerados como el grupo o la institución con mayor grado de corrupción por el 53% y el 52% de las personas respectivamente.
"Muy a menudo, los presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan para favorecer sus propios intereses, a costa de los ciudadanos a cuyo servicio deberían estar", señaló Delia Ferreira Rubio, presidenta de Transparency International. "En una región donde las iniciativas contra la corrupción están cobrando impulso pese a los retrocesos recientes, la ciudadanía continúa exigiendo más y mejores resultados a sus gobiernos".
La experiencia concreta de las personas con los sobornos es también preocupante. Más de una de cada cinco personas que acceden a servicios públicos se ven obligadas a pagar un soborno. Esto equivale aproximadamente a 56 millones de ciudadanos.
En toda la región, la policía es la institución asociada con la mayor tasa de sobornos (24%), seguida muy de cerca por otros servicios como los servicios públicos, que incluyen los de electricidad y agua (19%).
Pese a estas dificultades, la mayoría de las personas sigue albergando esperanzas. Así, el 77% considera que los ciudadanos pueden marcar una diferencia determinante en la lucha contra la corrupción.
"La ciudadanía tienen derecho a denunciar la corrupción y esperar que los políticos actúen de manera íntegra", señaló Patricia Moreira, Directora General de Transparency International. "La corrupción consume a las sociedades y corroe las instituciones. Los líderes políticos deben escuchar los claros reclamos de la ciudadanía, que exige que se aborde la corrupción y se fortalezca la democracia".