EE.UU. demandó a Walmart por vender "ilegalmente" opiáceos bajo control farmacéutico
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado este martes una demanda civil contra la cadena de supermercados Walmart por dispensar de manera ilegal medicamentos, incluidos algunos opiáceos, cuya venta estaba controlada por las farmacias del país, lo que supone una violación de la Ley de Sustancias Controladas (CSA, por sus siglas en inglés).
El secretario de Justicia Auxiliar Interino de la División Civil, Jeffrey Bossert Clark, ha explicado que Walmart, al ser "una de las cadenas de farmacias y distribuidoras al por mayor de medicamentos más grandes del país, tenía la responsabilidad y los medios para ayudar a prevenir el desvío de opiáceos recetados".
En cambio, continúa Clark en un comunicado, "durante años, hizo lo contrario", pues surtió "miles de recetas no válidas en sus farmacias" y "no informó de pedidos sospechosos de opiáceos y otros medicamentos", lo que "contribuyó a la epidemia de abuso de sustancias opiáceas en Estados Unidos".
Sanciones civiles
Por ello, el Departamento de Justicia "busca sanciones civiles", que podrían acarrear multas de "miles de millones de dólares", pues estipulan que las sanciones económicas podrían ascender hasta los 67.627 dólares (55.587 euros) por cada receta dispensada y hasta los 15.691 dólares (12.898 euros) por cada uno de los pedidos sospechosos de los que no se dio parte a las autoridades.
"Encomendamos a los distribuidores y dispensadores la responsabilidad de garantizar que las sustancias controladas no caigan en las manos equivocadas", ha pedido el administrador interino del Departamento para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Timothy Shea.
"Se han perdido demasiadas vidas debido a estos fallos de supervisión", ha dicho Shea, quien ha cargado contra los "los encargados" de asumir estas responsabilidades, pues "han hecho la vista gorda".
Por su parte, Walmart ha salido al paso de estas acusaciones y ha defendido la labor de sus empleados, pues sólo "cumplían con su deber", el de "ofrecer medicamentos recetados por médicos con licencia".
Un par de meses antes de esta denuncia, Walmart presentó una demanda contra el Departamento de Justicia y la DEA al considerar que estaban "colocando" a la compañía y a sus trabajadores "entre la espada y la pared", pues "no existe una ley federal que requiera que los farmacéuticos interfieran en la relación médico-paciente".
De hecho, alegaba ese escrito, "las agencias de salud estatales y federales expertas dicen habitualmente que no está permitido y que es potencialmente dañino para los pacientes con necesidades médicas legítimas".
Crisis
Los farmacéuticos se enfrentan a posibles acciones federales si los fiscales aseguran que una orden fue llenada erróneamente, o a la posibilidad de que su licencia "sea retirada por la práctica no autorizada de la medicina, sin mencionar el daño potencial a los pacientes que necesitan su medicina", dijo Walmart en la demanda.
El caso del Departamento de Justicia marca el último ejemplo de la acción gubernamental en respuesta a la crisis de los opiáceos, que según las autoridades ha impulsado la primera reducción significativa de la esperanza de vida en EEUU desde la epidemia de SIDA en la década de 1990.
Más de 232.000 estadounidenses han perdido la vida por sobredosis de opiáceos recetados entre 1999 y 2018, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
En octubre, el fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, se declaró culpable de tres cargos criminales y acordó pagar 8.300 millones de dólares en multas para resolver el caso. El papel de Purdue también ha puesto en evidencia a los propietarios de la empresa, la familia Sackler.
Otros casos han tomado a médicos y otras partes en la cadena de suministro farmacéutico, incluyendo las cadenas de farmacias Walgreens y CVS Health.
Las acciones de Walmart cayeron un 1,2 por ciento a 144,17 dólares.