El senador opositor Henry Montero (Creemos) y el diputado oficialista Antonio Gabriel Colque (MAS) intercambiaron golpes de puño en el Congreso, durante una interpelación al ministro de Gobierno boliviano, Eduardo del Castillo, por la detención de la expresidenta de facto Jeanine Áñez.

La bochornosa pelea derivó en insultos, patadas y puñetazos, en plena sesión.

El ministro fue interpelado por la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la detención de Añez, quien cursa prisión preventiva bajo acusaciones de sedición y violación de la Constitución, entre otras.

La polémica giraba en torno a si la crisis institucional que atravesó Bolivia en 2019 fue producto de un fraude electoral o de un golpe de Estado, incluyendo un vídeo en el que se mostraban hechos de violencia sucedidos antes y después de la renuncia forzada de Evo Morales.

Golpes, patadas y puñetazos

Esas imágenes desataron la pelea a golpes entre Henry Montero, de Creemos, y Gabriel Antonio Colque, del MAS, que continuó con la intervención de otros legisladores, entre los que intentaban detener la pelea y otros que comenzaron a pelear entre sí.

Durante el interrogatorio, del Castillo hizo alusión a las muertes en Senkata y Sacaba en el marco del conflicto postelectoral del 2019 y además solicitó un minuto de silencio que los asambleístas del MAS acompañaron con carteles de "Justicia".

El Ministerio de Gobierno acusó a los asambleístas de Creemos de interrumpir y agredir durante la sesión. Por esa razón ordenó que se declare "un cuarto intermedio a la interpelación del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo".

Pero en ese lapso, también se enfrentaron la diputada de Creemos por Santa Cruz, Tatiana Añez y su par del MAS por El Alto, María Alanoca.

La bochornosa pelea derivó en insultos, patadas y puñetazos, en plena sesión

Causa de compra de armas

Días atrás, el ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, pidió a la Fiscalía General que cite a declarar a la expresidenta de facto Jeanine Áñez y a todo su gabinete por la compra con presunta sobrefacturación de material antidisturbios, caso en el que también están acusados los exministros Arturo Murillo y Fernando López.

Lima explicó que la Constitución de Bolivia prevé una "responsabilidad solidaria" por los decretos que dieron vía libre a la compra al parecer irregular del material antidisturbios.

"La señora Áñez y sus excolaboradores deben explicar ante la Fiscalía General las razones y circunstancias de la aprobación de los decretos", indicó el Ministerio de Justicia en su cuenta de Twitter.

"La compra de gases lacrimógenos con sobrecoste millonario en plena pandemia fue justificada con tres decretos supremos que fueron firmados por Jeanine Áñez y su gabinete ministerial. Solicitamos a la Fiscalía General que los convoque a declarar", agregó la nota.

El fiscal general, Juan Lanchipa, informó que hasta el momento hay 20 personas investigadas por el caso, bautizado como Casos gases lacrimógenos por la prensa boliviana.

"Tenemos ya 20 personas investigadas, cinco personas aprehendidas y se han llevado a cabo una serie de actuaciones procesales, entre ellas, registros, donde se ha logrado bastante información que se está trabajando", según recoge el diario local La Razón.

Además de a Murillo y López, las autoridades investigan a sus asesores y demás miembros de las carteras de Gobierno y Defensa.