Europa quiere imitar a España con su polémica Ley Rider contra los falsos autónomos
El debate del empleo y las plataformas digitales se volvió una constante de la llamada "nueva economía". Y en España, de hecho, alcanzó un nuevo puesto en la escala con la aprobación de la Ley Rider el pasado verano europeo.
Ahora, la Unión Europea debate sobre la creación de una versión propia que unifique la situación laboral de los trabajadores de plataformas en el perímetro comunitario.
Con 28 millones de residentes en la UE trabajando para plataformas digitales, a ojos de la institución comunitaria casi 5,5 millones estarían catalogados erróneamente como autónomos.
Con un conjunto de países miembros con una población envejecida y una crisis de empleo de dimensiones internacionales, la gestión del futuro del trabajo en los países miembro se ha convertido en una prioridad. Especialmente con las nuevas formas de trabajo con las que unas estructuras laborales obsoletas han tenido que lidiar los últimos años.
A través de un comunicado, la Comisión Europea anunció la propuesta de un conjunto de medidas que, según explican, "mejorarán las condiciones laborales en los trabajos de plataforma". Así como la garantía de un crecimiento sostenible de estos modelos de negocio en el conjunto de los países miembro.
Cómo sería la ley europea
Sin entrar en muchos detalles de cómo se desarrollarán estas medidas, si es que llegan a buen puerto, el comunicado apunta que se buscará que los empleados de plataformas gocen de los mismos beneficios sociales que el resto de trabajadores "de la vieja escuela".
La Ley Rider europea buscaría, en cualquier caso, encontrar un modelo intermedio entre el concepto de autónomo –independientemente de las diferencias entre países– y el modelo de contratación tradicional.
La Comisión apunta a una mayor trasparencia y a una unificación de criterios para las empresas online, informa el sitio Hipertextual.
Sobre este punto, la Comisión Europea incluiría en su texto de Ley Rider una suerte de decálogo que apuntase cuándo una plataforma funciona como empleador y las relaciones laborales que estos establecen con sus asociados.
Estos, a su vez, también serían identificados como empleados garantizándose así los sueldos mínimos, horarios de trabajo, vacaciones pagadas, seguros y las prestaciones sociales vigentes en cada país miembro, detalla Hipertextual.
La Ley Rider europea también afronta la cuestión del algoritmo de las plataformas; el secreto mejor guardado de las mismas y también el que ha traído más polémicas al segmento del empleo. Un debate que ya pudimos ver en España hace unos meses cuando, según el texto aprobado, las tecnológicas debían comunicar el funcionamiento de su algoritmo a las plataformas sindicales a fin de evitar que este repercutiese de forma negativa en el trabajo de los riders.
En el caso de la Comisión Europea, y a tenor de los pocos datos publicados, "los trabajadores recibirán una protección especial en lo que respecta a la gestión algorítmica".
Asímismo, también hay una mención especial a la cuestión de los impuestos y declaración de rendimientos. A lo que la Comisión apunta a una mayor trasparencia y a una unificación de criterios con el objetivo de que empresas de plataformas puedan sacar partido del mercado único en igualdad de condiciones.
Consecuencias y polémicas en otros países
Los antecedentes de la Ley Rider europea, que no estará lista antes de 2024, tienen sus más y sus menos. También sus consecuencias directas.
En Reino Unido los conductores de Uber ya fueron considerados empleados con derecho a sueldo mínimo y vacaciones.
En Estados Unidos, en tanto, con varios intentos de convertir a los conductores en empleados en California, la situación se ha decantado del lado de las tecnológicas.
Y en España, por su parte, la gestión bajo el sistema VTC ha alejado al gremio de gran parte del debate comunitario. A pesar de varios acuerdos sindicales que buscan modificar los modelos de trabajo de terceros para plataformas.
En el lado del delivery, el estreno de la Ley Rider en España tuvo diferentes lecturas.
Por un lado, una suba notoria de los precios para los usuarios con motivo del incremento de los costos de explotación. Por otro, la salida de Deliveroo del mercado en España –aplastado por una competencia más fuerte y sin margen de adaptación a un aumento de los costos–.
Y, por último, las diferentes lecturas de la nueva ley. Con un Uber Eats tanteando empresas de repartidores y con un Glovo que mantiene el modelo de autónomo con variaciones, la normativa sigue sin estar unificada y con las cuestiones claras para todos, concluye Hipertextual.