Las novela entre "halcones" y "palomas" en la oposición tuvo un nuevo capítulo en el ámbito porteño, donde el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, prefirió ponerse en "modo presidencialista", antes que privilegiar un perfil confrontativo en el conflicto con el Sindicato de Choferes de Camiones, que amenazó con movilizaciones y hasta un paro de recolectores de residuos, si no se solucionaba la situación laboral de unos 500 trabajadores de grúas y acarreo.

El reclamo gremial se planteó cuando Rodríguez Larreta resolvió dar de baja a la concesión a las dos empresas que prestaban servicios para el acarreo de vehículos. Ante el cúmulo de irregularidades de las empresas, la medida fue acompañada por el conjunto de la sociedad, salvo Camioneros que hizo foco en la situación laboral, denunciando "precarización" y repudiando "el intento oficial de traspaso de ese personal a la compañía estatal AUSA y la segura reducción salarial".

Primero, fue el anuncio de una marcha hacia la Legislatura porteña, que se iba a realizar en la tarde del jueves último. Allí comenzaron las primeras negociaciones entre funcionarios y representantes gremiales, que permitieron abrir una mesa de diálogo. Con el comienzo de esta semana, el sindicato –con su secretario Adjunto, Pablo Moyano a la cabeza- advirtió que si no había una respuesta positiva en los próximos días, comenzaría con su plan de lucha.

Grúas y acarreo: acuerdo para aplicar la "Ley Moyano"

Fue entonces que Rodríguez Larreta prefirió aplicar la "Ley Moyano" y desactivar el conflicto. ¿En qué consiste la citada "ley"? Los camioneros cobrarán las indemnizaciones por el cese de las concesiones de las empresas Dakota-STO y BRD-SEC y se les garantiza la continuidad laboral en la nueva firma que se hace cargo de prestar el servicio. Según se estableció, dicha indemnización está dividida en dos partes: Una corresponde a los años de prestación de servicio en las antiguas concesionarias y la otra estará referida a los meses que trabajen bajo la órbita del Gobierno porteño, teniendo en cuenta que el sistema pasará al control estatal para luego volver a licitarse.

Asimismo, la administración de la Ciudad y el propio Pablo Moyano establecieron que los trabajadores dependerán de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), mantengan el convenio colectivo de trabajo de Camioneros, incluyendo sus salarios, adicionales y otros derechos laborales. La "Ley Moyano" se acordó entre el entonces jefe de Gobierno de CABA, Mauricio Macri, y el líder del sindicato, Hugo Moyano, por cambios en el servicio de recolección de residuos de la Ciudad.

La resolución publicada esta semana por el Gobierno porteño señaló que el plazo de 15 días para que Dakota-STO y BRD-SEC dejen de realizar el acarreo "podrá ser prorrogado en caso de que resulte necesario para garantizar el debido resguardo de los derechos de los trabajadores afectados al servicio".

Larreta acordó con Pablo Moyano la indemnización de los camioneros, para evitar un paro y movilizaciones.

Mediante el decreto 284/22, Rodríguez Larreta ordenó dar de baja el servicio de las empresas Dakota-STO y BRD-SEC, estableciendo el traspaso del personal a Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA) hasta tanto se inicie el proceso de licitación del servicio. Fue entonces que el jefe de Gabinete del gobierno de la Ciudad, Felipe Miguel comunicó que "el Ejecutivo porteño ha decidido hacerse cargo del servicio de acarreo de manera transitoria hasta tanto termine el proceso de licitación y el nuevo concesionario entre en funciones".

Frente a esto, Camioneros comunicó que "en caso que lo presentado no contemple los derechos de cada compañero estaremos movilizando" y subrayó que "vamos a defender la dignidad de cada familia haciendo respetar el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 y la indemnización de cada uno de los trabajadores".

Declararon el estado de alerta en defensa del empleo y el salario

Moyano explicó que "anuncian la estatización de las empresas y llevarlas a otro convenio para sacarles los derechos y pagarles la mitad del sueldo, por eso nos declaramos en estado de alerta, defendiendo los derechos de 500 trabajadores" y apuntó: "Dicen que van a licitar el servicio, por eso queremos saber de qué se trata y que no salgan perdiendo los compañeros". El también cotitular de la CGT manifestó su molestia con los legisladores "porque acompañaron esa decisión porque detrás de las concesiones se sospecha de negociados, pero ninguno pensó en los 500 trabajadores que no tienen nada que ver con esto y van a sufrir una rebaja salarial".

Según fuentes oficiales, Rodríguez Larreta evaluó que un conflicto con Camioneros generaría "más ruido" en el medio de un clima político, social y económico complicado. Y que las medidas de fuerza se le iban a instalar en la Ciudad, en una pulseada donde tenía más que perder que ganar. Además, como no piensa en "estatizar" el servicio de grúas, la disputa con el gremio no tenía mucho sentido, además de tener el antecedente del acuerdo firmado por Macri en el marco de la "Ley Moyano".

El Ejecutivo porteño, de hecho, abrió el llamado a licitación a fines de julio para renovar la concesión que permanecía en manos de dos empresas (Dakota SRL y BRD-SEC) con un contrato desde 1990, que venció hace 20 años, aunque siguieron operando con prórrogas.

Miguel explicó en diciembre vencía el plazo otorgado por ley para poner en funciones al nuevo concesionario, por lo cual evaluaron que no iban a llegar con los tiempos, entonces avanzaron en trabajar junto a los referentes de Juntos por el Cambio que conforman el interbloque en la Legislatura "en una modalidad que permita recorrer la etapa de transición" hasta dar con el nuevo concesionario.