El Frente de Todos, mediante la diputada Carolina Gaillard, convocó a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para comenzar a tratar el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, presentado días atrás por el presidente Alberto Fernández.

Gaillard es la actual titular de la comisión que deberá aprobar la iniciativa impulsada por el mandatario, para que sea tratada en el recinto de la cámara baja del Congreso. 

Además de la fecha, la novedad tiene que ver con que el Gobierno decidió incluir todos los proyectos de juicio político contra miembros de la Corte (12, en total). Entre ellos están dos iniciativas presentadas años atrás por diputados de la Coalición Cívica, que lidera Elisa Carrió a nivel nacional.

El Gobierno citó a la Comisión de Juicio Político: ¿cuándo se reunirán?

De esta manera, los 31 miembros del organismo se encontrarán el próximo jueves a la 11 de la mañana para analizar más de una decena de proyectos con el mismo objetivo: remover a los jueces de la Corte por "mal desempeño".

El oficialismo tiene posibilidades de aprobar el proyecto, aunque necesita asistencia perfecta. El cuerpo está integrado por 16 diputados del Gobierno, 14 de Juntos por el Cambio y 1 de Interbloque Federal -que ya se expresó en contra-.

El próximo paso sería el más complicado para la gestión de Alberto Fernández, ya que la oposición aseguró que si el pedido avanza, se presentará en el recinto para bloquear la propuesta. En esa instancia, el oficialismo no cuenta con los dos tercios necesarios para aprobar la remoción de los magistrados y será difícil que se traslade al Senado.

Desde el cuerpo legislativo aclararon que el proceso puede durar hasta dos meses y, según el cronograma, se citaría el 2 de febrero a los autores de los proyectos para darle "admisibilidad" a las denuncias una semana después. La próxima etapa contemplaría la citación de acusados y testigos.

Empresarios rechazan juicio político a la Corte

Un grupo de alrededor de 500 empresarios envió una carta de 17 páginas a la Cámara de Diputados para advertir que un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia, afectaría directamente contra la inversión privada en el país. 

Entre los ejecutivos que firman están Facundo Gómez Minujin (JP Morgan-Amcham), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel) , Arturo Acevedo (Acíndar), Cristiano Rattazzi (Fiat), Gastón Remy (Nuqlea), Roberto Murchison, Claudio Cesario (ABA), Guibert Englebienne (Globant) y Eduardo Gorchs (Siemens Argentina).

 También la suscribieron Alejandro Elsztain (Cresud), Luis Bameule (AEA), Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Eduardo Caride, Javier Goñi (Ledesma), Juan Vaquer (Dupont), Silvia Bulla (Danisco), Nicolás Braun (La Anónima) y Enrique Cristofani. Además, se sumaron Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), César Litvin y Santiago Mignone (PwC), Guillermo Lipera (Idea), Alberto Garay (Colegio de Abogados de la Ciudad) y Juan Vaquer (Dupont - ACDE).

Entre los argumentos, señalaron que "el respeto a la división de poderes y el acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de dicho marco y fundamentales para que exista y se mantenga la inversión privada y la creación de empleo, único camino para reducir la pobreza que afecta a gran parte de nuestros conciudadanos", advirtieron.

"¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?", agregaron.