La importadora argentina había comprado mercadería a la empresa mexicana en forma directa hasta diciembre del 2020, cuando empezó a triangular la operatoria con intermediarios estadounidenses por precios que duplicaban los anteriores —el envío de mercadería, sin embargo, siguió realizándose en forma directa desde México hasta nuestro país.

La intervención injustificada de un tercer operador responde al perfil de riesgo que la Aduana dio a conocer pocos días atrás.

La causa iniciada en los términos de los artículos 863 y 865, inciso F, del Código Aduanero gira en torno a 13 importaciones de pastas de soldar, sobrefacturadas en un 100%.

Agentes de la Aduana advirtieron el primer indicio de la irregularidad cuando, realizando controles físicos y documentales de la mercadería, notaron papeles adheridos a los bultos: resultaron ser las facturas originales emitidas por la empresa mexicana, remitidas y facturadas directamente a la firma importadora argentina.

Pero el valor que figuraba en las mismas difería sustancialmente del documentado en las declaraciones de importación, a pesar de que las cantidades sí coincidían.

Previo a la triangulación con las empresas radicadas en EE.UU., el precio documentado para las ventas era de entre 72 y 81 dólares por kilo.

Importación adulterada: la Aduana denunció a una empresa que traía insumos industriales de México

Luego de la intervención de los terceros operadores, el valor se infló a un rango de entre 116 y 200 dólares. Cabe señalar, el mercado no reflejó ese incremento de precio en operaciones comparables: siguió operando en un rango de 72 a 93 dólares por kilogramo.

Así, las maniobras denunciadas por la Aduana generaron un egreso indebido de divisas en perjuicio de las arcas del Estado. El análisis del organismo que dirige Guillermo Michel, constató coincidencias entre las personas que componen las intermediarias radicadas en Estados Unidos.

La multa mínima pretendida por la Aduana en la causa que tramita en el Juzgado Federal de Río Grande —a cargo de la Dra. Mariel Borruto—, Secretaría Penal N° 2 —a cargo del Dr. Diego Spilotti—, es de USD 4.262.227,98. Podría caber una pena de hasta 8 años de prisión.