Durante el mes de febrero, la Provincia de Buenos Aires emitió 109 órdenes de Publicidad Oficial para 20 proveedores, por un total de 881.807.696 pesos.

Entre los principales beneficiarios se encuentran: Parador Diez SA, que incluye a C5N y radios afines, con $250.177.724; el Grupo Crónica con $228.933.069; y El Destape de Roberto Navarro con 90.345.500 pesos.

Le siguen en la lista La Corte SA, una productora audiovisual que recibió $67.743.252, aunque las 4 órdenes de compra no detallan cuál sería el "medio" por el que se abona la Pauta Oficial, según informa El Disenso.

Otros receptores incluyen a Editorial La Capital SA con $30.861.710, Canal 26 con $30.017.686, El Día con $25.007.567, Televisión Federal SA, Canal 11, con $23.644.671, Perfil con $16.354.550, Canal 9 con $12.311.537, InfoCielo con $9.450.000, Rogelio Adrián Rotonda, El Eco de Tandil, con $8.629.500, El Cronista Comercial con $7.999.999, Pagina 12 con $6.554.542, Net TV con $6.392.169, Editorial Democracia con $6.150.895, Diario Popular con $634.542, Diario Núcleo con $504.000 y finalmente El Mensajero de la Costa con $94.279. Ni Grupo Clarín ni La Nación figuran en el listado de órdenes emitidas desde la provincia.

¿Quién autoriza la pauta oficial?

La Contratación Directa fue autorizada y aprobada por la Ministra Jesica Rey, quién maneja una caja de $5.449.821.000 heredada del Presupuesto 2023, y a este paso llegará al mes de Julio con saldo negativo.

Pauta oficial del gobierno de la provincia de Buenos Aires en febrero.

El 65% de la pauta oficial por casi $1.000 millones fue dirigida a tres grupos empresarios: Cristóbal López y Fabián de Souza, Grupo Olmos y Roberto Navarro.

La pauta suma millones de pesos que, por otro lado, el mismo Axel Kicillof viene ajustando a través de los impuestos, con aumentos que le permitió la ley aprobada en la Legislatura, que en muchos casos superan por bastante la inflación, a lo cual sumó la obligación de que 254 grandes contribuyentes anticipen Ingresos Brutos. 

También se suma el sector rural por la actualización del Impuesto Inmobiliario Rural, que establece incrementos de hasta el 200% en la mayoría de las partidas para el pago del Impuesto.

De esta manera, los millones que destina a pauta oficial van en contra de los trabajadores que cumplen con sus obligaciones.