La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este martes el llamado "régimen de incentivo para grandes inversiones" (RIGI) propuesto por el Ejecutivo de Javier Milei en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, para aumentar el ingreso de capitales al país.

Después de aprobar el contenido de la ley en general y tras más de 24 horas de debate, los diputados votan capítulo por capítulo de la conocida como ‘ley ómnibus’, proyecto estrella del Ejecutivo de Milei.

El RIGI -aplicable por dos años, prorrogable por un año más- cuenta con doce capítulos que crean estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y mayor competitividad a inversiones superiores a 200 millones de dólares.

A su vez, hay beneficios adicionales para los proyectos que posicionen a Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que no tiene participación relevante si la inversión mínima es de 1.000 millones de dólares.

Los que votaron en contra del RIGI

Diputados que votaron en contra indicaron que este régimen crea las condiciones para un "nuevo patrimonialismo de amigos" y alertaron de que, al hacerse al mismo tiempo que se promueve un blanqueo de capitales (amnistía fiscal), no impide que ingresen capitales del narcotráfico y del crimen organizado al país.

El RIGI ofrece una alícuota del 25 % del impuesto a las ganancias -y 7 % a los dividendos y utilidades que se reduce a 3,5 % transcurridos siete años- y tomar en cuenta el total del llamado "impuesto al cheque", además de amortizaciones aceleradas.

Algunos diputados votaron en contra porque dicen que favorecen a los amigos.

Los exportadores estarán exentos de derechos de exportación después de tres años en el régimen, además de exceptuar la liquidación de las divisas en el mercado oficial de cambios en forma creciente; las importaciones de bienes de capital y partes estarán exentos de derechos y tasas, y todo en el marco de la libertad para importar y exportar bienes para el desarrollo del proyecto.

Además, prevé la aplicación de tribunales arbitrales internacionales en caso de disputas con el Estado nacional que no sean solucionadas en "forma amigable", y que los registros contables y estados financieros puedan ser preparados en dólares estadounidenses.