Megaestafa inmobiliaria: denuncian un fraude por u$s20 millones y lo comparan con el caso Cositorto

Una presunta estafa de proporciones inéditas sacude al mercado inmobiliario de Buenos Aires. Más de 200 personas que buscaban acceder a su casa propia o invertir en un emprendimiento fueron víctimas de un esquema que, bajo la apariencia de legalidad, se basaba en fideicomisos fraudulentos, obras inconclusas y promesas que jamás se cumplieron. La investigación judicial, que se inició en 2023, pero cuya trama se remonta a los primeros meses de la pandemia, ya tiene cinco acusados procesados, cuatro de ellos miembros de una misma familia.

Los detenidos son Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores, todos vinculados a la firma Induplack Fiduciaria, a la que se le atribuye el armado de una asociación ilícita destinada a defraudar a cientos de compradores. Según la jueza Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 40, Paula González, los acusados están procesados por "recibir pagos anticipados, sin concluir las obras ni realizar los trámites de las escrituras para los compradores", en su mayoría residentes de la Ciudad de Buenos Aires.

Megaestafa inmobiliaria: más de 200 víctimas y un fraude por u$s20 millones

La causa está en manos de la fiscal Mónica Cuñarro, quien confirmó que la cantidad de denuncias recibidas supera las 200, aunque se estima que el total de damnificados podría alcanzar entre 300 y 350 personas. El modus operandi incluía la promoción de proyectos inmobiliarios bajo el formato de "pozo" con supuestas garantías de trayectoria y entrega, mientras que en los hechos muchas construcciones no pasaban del cartel publicitario.

Uno de los denunciantes más visibles es el abogado y especialista en empleo Juan Pablo Chiesa, quien relató que adquirió dos monoambientes y dos cocheras a través de la empresa. "Durante años, Induplack operó bajo el ropaje legal de un fideicomiso inmobiliario. Prometía departamentos de pozo a precios accesibles, cocheras con renta asegurada, planes de pago cómodos", explicó. Sin embargo, las entregas nunca llegaron: "Los proyectos nunca se entregaban. Las escrituras no aparecían. Las obras quedaban inconclusas, o directamente eran fantasmas".

En su sitio web, Induplack publicitaba 30 proyectos activos y se presentaba con una supuesta trayectoria de "12 años" y "más de 800 unidades entregadas". Pero varios de esos desarrollos, ubicados en direcciones como Potosí 3957, Acuña de Figueroa 333, Alberdi 5784, Av. Jujuy 431, Catamarca 544, Fragata Sarmiento 2070, Ibarrola 6517, México 1640, Paysandú 1970, Av. Rivadavia 10562/7159 y San Juan 1451, quedaron a medio hacer o ni siquiera iniciaron las obras.

Los investigadores sostienen que los fondos recaudados eran desviados mediante sociedades pantalla y operaciones simuladas, sin autorización del Banco Central. Chiesa afirmó que el fraude podría haber alcanzado "más de 20 millones de dólares". "Captaron fondos sin autorización del Banco Central, lavaron activos a través de sociedades pantalla y simularon operaciones jurídicas", detalló el letrado.

Según trascendió del expediente, los L’Abbate no solo formaban parte de Induplack, sino que también estaban involucrados en al menos otras 20 empresas del sector, lo que les habría permitido mover capitales entre firmas a medida que avanzaban las causas judiciales. "Vendían el mismo inmueble a múltiples compradores", y una vez concretada la estafa, iniciaban un nuevo proyecto. "Esto fue una recontra mega estafa, muy cerca de lo que hizo Leonardo Cositorto", comparó Chiesa, en referencia al líder de Generación Zoe.

El grupo operaba "como una red bastante sofisticada"

La fiscal Cuñarro remarcó que el grupo operaba como una red "bastante sofisticada con rangos jerárquicos", y que las firmas vinculadas "iban modificándose para ir sacando dinero de una a la otra". Incluso, algunos de los imputados ya habían sido procesados anteriormente por 14 hechos similares, con embargos previos por 190 millones de pesos.

Actualmente, la jueza González ordenó la incautación de 905 millones de pesos, decretó la inhibición general de bienes y se investiga la existencia de cuentas bancarias en el exterior, principalmente en Estados Unidos, con el objetivo de garantizar posibles reparaciones económicas a los damnificados.

Las redes sociales también se convirtieron en un canal de denuncia. Allí surgieron perfiles como "Estafados por Induplack" o "Induplack Miente", donde las víctimas exigen más controles sobre el mercado inmobiliario y medidas que protejan a quienes confían en este tipo de inversiones.

Andrea Gerez, otra de las damnificadas, relató: "Pagué durante seis años por un departamento que no era mío. Me siento estafada y engañada". Otro denunciante, sobre una obra en Acuña de Figueroa, señaló: "El departamento que yo compré, lo vendieron cuatro veces más. En ese edificio hay 48 departamentos, pero 95 dueños".

"Las víctimas en su mayoría son trabajadores, profesionales, jubilados e incluso pequeños inversores. Estaban convencidos de que estaban comprando un pedazo de su porvenir", concluyó Chiesa, quien remarcó que además de las detenciones, se necesitan "embargos, restituciones y condenas efectivas".