¿Qué pasa con las acciones de YPF? La empresa salió a aclarar tras el fallo

Aunque YPF como empresa logró quedar excluida del juicio que Burford Capital inició contra el Estado argentino por la estatización de la compañía en 2012, ahora el foco está en el 51% de sus acciones. Y aunque no sea parte directa del litigio, la petrolera se ve obligada a informar al mercado —es decir, a los accionistas del 49% restante— sobre las implicancias del fallo.

Por tal motivo, el mismo lunes en que se conoció la decisión judicial, pero ya pasadas las 23, la empresa presentó ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) la nota reglamentaria correspondiente, informando de manera oficial lo ocurrido. El mismo comunicado fue enviado a la SEC, el organismo que regula el mercado de valores en Estados Unidos, donde también cotizan sus acciones.

Burford, Petersen y los derechos litigiosos

El fondo Burford compró los derechos de litigio de las empresas del grupo Petersen, propiedad de la familia Eskenazi, que había ingresado como accionista minoritaria durante el gobierno de Néstor Kirchner. Además de Petersen, también forman parte del juicio los fondos Eton Park y Bainbridge Fund, que fueron accionistas de YPF.

En su presentación ante la CNV, YPF explicó que los demandantes "Petersen y Eton habían solicitado al Tribunal de Distrito de Nueva York ‘que exigiera a la República la entrega de sus acciones Clase D de YPF’".

Y añadió que el día 30 de junio de 2025, el Tribunal "aceptó la moción de entrega de los demandantes, ordenando a la República que (I) transfiera sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en Bank of New York Mellon (BNYM) en Nueva York dentro de los 14 días a partir de la fecha de dicha orden; e (II) instruya al BNYM a iniciar una transferencia de los intereses de propiedad de la República en sus acciones Clase D de YPF a los Demandantes o a quien estos designen dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta". Lo mismo aplica para Bainbridge Fund.

La carta que YPF envió a la CNV (primera parte).

La carta que YPF envío a la CNV (segunda parte).

Sin ser parte, YPF sufre el impacto en el mercado

YPF dejó en claro que "no es parte en ninguno de los procedimientos de entrega" que describió. Sin embargo, el impacto en sus acciones fue inmediato: el lunes, sus papeles cayeron un 5,6% tanto en la Bolsa de Nueva York como en la de Buenos Aires.

"Las decisiones del Tribunal de Distrito sobre las mociones de entrega pueden ser apeladas por la República de acuerdo con las reglas procesales aplicables", cierra la nota oficial enviada por la compañía. Eso es precisamente lo que realizará el Gobierno, según avisó el propio presidente Javier Milei el mismo lunes.

Los 10 datos claves del fallo adverso que obliga a la Argentina a entregar el 51% de YPF

A continuación, incluimos los 10 datos más relevantes de este fallo:

1. Monto y causa. El fallo "Petersen Energía Inversora v. Argentine Republic" condena al país a u$s16,1 mil millones por incumplir la cláusula de oferta pública tras la estatización.

2. Paquete a entregar. Son el 51% de las acciones Clase D que controla el Estado a través de la Anses y el Tesoro.

3. Plazos estrictos. Se debe depositar en BNYM dentro de 14 días y traspasar a los fondos en 1 día hábil posterior.

4. Base legal. Orden emitida bajo la Regla 69 FRCP, CPLR § 5225(c) y UCC § 8-112(e) de Nueva York.

5. FSIA sin amparo. Excepción comercial (§ 1610(a)(2)): el paquete accionario se usa para dirigir YPF en EE.UU. (ADR en NYSE, registros SEC, deuda 144A).

6. Valores no certificados. Las acciones, asentadas en Caja de Valores, son libremente transferibles; su situs pasa a Nueva York al entrar en BNYM.

7. Ley argentina sin efecto. El art. 10 de la Ley 26.741 no bloquea la transferencia: prevalece la normativa federal estadounidense.

8. Comidad internacional. EE.UU. tiene un interés superior en hacer cumplir sus sentencias; no hay "conflicto real" con la ley argentina.

9. Rechazo de audiencia. Preska resolvió sin vista oral y desestimó la postergación solicitada por la defensa.

10. Riesgo de desacato. Si la Argentina incumple, los demandantes pueden pedir sanciones civiles y nuevos embargos sobre activos soberanos.