Fin de Vialidad: el Gobierno crea una nueva agencia y Gendarmería se encargaría del control en las rutas

El Gobierno nacional resolvió disolver la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y reorganizar la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), todos organismos descentralizados dependientes de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.

Así lo anunció este lunes el vocero presidencial Manuel Adorni, al confirmar una medida se venía anunciando hace tiempo y comenzará a concretarse con un proyecto de decreto que será publicado próximamente en el Boletín Oficial.

El nuevo organismo se denominará "Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte" y será la autoridad encargada de fiscalizar todas las normas y actos administrativos relacionados con la supervisión de concesiones viales.

El rol de la Gendarmería para controlar el tránsito

"Se reorganizará la CNRT, que pasará a denominarse Agencia de control de concesiones y servicios públicos y transporte. Será la encargada de fiscalizar las concesiones viales", señaló en su conferencia Adorni.

En tanto, las competencias de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) serían transferidas a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, el organismo que manejará gran parte de las estructuras que desaparecen.

"La Comisión Nacional de Vialidad, una organización que se controlaba increíblemente a sí misma, por eso tuvimos la causa Vialidad. Se eliminó la Agencia Nacional de Seguridad Vial que no podía controlar el tránsito sin el apoyo de las fuerzas de Seguridad, ahora la tarea la realiza Gendarmería, que controla 2,5 millones de automóviles por año, en 80.000 puntos de control", explicó Adorni.

Si bien resta que se confirme con la publicación del decreto, la prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional pasarían exclusivamente a Gendarmería. "La Gendarmería Nacional Argentina tendrá a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional", dice la norma, según trascendió.

El texto facultaría a la Gendarmería a "actuar de manera complementaria con organismos nacionales, provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en tareas de prevención y control de tránsito, mediante convenios específicos".

Además, Adorni señaló que "el Gobierno dará apertura para la licitación de más de 9000 kilómetros de ruta que tras décadas de despilfarro se vieron degradadas como nunca antes en la historia. Este esquema de adjudicación de la obra pública generó un agujero fiscal que destrozo las arcas del Estado. Condenando a los argentinos a solventar con sus impuestos".

Estas serán las principales funciones del nuevo organismo

• Fiscalizar el cumplimiento de contratos de concesión, acuerdos de operación y permisos de explotación de los servicios públicos de transporte automotor urbano, suburbano y ferroviario de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional.
• Realizar inspecciones in situ y solicitar documentación e información necesaria a los operadores y concesionarios.
• Controlar la ejecución de contratos de concesión vial, en coordinación con el organismo encargado de los procesos licitatorios, asegurando la separación entre la fiscalización y la administración de licitaciones.
• Supervisar y controlar los servicios públicos de transporte terrestre de jurisdicción nacional, asegurando condiciones técnicas y de prestación adecuadas para garantizar la continuidad y seguridad del servicio.
• Fiscalizar las medidas adoptadas por empresas o concesionarios para garantizar la seguridad de los bienes en servicios ferroviarios, protegiendo a las personas y las cargas.
• Aplicar sanciones previstas en normas legales y contratos de concesión en caso de incumplimientos.
• Promover acciones civiles o penales ante los tribunales competentes, y asistir a la Secretaría de Transporte en materias de su competencia.
• Proteger los derechos de los usuarios, gestionando quejas, reclamos y denuncias relacionadas con los servicios de transporte público automotor urbano, suburbano y ferroviario.
• Conducir investigaciones técnicas, emitir informes y fomentar mejoras en calidad, eficiencia y seguridad operacional, en coordinación con otros entes públicos.
• Fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles vinculados a sus funciones, previa intervención de la Secretaría de Hacienda.
• Propiciar la suspensión y caducidad de permisos y licencias, para su resolución por parte de la Secretaría de Transporte.
• Investigar accidentes ferroviarios relevantes, incluyendo sucesos en cruces a nivel entre vías férreas y calles o caminos.
• Requerir auxilio de la fuerza pública para el cumplimiento de sus funciones y resolver conflictos relacionados con la modalidad de acceso abierto en concesiones ferroviarias.
• Fiscalizar los programas de mantenimiento de infraestructura ferroviaria y material rodante.

Fundamentos de la reorganización

El Poder Ejecutivo Nacional puede modificar o eliminar competencias, funciones o responsabilidades cuya permanencia resulte innecesaria, además de reorganizar o transformar la estructura jurídica de organismos mediante centralización, fusión, escisión, disolución parcial o total, o transferencia a provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre garantizando la debida asignación de recursos.

El objetivo principal es mejorar el funcionamiento del Estado Nacional y reducir el sobredimensionamiento de su estructura.