Realizaron allanamientos en Nordelta, en busca de información sobre los dueños de la droguería Suizo Argentina
La investigación por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo este martes con allanamientos en dos barrios del exclusivo complejo Nordelta. El operativo se centró en la búsqueda de información sobre los dueños de la droguería Suizo Argentina.
Según supo Noticias Argentinas, la orden del juez federal Sebastián Casanello era clara: los investigadores buscaban secuestrar los registros de ingreso y salida de los empresarios acusados de pagar retornos y analizar las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Los procedimientos, a cargo de la Policía de la Ciudad, se desarrollaron en dos de los barrios más exclusivos del complejo ubicado en el partido de Tigre, La Isla y el Golf de Nordelta, y se producen un día después de una declaración clave en la causa.
Los allanamientos fueron un día después de que el jefe de Seguridad de la zona prestara declaración indagatoria ante la Justicia. Además, durante la tarde de este martes, se hicieron presentes en el lugar varios móviles de la Policía de la Ciudad para llevar adelante las medidas ordenadas por el juez Casanello.
La causa busca reconstruir los movimientos de los empresarios farmacéuticos implicados en el escándalo de los audios que le costó el puesto al exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo.
La Justicia analiza los celulares secuestrados
El Ministerio Público Fiscal detectó mensajes eliminados en uno de los celulares de Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, que fue secuestrado en el marco de la investigación por presuntas coimas en el organismo. Otro teléfono suyo apareció inoperativo y los peritos creen que podría estar dañado.
Por ahora no se estableció quién realizó el borrado de los mensajes ni en qué momento ocurrió. Según fuentes judiciales, el dispositivo de Spagnuolo estaba encendido, lo que facilitó el acceso de los peritos, aunque el exfuncionario libertario no entregó la clave de ingreso.
A diferencia de él, Daniel María Garbellini -otro exfuncionario de la Andis desplazado tras el escándalo- sí proporcionó su clave. Sin embargo, los investigadores aún no comenzaron a trabajar sobre ese aparato.
El caso también involucra a Emmanuel Kovalivker, cuyo teléfono Samsung de última generación todavía no pudo ser abierto, ya que el empresario no aportó la clave. Ante esa dificultad, la fiscalía solicitó asistencia a Cellebrite, una firma israelí especializada en desbloqueo y análisis de dispositivos.
La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) está a cargo de la "extracción forense" de los equipos. A esa dependencia ya fueron derivados también los dos teléfonos entregados por el jefe de seguridad de Nordelta, investigado por el juez Sebastián Casanello bajo la sospecha de haber facilitado la fuga de Jonathan Kovalivker.
Este último, finalmente, entregó ayer su iPhone en Comodoro Py. Los investigadores confían en que, aunque el proceso lleve tiempo, podrán acceder al contenido de todos los dispositivos secuestrados.
En el centro de las sospechas aparece la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Kovalivker y una de las compañías líderes en la distribución de medicamentos e insumos sanitarios. De acuerdo con las grabaciones atribuidas a Spagnuolo, la firma sería clave en la presunta recaudación de retornos para funcionarios. "La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y les dice: ‘Ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8. Lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Así, por teléfono’", se escucha en uno de los audios que forman parte de la causa.
Presuntas coimas en la ANDIs: origen de la denuncia y funcionarios señalados
La investigación se inició tras la presentación de una denuncia por el abogado Gregorio Dalbón, representante de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La causa ingresó a Comodoro Py 24 horas después de que los audios se difundieran. Los señalados en la denuncia incluyen a Javier y Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem, Diego Spagnuolo y Eduardo Kovalivker.
La denuncia plantea que los involucrados podrían haber participado en un esquema de cobro y pago de coimas relacionado con la compra y provisión de medicamentos, con posible afectación de fondos públicos. Los delitos en investigación comprenden cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas e infracción a la Ley de Ética Pública. La denuncia sugiere considerar la maniobra como una asociación ilícita.
El juez federal Daniel Casanello ordenó allanamientos inmediatos para asegurar pruebas digitales y documentales, incluyendo los dispositivos móviles de los principales implicados.