"China quería matar a Maduro por una deuda de u$s60.000M y el líder venezolano se refugió en EE.UU", según Guillermo Moreno
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El exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno, explicó el presunto acuerdo para "rescatar" a Nicolás Maduro en el marco de la deuda que Venezuela mantiene con China. Según su interpretación, la actual presidenta interina del país no solo estaba al tanto del operativo, sino que además habría colaborado con su ejecución.
De acuerdo con lo señalado por Moreno, Delcy Rodríguez —ex vicepresidenta durante el gobierno de Maduro y presidenta interina reconocida por Estados Unidos— se encontraba en Rusia al momento en que se desarrolló el operativo que calificó como ilegal y que derivó en la detención del mandatario venezolano.
En ese contexto, Moreno sostuvo que China habría evaluado eliminar a Maduro debido a una deuda estimada en 60.000 millones de dólares, correspondiente a adelantos por petróleo que, según afirmó, nunca serán entregados. Desde esa perspectiva, su traslado y permanencia en Estados Unidos funcionaría, de manera indirecta, como un mecanismo de protección.
El dirigente también señaló que a Estados Unidos no le resultaría conveniente que China acceda a petróleo venezolano a bajo costo. En ese sentido, afirmó que existirían indicios de un acuerdo entre el actual gobierno de Venezuela y el país que intervino en el operativo.
Quién cobró la recompensa por la captura de Maduro
El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, había actualizado recientemente el monto de la recompensa ofrecida por información que permitiera localizar, detener o lograr la condena de Nicolás Maduro. La cifra pasó de 15 a 50 millones de dólares bajo el programa de recompensas vinculado a causas federales de narcotráfico y crimen organizado. Horas después de ese incremento, se confirmó la captura del dirigente venezolano, ocurrida durante la madrugada del sábado 3 de enero de 2026 en el marco de una operación internacional.
La recompensa es administrada bajo un sistema que no permite que funcionarios gubernamentales reciban fondos, de acuerdo con las normas del programa de la Administración para el Control de Drogas (DEA). Sin embargo, sí contempla pagos a ciudadanos o individuos que aporten datos verificables que conduzcan a un arresto o sentencia judicial. Esto ha derivado en hipótesis sobre la posible participación de un informante civil o miembro de su entorno no formalmente integrado a la estructura estatal.
Si bien no existe confirmación oficial sobre la persona que habría colaborado, la ampliación de la recompensa reactivó análisis en torno a figuras que en el pasado brindaron información a la justicia estadounidense relacionada con el funcionamiento del poder político y militar venezolano.
Colaboradores previos en causas federales
Distintos exfuncionarios venezolanos han aportado datos en investigaciones federales abiertas en tribunales de Estados Unidos. Entre ellos, uno de los nombres más citados ha sido el de Hugo "El Pollo" Carvajal, exdirector de inteligencia militar. Carvajal fue extraditado desde España a Estados Unidos en 2023 y, en 2025, se declaró culpable de cargos vinculados al narcotráfico. Durante el proceso judicial, se convirtió en una de las principales fuentes de información sobre el entramado de poder militar y policial vinculado al denominado "Cártel de los Soles", una estructura señalada por las autoridades estadounidenses como eje del tráfico de drogas desde Venezuela hacia otros destinos internacionales.
Otro caso relevante es el de Tareck El Aissami, exvicepresidente y exministro de Petróleo. En 2024 fue detenido en Venezuela acusado de integrar una trama de desvío de fondos vinculada a operaciones energéticas y criptomonedas, conocida como "PDVSA-Cripto". El proceso judicial fue impulsado por autoridades locales, en el marco de investigaciones internas. Si bien no hay registros públicos de su participación directa en programas de recompensas estadounidenses, su figura ha sido incluida en informes y sanciones internacionales.
Estos antecedentes ayudaron a consolidar un escenario en el que exfuncionarios de alto rango han sido incorporados como colaboradores, informantes o testigos, en algunos casos en el marco de estrategias judiciales para la reducción de condenas o acuerdos de cooperación.