Juicios laborales: apenas el 55% de lo que pagan las empresas llega al bolsillo de los trabajadores

En medio de la discusión por la reforma laboral, la litigiosidad vinculada a los juicios por accidentes y enfermedades de trabajo continúa en ascenso y vuelve a poner bajo presión al sistema.

Los últimos datos muestran, además, un dato clave: de cada peso que pagan las empresas cuando pierden un juicio, apenas el 55% llega efectivamente al trabajador, mientras que el resto se diluye en gastos e intermediación judicial.

Juicios laborales: cómo se reparte el dinero que pagan las empresas

Más allá de ese 55% que recibe el trabajador, según un informe de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), el 45% del monto total que se desembolsa en un litigio se destina a honorarios y costos judiciales. Dentro de ese porcentaje, el componente más relevante es la denominada cuota litis -la parte del resarcimiento que perciben los abogados—, que explica el 14% del gasto.

A eso se suman:

• Los honorarios del abogado del trabajador (11%)
• Los peritos judiciales (7%)
• El letrado de la compañía demandada (8%) 
• Además de los costos de la segunda instancia (3%) y la tasa de justicia (2%).

Escalada de juicios y señales de alerta

El informe de la UART advierte que 2025 cerró con una fuerte suba de la litigiosidad: se presentaron 134.141 demandas, un 6,4% más que en 2024. El último cuatrimestre del año mostró un ritmo aún más acelerado, con un crecimiento interanual del 12% en la cantidad de juicios.

Diciembre, en particular, encendió luces de alerta. Durante el último mes del año ingresaron más demandas que en noviembre, a contramano de lo que suele ocurrir por razones estacionales, cuando normalmente se espera una caída cercana al 10%. Como resultado, el stock total de juicios en trámite pasó de 287.802 en diciembre de 2024 a 317.848 en septiembre de 2025.

En los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) solo existe un antecedente comparable a este nivel de conflictividad: diciembre de 2016, cuando la litigiosidad se encontraba desbordada ante la inminente sanción de una nueva ley. A modo de referencia, en los últimos cinco días hábiles de aquel año ingresaron solo en la Ciudad de Buenos Aires unos 4.500 juicios.

Con este escenario y sin cambios estructurales, la UART proyecta que la litigiosidad seguirá creciendo en los próximos meses. La entidad remarca dos paradojas centrales. Por un lado, los juicios aumentan pese a que la siniestralidad laboral viene cayendo de manera sostenida. Por otro, mientras los fallecimientos se redujeron un 80% y los accidentes un 55%, la cantidad de demandas judiciales se multiplica.

"Es increíble que en Argentina, cuanto mejor funciona la prevención y más bajan los accidentes, más juicios recibimos. El accionar de peritos que buscan su propio beneficio y de justicias provinciales que no crean los cuerpos médicos que exige la ley están dañando un sistema que da respuestas rápidas y efectivas a trabajadores y empresas", señalaron desde la UART.

Desde la entidad advirtieron que 2025 cerró con más de 134.000 juicios, una cifra récord y, a su juicio, insostenible. "Ir a juicio es gratis para abogados y trabajadores y está dejando de ser excepcional para transformarse en la regla, lo que quiebra artificialmente un sistema que previene accidentes y responde con rapidez", agregaron.

Menos accidentes, más demandas

Un informe del IERAL refuerza el contraste entre la mejora en los indicadores de seguridad y el aumento de la litigiosidad. A mediados de los años 90 se registraban alrededor de 75 accidentes y enfermedades laborales cada 1.000 trabajadores dentro de las empresas. En la actualidad, esa cifra se redujo aproximadamente a la mitad.

El comportamiento es distinto en los siniestros in itinere -los que ocurren durante el trayecto entre el hogar y el lugar de trabajo-. En este caso, la tasa pasó de 7 casos cada 1.000 trabajadores en los primeros años del sistema a 18 por cada 1.000 en la actualidad, según datos del IERAL.

La mejora también se refleja en los indicadores más críticos. Cuando la Ley de Riesgos del Trabajo comenzó a aplicarse en 1997, se registraban 158 muertes por millón de trabajadores en establecimientos laborales. Hoy, esa tasa descendió a 34 muertes por millón. De acuerdo con el estudio, esta reducción equivale a haber evitado unas 18.700 muertes laborales en los últimos 26 años, es decir, unas 720 vidas salvadas por año.

En el caso de los accidentes in itinere, la tendencia descendente es más gradual, pero sostenida: la tasa bajó de 76 a 30 muertes por millón de trabajadores. Un dato que refuerza el contraste entre la mejora en la seguridad y el crecimiento persistente de los juicios laborales.