Quiénes son los dos médicos acusados de robar fármacos del hospital Italiano para usar en fiestas clandestinas
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La muerte de Alejandro Zalazar por sobredosis de propofol y fentanilo destapó un escándalo que sacude al sistema de salud porteño. El médico anestesiólogo de 34 años fue hallado sin vida el 20 de febrero en su departamento de Palermo. Lo que parecía una tragedia aislada derivó en una investigación que expuso un circuito clandestino de fiestas privadas donde profesionales de la salud consumían anestésicos robados de hospitales.
Dos jóvenes médicos del Hospital Italiano están en el centro de la tormenta judicial. Hernán Boveri y Delfina Lanusse enfrentan cargos por administración fraudulenta de drogas y son investigados por presuntamente organizar "viajes controlados" con insumos hospitalarios en fiestas privadas.
La causa, que investiga el fiscal Lucio Herrera junto al juez Martín Sánchez Sarmiento, avanza para determinar si existió comercialización de estos servicios. Ambos imputados tienen prohibida la salida del país mientras la Justicia busca establecer si hay más responsables detrás de esta oscura trama.
Quiénes son los médicos imputados por las fiestas con anestésicos
Hernán Boveri construyó una carrera sólida como anestesiólogo en el Hospital Italiano. Su nombre circulaba en espacios académicos de prestigio. Participaba en TIVAmérica y EuroSIVA, eventos científicos que le daban relevancia dentro de la comunidad médica especializada.
Se desempeñaba como referente en anestesiología. Exponía en jornadas nacionales e internacionales del sector. Pero la investigación judicial cambió su destino profesional de manera abrupta. Fue apartado de su cargo en el Hospital Italiano apenas quedó vinculado formalmente a la causa.
Delfina Lanusse, conocida como "Fini" en su entorno, es médica residente de tercer año en el mismo hospital. Ingresó en septiembre de 2023 tras egresar de la Universidad Austral con experiencia en prácticas clínicas y procedimientos anestésicos acumulada entre 2021 y 2023.
Su perfil académico muestra un recorrido inicial por carreras de negocios. Cursó en la Universidad Di Tella y San Andrés antes de volcarse definitivamente a la medicina. En la Austral realizó además tareas de extensión en Fisiopatología e Inmunología.
Ambos fueron indagados vía Zoom por el fiscal Herrera. Lanusse declaró el 18 de marzo, Boveri el 25. Negaron los hechos que se les imputan y anticiparon la presentación de escritos en su defensa.
Cómo encontraron muerto al médico y qué reveló la autopsia
La escena que halló la policía el 20 de febrero en el departamento de Palermo presentaba indicios claros. Zalazar tenía una vía conectada en el pie derecho y marca de catéter en el izquierdo. A su alrededor había descartables para inyecciones esparcidos.
La autopsia arrojó datos contundentes. Los médicos forenses detectaron congestión generalizada. También encontraron edema pulmonar y meningoencefálico, signos compatibles con una sobredosis de anestésicos potentes como propofol y fentanilo. Estas drogas, de uso exclusivo hospitalario, requieren control estricto por su altísimo riesgo de paro cardiorrespiratorio.
El propofol es un sedante de acción rápida usado en cirugías y procedimientos invasivos. El fentanilo es un opioide sintético hasta 100 veces más potente que la morfina. La combinación de ambos sin supervisión médica adecuada puede ser letal en minutos.
Días después del hallazgo, el Hospital Italiano presentó una denuncia formal. Reportó faltantes de anestésicos en sus depósitos. Esa pieza del rompecabezas conectó la muerte de Zalazar con un posible robo sistemático de drogas controladas.
Qué son las "Propo fest" y cómo funcionaban los viajes controlados
La investigación dio un giro cuando comenzó a circular un audio de WhatsApp. El mensaje, que aún no forma parte oficial del expediente, mencionaba la existencia de fiestas privadas bautizadas como "Propo fest". Un reducido grupo de médicos consumía anestésicos con fines recreativos y sexuales en encuentros cerrados.
El concepto de "viajes controlados" aparece como eje central de estas reuniones. Según el testimonio viralizado, quienes pagaban una suma de dinero podían experimentar un estado de relajación extrema. Un "controlador" se encargaba de monitorear los signos vitales y de intervenir ante cualquier emergencia respiratoria o cardíaca. La práctica simulaba un procedimiento anestésico recreativo.
El propofol genera una sensación de bienestar intenso seguida de amnesia anterógrada. Los usuarios pierden noción del tiempo. Despiertan sin recuerdos claros de lo ocurrido. Esa característica lo convirtió en droga de abuso en círculos médicos de varios países.
La Fiscalía investiga ahora si hubo comercialización organizada. Busca determinar si existió un circuito de venta de estos "servicios" dentro de un grupo cerrado de médicos y allegados. Los allanamientos del 12 de marzo resultaron positivos: los fármacos hallados en el domicilio de Zalazar provenían efectivamente del Hospital Italiano.
Cómo avanza la causa judicial y qué puede pasar con los imputados
La instrucción judicial tiene dos frentes abiertos. Por un lado, establece el origen y destino de los anestésicos sustraídos. Por otro, intenta reconstruir la eventual red de consumo y distribución ilegal entre profesionales de la salud.
El fiscal Herrera y el juez Sánchez Sarmiento conducen una investigación que ya incluyó tres allanamientos exitosos. Secuestraron evidencia material que vincula directamente al hospital con las drogas halladas en poder de la víctima.
El audio viral sobre las "Propo fest" sirvió como hoja de ruta para las pesquisas. Aunque no tiene valor probatorio formal todavía, orientó las indagatorias hacia las prácticas privadas y el círculo de médicos involucrados. Los investigadores buscan ahora testimonios que confirmen la existencia de más fiestas y participantes.
Boveri y Lanusse permanecen imputados formalmente. La prohibición de salida del país se mantiene vigente mientras avanzan las pericias toxicológicas y se analiza el material secuestrado. La defensa de ambos prepara escritos para intentar desvincularlos de los hechos.
La causa podría derivar en cargos más graves si se prueba la comercialización de sustancias controladas. La administración fraudulenta de drogas, el delito actual, contempla penas de hasta 15 años de prisión. Si se suma tráfico o provisión ilegal de estupefacientes, las condenas podrían escalar significativamente.
El caso conmocionó al ámbito hospitalario porteño. Expuso vulnerabilidades en los controles de medicación controlada y puso bajo la lupa las prácticas de consumo recreativo entre profesionales de la salud. La investigación busca ahora determinar si se trata de un caso aislado o si existen más circuitos similares operando en otros centros médicos de la ciudad.