Peajes en rutas nacionales: las 9 provincias que podrán cobrar por circular en su territorio

Confirmando el giro trascendental que viene buscando el Gobierno nacional para la política de infraestructura y transporte de la Argentina, se oficializó este viernes un cambio de paradigma en la gestión de las rutas nacionales. A través del Decreto N° 253/2026, publicado en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, se otorgó a un total de nueve provincias la competencia para administrar, reparar y -fundamentalmente- establecer el cobro de peajes en tramos de rutas nacionales que atraviesan sus respectivos territorios. Esta medida busca que las jurisdicciones locales asuman la responsabilidad del mantenimiento ante el recorte de fondos nacionales, permitiendo que el costo de las mejoras sea solventado directamente por los usuarios.

La normativa representa un fuerte respaldo al esquema de "financiamiento directo", un modelo que el propio presidente planteó durante su campaña electoral y que ahora comienza a instrumentarse de manera formal. Las provincias que lideran esta primera etapa de delegación de facultades son:

• Corrientes
• Santa Fe
• Córdoba
• San Luis
• Mendoza
• Río Negro
• Neuquén
• San Juan
• Santa Cruz

Según los considerandos del decreto, estas jurisdicciones manifestaron expresamente su interés en obtener herramientas adecuadas para gestionar el financiamiento de las obras viales ante el deterioro de la red federal.

Es importante destacar que, aunque las provincias tendrán la potestad de cobrar peaje y licitar las obras, el dominio público y la jurisdicción federal sobre las rutas permanecen bajo la titularidad exclusiva del Estado Nacional. La delegación tiene un carácter "funcional, limitado, temporal y revocable", lo que significa que Nación conserva el rol de supervisor técnico a través de Vialidad Nacional, mientras que las provincias asumen el rol ejecutivo de confeccionar pliegos y fijar las tarifas.

Peajes en las provincias: los alcances del nuevo sistema de concesiones provinciales

El nuevo esquema otorga a los gobernadores una autonomía inédita para intervenir en el trazado federal. A partir de ahora, cada una de las nueve provincias mencionadas quedará facultada para aprobar documentación licitatoria y convocar a empresas privadas o mixtas, e incluso a entes públicos, para que se hagan cargo de la administración y mantenimiento de los corredores. Sin embargo, el decreto impone condiciones estrictas para evitar el desvío de fondos.

Entre los puntos más destacados de la reglamentación se encuentran:

1. Uso exclusivo de los fondos: El dinero obtenido mediante el cobro de peajes no podrá ser utilizado para otros fines, ni siquiera para obras viales en tramos distintos al concesionado. Todo lo recaudado debe reinvertirse en el mismo sector de la ruta.
2. Plazos de concesión: Los contratos no podrán exceder un máximo de 30 años, contados a partir de su aprobación oficial.
3. Plazo de licitación: Cada provincia tiene un año para formalizar el llamado a licitación. Si no lo hace en ese tiempo, la facultad delegada decae automáticamente.
4. Prohibición de corredores conjuntos: Los tramos de rutas nacionales involucrados no podrán ser licitados de forma conjunta con rutas de otras jurisdicciones, garantizando una gestión focalizada.

El rol de Vialidad Nacional y los próximos pasos

Pese a que las provincias tendrán la "llave" para decidir el valor de los peajes y el ritmo de las obras, no podrán actuar de forma discrecional. Vialidad Nacional exigirá la presentación de un plan de obras detallado, con su respectiva justificación técnica y cronograma de ejecución. Además, las provincias deberán declarar la fuente de financiamiento y detallar el precio máximo de peaje proyectado, el cual deberá estar en línea con las condiciones económicas de la concesión.

Este decreto no es un sistema cerrado: la normativa deja la puerta abierta para que otras jurisdicciones que aún no han sido incluidas puedan solicitar la misma delegación en el futuro. Esto podría derivar en un mapa vial argentino donde cada provincia gestione de manera independiente sus accesos y rutas principales, similar al modelo de concesiones que rige en países como Chile.

El impacto en los usuarios será inmediato una vez que se firmen los convenios específicos entre la Secretaría de Transporte y los ministerios de economía provinciales. Para el Gobierno Nacional, esta medida representa una forma de fortalecer el régimen federal y aliviar las arcas del Estado, transfiriendo la carga operativa a las provincias que tengan la capacidad y el interés de gestionar sus propios caminos. Para los conductores, el cambio significará, en el corto plazo, la reaparición de cabinas de peaje en zonas donde hoy la circulación es gratuita, pero con la promesa de una mejora sustancial en el estado del asfalto y la seguridad vial.