Con una licitación clave, cambiará en CABA el sistema de recolección de basura reciclable
El Gobierno porteño publicó una resolución que marca un antes y un después en la gestión del reciclado. Por primera vez desde que los recuperadores urbanos fueron incorporados al servicio público, la recolección de materiales reciclables dejará de organizarse solo mediante convenios con cooperativas.
Según informó el periodista Andrés Sanguinetti en EconomiaSustentable.com, ahora pasará a adjudicarse mediante licitación pública. Cooperativas y empresas privadas competirán bajo las mismas reglas. La Resolución 53/SECH/26, publicada en el Boletín Oficial, abrió una etapa de consulta previa. Durante 10 días hábiles, cualquier interesado puede acceder al anteproyecto de los pliegos y hacer observaciones.
Todavía no es el llamado definitivo. Pero el documento ya anticipa el rumbo que eligió la administración porteña.
El objetivo central es fortalecer la economía circular y aumentar la recuperación de materiales reciclables, manteniendo los principios de la Ley de Basura Cero pero con un esquema de mayor competencia y control.
Qué residuos abarca la licitación y cuáles quedan afuera
Según informó EconomiaSustentable.com, la licitación se limita a la fracción seca de los residuos sólidos urbanos. Es decir: cartón, papel, plásticos, vidrio, metales y otros materiales que pueden reciclarse. Quedan fuera los residuos húmedos: restos de comida, residuos orgánicos y la basura domiciliaria común que va en los contenedores negros.
Esa basura convencional seguirá siendo recolectada por las empresas concesionarias que actualmente operan en la Ciudad, bajo contratos independientes.
Desde hace años, Buenos Aires administra dos sistemas paralelos. Uno para húmedos (concesionado a grandes empresas privadas). Otro para secos (organizado mediante cooperativas de cartoneros).
El cambio que viene afecta únicamente al segundo circuito.
Del 2001 a hoy: cómo nació el modelo de cooperativas
Tal como publicó EconomiaSustentable.com, el esquema actual tiene raíces en la crisis de 2001. Después del colapso económico, miles de personas salieron a las calles a recuperar cartón, papel y otros materiales para sobrevivir.
La Ley 992 incorporó a esos recuperadores al Servicio Público de Higiene Urbana. La Ciudad comenzó a organizar la actividad mediante cooperativas que nucleaban a los cartoneros.
Ese modelo se fortaleció con la Ley 1.854 de Basura Cero, sancionada años después. La norma estableció como política pública la reducción progresiva de los residuos enviados a disposición final.
También fijó metas de incremento del reciclado. A partir de ese marco, las cooperativas no solo recolectan materiales reciclables.
También clasifican en los centros de reciclado, abastecen de materia prima a la industria recicladora y generan empleo para miles de recuperadores urbanos formalizados.
Hasta ahora, la relación entre el Gobierno y las cooperativas se manejaba mediante convenios. No había licitación pública ni competencia abierta.
Qué cambia para las cooperativas con la nueva licitación
El anteproyecto establece que podrán participar cooperativas, sociedades comerciales, personas humanas y uniones transitorias de empresas.
Todos deberán acreditar capacidad técnica, económica y financiera para prestar el servicio. Las cooperativas actuales podrán volver a presentarse.
Pero deberán competir con empresas privadas bajo las mismas reglas de evaluación. Se trata de un cambio sustancial.
Ahora el nuevo esquema introduce mecanismos propios de una contratación pública: presentación de ofertas, evaluación técnica y económica, garantías, scoring, penalidades y adjudicación por puntaje.
La Ciudad sostiene que este mecanismo permitirá transparentar el proceso, mejorar la calidad del servicio y establecer criterios objetivos para seleccionar operadores.
El pliego mantiene algunos mecanismos de preferencia para cooperativas. Al menos una de las seis zonas deberá adjudicarse a una cooperativa, siempre que presente una oferta técnicamente admisible y competitiva.
También les otorga prioridad en caso de empate. Y asigna puntaje adicional a quienes incorporen trabajadores provenientes de cooperativas de recuperadores urbanos.
Pero ya no existirán adjudicaciones directas ni convenios específicos como mecanismo de contratación. La continuidad de cada operador dependerá del resultado de la licitación.
Cómo se dividirá la ciudad: seis zonas operativas
El nuevo esquema divide Buenos Aires en seis grandes zonas operativas. Cada una será licitada por separado.
El adjudicatario tendrá exclusividad para prestar el servicio durante los 24 meses de vigencia del contrato. La distribución territorial prevista es la siguiente:
- Zona A (Comunas 1 y 4): Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, Monserrat, Constitución, La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya
- Zona B (Comunas 2 y 14): Recoleta y Palermo
- Zona C (Comunas 12 y 13): Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Belgrano, Colegiales y Núñez
- Zona D (Comunas 11 y 15): Villa Devoto, Villa del Parque, Villa Santa Rita, Villa General Mitre, Chacarita, Villa Crespo, La Paternal, Villa Ortúzar y Agronomía
- Zona E (Comunas 7, 8, 9 y 10): Flores, Parque Chacabuco, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano, Liniers, Mataderos, Floresta, Monte Castro, Vélez Sarsfield, Villa Luro y Versalles
- Zona F (Comunas 3, 5 y 6): Balvanera, San Cristóbal, Almagro, Boedo y Caballito
Cada área tendrá asignado uno o más centros de reciclado. Allí deberán recibirse, clasificarse y acondicionarse los materiales recuperados.
Para la Zona A se utilizarán los centros de Barracas y Cortejarena. Para la Zona B, Saavedra. Para la Zona C, Núñez y Constituyentes.
Para la Zona D, Balbastro. Para la Zona E, Chilavert y Corrales. Para la Zona F, Varela.
El pliego también permite que los oferentes propongan centros de reciclado propios, siempre que cuenten con las habilitaciones correspondientes.
Qué incluye el contrato: de la calle a la venta del material
El adjudicatario no se limitará a retirar materiales reciclables de las calles. Tendrá a cargo la recolección diferenciada domiciliaria.
También la recolección en Puntos Verdes, el retiro de materiales de grandes generadores y la recepción de residuos provenientes de contenedores verdes.
Además, deberá encargarse del traslado a los centros de reciclado, la clasificación, el acondicionamiento para su venta y la comercialización de los materiales recuperados.
También tendrá a su cargo campañas de promoción ambiental destinadas a fomentar la separación en origen.
Se trata de una contratación integral. Un mismo operador administrará todo el recorrido del material reciclable, desde que un vecino deposita una botella en un contenedor verde hasta que ese residuo vuelve a convertirse en materia prima para la industria.
El Gobierno porteño entregará al adjudicatario, en comodato, una flota inicial de vehículos. También pondrá a disposición los centros de reciclado existentes, junto con la maquinaria y el equipamiento necesarios.
El contratista será responsable del mantenimiento integral de los vehículos, de la conservación de las instalaciones y del correcto funcionamiento de toda la maquinaria.
Si decide operar con centros de reciclado propios, deberá afrontar íntegramente las inversiones, el mantenimiento y los costos de funcionamiento.
Un negocio adicional: comercializar los materiales recuperados
Uno de los aspectos más novedosos del pliego aparece en el capítulo sobre disposición de residuos. La Ciudad otorgará el derecho de aprovechar económicamente y comercializar la totalidad de los materiales reciclables recuperados.
Esto significa que quien gane la licitación tendrá dos fuentes de ingresos. Por un lado, cobrará el canon correspondiente por prestar el servicio público.
Por otro, podrá vender cartón, papel, plásticos, vidrio, aluminio y el resto de los materiales recuperados a empresas recicladoras o industrias que los utilicen como materia prima.
En el sistema de residuos húmedos no existe ese ingreso adicional. Las empresas que recolectan basura domiciliaria convencional perciben únicamente el pago previsto en sus contratos con la Ciudad.
En cambio, en el circuito de residuos secos hay un negocio paralelo vinculado al valor comercial de los materiales reciclables.
El pliego establece que el adjudicatario asumirá íntegramente el riesgo de ese negocio. No podrá reclamar compensaciones si disminuye el volumen de residuos recuperados, cambia su composición o caen los precios del cartón, el plástico o los demás materiales reciclables.
El cartón, el papel, el vidrio, el aluminio y los distintos tipos de plástico recuperados vuelven a ingresar como materia prima en numerosos procesos industriales.
Ese circuito constituye uno de los pilares de la economía circular, un modelo productivo que busca extender la vida útil de los materiales y reducir la generación de residuos.
Sin embargo, el mercado del reciclado atraviesa un contexto desafiante. Durante los últimos años, el valor de numerosos materiales reciclables mostró una elevada volatilidad.
Los precios fueron afectados por la evolución de los mercados internacionales, la caída de algunos precios de referencia y el incremento de los costos logísticos, salariales y energéticos.
Qué cambia para los vecinos porteños
Desde el punto de vista de los porteños, la licitación no implica una modificación inmediata en la forma de separar los residuos.
Los vecinos deberán seguir depositando cartón, papel, plásticos, vidrio y metales en los contenedores verdes. También podrán acercarlos a los Puntos Verdes o utilizar los circuitos de recolección diferenciada disponibles en cada barrio.
Tampoco desaparecen los centros de reciclado ni el sistema de recuperación de materiales. Lo que cambia es quién prestará el servicio y bajo qué condiciones.
La intención del gobierno porteño es que la nueva organización permita mejorar la cobertura territorial, optimizar la logística y aumentar la recuperación de materiales.
También busca fortalecer los controles sobre toda la cadena, desde la recolección hasta la comercialización.
En otras palabras, el cambio no apunta al comportamiento de los vecinos sino a la forma en que el Estado organizará y controlará un servicio público considerado clave para cumplir las metas ambientales de la Ciudad.
El vecino probablemente no perciba diferencias inmediatas. Seguirá viendo camiones retirando materiales reciclables, cuadrillas trabajando en los barrios y centros de reciclado procesando los residuos.
Lo que cambiará será quién administra ese circuito y bajo qué reglas.
Cómo se evaluarán las ofertas y quiénes podrán competir
La adjudicación no dependerá únicamente de la propuesta económica. Las ofertas serán analizadas a partir de tres grandes variables: la experiencia empresaria, la capacidad técnica y la solvencia económico-financiera.
El pliego prevé un sistema de puntajes que pondera los antecedentes en servicios similares, la calidad del plan de trabajo, la infraestructura disponible, los recursos técnicos y la situación patrimonial de cada oferente.
También se evaluará la capacidad operativa para desarrollar el servicio, el equipamiento comprometido, las certificaciones de calidad, la organización logística y la experiencia previa en actividades comparables.
Los oferentes deberán acreditar liquidez, solvencia y un determinado nivel de ventas. Además de presentar balances auditados, certificaciones impositivas y referencias comerciales y bancarias.
La intención de la Ciudad es asegurarse de que quienes resulten adjudicatarios cuenten con respaldo suficiente para sostener un servicio considerado esencial.
Pese al nivel de detalle del anteproyecto, uno de los datos más importantes todavía no fue revelado. El artículo 4 del pliego mantiene en blanco el presupuesto oficial de la contratación.
Tampoco aparecen definidos los montos correspondientes a cada una de las seis zonas. La omisión obedece a que aún se trata de un anteproyecto sometido a consulta pública.
Sin embargo, ese dato será determinante para conocer la magnitud económica del proceso. El presupuesto oficial permitirá estimar cuánto prevé invertir la Ciudad en el nuevo sistema de recolección diferenciada.
Qué facultades conserva el Gobierno porteño durante el contrato
Los contratos tendrán una duración de 24 meses consecutivos. Durante ese período, el adjudicatario tendrá la exclusividad para prestar el servicio dentro de la zona que le haya sido asignada.
No obstante, el pliego preserva amplias facultades para el gobierno porteño. Podrá implementar nuevos programas, modificar modalidades operativas o incluso asumir total o parcialmente la prestación del servicio.
El Gobierno podrá hacerlo directamente o a través de terceros, cuando razones de interés público así lo requieran, y en esos casos el contratista no tendrá derecho a reclamar indemnizaciones por eventuales modificaciones en el esquema de prestación.
Esa cláusula busca preservar la capacidad del Estado de intervenir si considera que el servicio no se está cumpliendo adecuadamente.
Un cambio de esquema con impacto de largo plazo
Más allá del cambio administrativo, la licitación representa una redefinición del modelo con el que la Ciudad administrará los residuos reciclables durante los próximos años.
Se busca pasar de un esquema basado en convenios a otro sustentado en contratos licitatorios con mayores exigencias técnicas, financieras y de control.
Para los vecinos, el impacto cotidiano debería ser limitado. No habrá modificaciones en la obligación de separar los residuos reciclables.
Tampoco desaparecerán los contenedores verdes, los Puntos Verdes o los circuitos de recolección diferenciada. El funcionamiento del sistema seguirá dependiendo de que los hogares y comercios continúen separando correctamente los materiales reciclables.
El cambio se producirá principalmente detrás de escena. La expectativa oficial es que una mayor competencia entre oferentes permita profesionalizar la prestación, optimizar la logística y fortalecer los controles sobre la trazabilidad de los materiales.
También busca mejorar los niveles de recuperación exigidos por la Ley de Basura Cero.
En los hechos, la Ciudad acaba de iniciar una de las contrataciones ambientales más relevantes de los últimos años.
Más allá de quiénes resulten adjudicatarios, la licitación marcará el modo en que Buenos Aires organizará la recolección diferenciada, el reciclado y el aprovechamiento económico de los residuos secos durante los próximos años.