El Gobierno alcanzó un acuerdo para destrabar el conflicto que paralizó puertos y generó pérdidas millonarias
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La crisis que mantenía paralizados los principales puertos del país comenzó a encaminarse hacia una solución luego de que el Gobierno de Javier Milei anunciara un acuerdo con los representantes del sector de practicaje. El entendimiento permitió iniciar la normalización de la actividad portuaria, que había dejado a más de 185 buques sin poder ingresar o salir de las terminales.
Según informó el Ejecutivo, el acuerdo incluye una reducción del 20% en las tarifas del servicio de practicaje y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación, indispensables para la operatoria de los barcos.
Como parte del entendimiento, la administración nacional decidió suspender la aplicación del Decreto 690/2026, la norma que había desatado el conflicto, y conformar una mesa de trabajo para revisar los distintos aspectos vinculados con la actividad.
De acuerdo con el comunicado oficial, ese ámbito será coordinado por el Gobierno nacional y contará con la participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes.
El objetivo será analizar los principales puntos de la desregulación y buscar un consenso con los representantes del sector para alcanzar una solución definitiva.
Mientras tanto, los prácticos se comprometieron a retomar de inmediato la prestación del servicio, al tiempo que continuarán las negociaciones en el marco de esa mesa de diálogo.
Cómo se originó el conflicto que paralizó los puertos argentinos
La disputa comenzó el 1° de agosto, cuando el Gobierno publicó el Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. Entre los principales cambios, creó un registro abierto de prácticos bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina (PNA), permitió que los usuarios eligieran libremente a los prestadores del servicio y eliminó restricciones para el ingreso de nuevos operadores.
Además, otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de establecer tarifas máximas y dispuso la publicación de los precios con el objetivo de promover una mayor competencia en el sector.
Más de 185 buques quedaron afectados
La falta de prácticos generó una fuerte interrupción en la logística portuaria y afectó especialmente al complejo agroexportador.
Solo durante este martes se sumaron más de 45 buques al polo exportador del Gran Rosario, que se agregaron a los 140 barcos que ya permanecían a la espera desde el lunes.
Antes del anuncio del acuerdo, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), había advertido que, de no resolverse el conflicto durante la jornada, otros 30 buques podrían quedar demorados.
El dirigente también alertó sobre el elevado costo económico de la paralización y comparó la situación con "un taxi" que sigue cobrando mientras permanece detenido, en referencia a los gastos que continúan acumulando los barcos pese a no poder operar.
Las millonarias pérdidas que generó el paro en los puertos
La paralización de los puertos argentinos tuvo un costo millonario para las exportaciones. La falta de servicio de practicaje y pilotaje mantuvo varados a 45 buques del polo agroindustrial que esperan zarpar desde distintas terminales comerciales del país. Las pérdidas económicas se acumulan minuto a minuto.
El sector agroexportador estima que cada barco parado genera un perjuicio de entre u$s50.000 y u$s100.000 diarios. Solo considerando los 45 buques en línea de espera, las pérdidas ascienden a unos u$s4,5 millones por día. Es lo que, al menos, se habría perdido por las medidas de fuerza de las últimas horas. Aunque ese número podría ser mayor.
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), alertó sobre la gravedad de la situación. "La afectación es total. Esto alcanza el 100% de las operaciones de todos los buques del país", afirmó el directivo este martes, antes que se llegue a un acuerdo para destrabar el conflicto.
El impacto no distingue tipo de carga. Los barcos que traen autos, los que descargan combustible, todos estuvieron detenidos. Ningún buque podían moverse en territorio argentino, desde los que circulan por Asia hasta los que operan en puertos locales.
El practicaje es el servicio que brindan profesionales especializados para maniobrar buques en zonas portuarias y canales de navegación, garantizando que las embarcaciones entren y salgan de forma segura de las terminales comerciales. Sin este servicio, ninguna operación puede concretarse.
Qué desencadenó el conflicto en los puertos
El conflicto se desencadenó tras la publicación del Decreto 690/2026. Con esta norma, el Gobierno introdujo cambios profundos en el régimen de practicaje y pilotaje.
El objetivo declarado del decreto fue desregular la actividad, promover una mayor competencia y reducir los costos logísticos del comercio exterior. La medida busca flexibilizar un sector que históricamente operó con un esquema cerrado y regulado.
Los prácticos cuestionaron duramente la norma. Consideraron que modifica aspectos que afectan directamente la seguridad de la navegación. Aunque rechazaron definir la medida como un paro, sostienen que numerosos profesionales comunicaron a las empresas que no se encuentran disponibles para prestar servicios.
El Gobierno nacional había confirmado que aplicará sanciones contra los trabajadores portuarios que mantienen un paro por tiempo indeterminado en el servicio de practicaje, una medida que mantiene paralizada la operatoria de las terminales fluviales del país. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial Adrián Ravier durante su conferencia de prensa habitual en la Casa Rosada.
"No tengo detalle sobre las sanciones que van a ocurrir, pero van a ocurrir", afirmó el funcionario al ser consultado por la medida de fuerza que llevan adelante los prácticos navales, trabajadores encargados de asistir a los buques de gran porte en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos.
Ravier sostuvo que el Gobierno considera al practicaje como un servicio esencial y señaló que quienes desempeñan esa actividad tienen la obligación de garantizar su prestación. "Es un servicio esencial y estas personas tienen la obligación de mantenerlo", indicó.
Según explicó Ravier, la decisión forma parte de una política orientada a reducir los costos logísticos mediante una mayor competencia.
"El Gobierno está tratando de bajar el costo argentino y eso se resuelve con competencia, se busca permitir que puedan entrar nuevos jugadores al sector portuario con precios más competitivos para lograr un costo menor", afirmó.