Encontraron fotos y objetos personales en la mansión de Pilar que complican a Pablo Toviggino
Fotografías inéditas del interior de la propiedad de Villa Rosa revelaron la presencia de pertenencias privadas y reconocimientos institucionales del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, lo que consolida las sospechas sobre su verdadero dominio de la finca.
Las actuaciones judiciales buscan determinar la procedencia de los fondos utilizados para adquirir y financiar la imponente residencia, la cual contaba con una flota de vehículos de alta gama, pista de equitación, helipuerto y animales de carrera.
Mansión en Pilar: fotos y objetos personales comprometen a Pablo Toviggino
El inmueble figura formalmente a nombre de la jubilada Ana Lucía Conte y del monotributista Luciano Pantano, señalado como presunto testaferro y vinculado administrativamente a la entidad futbolística. Tras una resolución de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, la causa retornó al juzgado de Campana, encabezado por Adrián González Charvay.
Dentro del sector del quincho, cuyo ingreso requería identificación biométrica por huella dactilar, se encontraban bebidas alcohólicas de categoría junto con galardones y objetos de valor afectivo. Entre el material fotográfico incorporado se observa una plaqueta concedida por la AFA, un contenedor metálico con el rostro de Diego Maradona y un cofre grabado con la identidad del dirigente.
A pocos metros del lugar descansaba una réplica del trofeo mundialista obtenido en Qatar, objeto que fue desalojado del predio momentos antes del primer procedimiento policial. En inspecciones previas realizadas en el sector de cocheras, la Policía Federal descubrió cédulas autorizantes a nombre de familiares directos del tesorero dentro de automóviles deportivos, sumado al secuestro de 45 vehículos, motocicletas y rodados de colección.
En el mismo operativo se incautó un bolso con la inscripción "Pablo Toviggino" y una distinción del "Club Atlético Barracas Central en reconocimiento al compañero y amigo Pablo Ariel Toviggino Tesorero de la AFA".
El expediente judicial sumó además comprobantes de gastos de una tarjeta corporativa emitidos por American Express a nombre de Pantano, con resúmenes que promediaban los $ 50 millones mensuales destinados al mantenimiento operativo y traslado de la flota vehicular.
A la par del vaciamiento de trofeos y cuadros con temática equina, la fiscalización detectó la ausencia de los caballos de salto que el dirigente había registrado a su nombre ante la Asociación Argentina de Fomento Equino y que habitaban en las instalaciones antes de las medidas judiciales.
Pese a los elementos acumulados durante los últimos ocho meses, la instrucción del expediente permanece radicada en la jurisdicción de Campana para definir las responsabilidades de los imputados.
Justicia pasa la causa por mansión de Pilar asociada a AFA al juzgado que pedían acusados
La causa por la casaquinta de Pilar vinculada a la AFA vuelve al juzgado federal de Campana. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este viernes que el fuero Penal Económico no tiene competencia para investigar lavado de activos, el delito central que se investiga en el expediente.
La propiedad está valuada en u$s17 millones. Los investigados son Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados como presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
El máximo tribunal penal federal del país estableció que la investigación debe continuar en la justicia federal criminal y correccional. La decisión busca resguardar la garantía constitucional del "juez natural" y asegurar una buena y pronta administración de justicia.
La Casación ordenó el envío del expediente a la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Desde allí, debe remitirse al juzgado federal de Campana a cargo de Adrián González Charvay.
Ese fue el juzgado que intervino originalmente en la causa antes de que comenzara la batalla judicial por la competencia.
Un fallo dividido que marca el destino de la causa
La decisión fue tomada por los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña. Hubo disidencia de Alejandro Slokar, quien se pronunció por declarar el recurso inadmisible por motivos formales.
Slokar argumentó que no se trató de una sentencia definitiva ni equiparable a tal. Sin embargo, coincidió al evaluar que el lavado de activos es un delito que debe investigarse en el fuero federal, no en el Penal Económico.
La intervención de Barroetaveña en esta causa fue cuestionada. El camarista ocupó un cargo dentro de la AFA: hasta noviembre pasado fue presidente del Tribunal de Ética del organismo.
La sentencia se firmó luego de una audiencia celebrada el miércoles pasado. En ella, los magistrados escucharon los argumentos de Mariano Morán, abogado de los acusados.
Morán reclamó que el caso vuelva al juzgado de Campana por una cuestión territorial. La propiedad eje del supuesto delito está en esa jurisdicción.
La fiscalía a cargo de Mario Villar se opuso. Sostuvo que la causa es más amplia y abarca hechos que se originaron en la ciudad de Buenos Aires.
Por qué el caso sale del fuero Penal Económico
Los jueces de Casación resolvieron que por la naturaleza de la investigación se configuraría, en principio, el delito de lavado de activos. Ese delito es competencia de la Justicia Federal y no del fuero especializado en lo Penal Económico, según múltiples precedentes de la Corte Suprema.
Barroetaveña y Borinsky agregaron que el fuero Penal Económico tiene una competencia especializada determinada por la ley. Esa competencia no debe extenderse a delitos no previstos legalmente.
El fuero Penal Económico fue creado para investigar materias específicas: evasión tributaria, contrabando, balance falso y régimen penal cambiario, entre otras. El lavado de activos no figura en esa lista.
El argumento que Barroetaveña y Borinsky plasmaron en el fallo es que no existe una ley que le adjudique automáticamente al fuero Penal Económico los casos sobre lavado de activos.
Entienden que el caso de la quinta no investiga una infracción tributaria o aduanera que pudiera llevarlo hacia ese fuero de especialidad.
"Establecido entonces que el delito de lavado de activos es competencia federal y ceñido el caso a determinar la competencia entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. 10 y el Juzgado Federal de Campana, queda por demás claro que es a esta última judicatura a quien corresponde continuar con la investigación", dice la resolución.
Casación convalidó todo lo actuado hasta el momento. Requirió la prosecución de la investigación para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.
La primera intervención de Casación y su giro posterior
Desde que se inició la causa en diciembre de 2025, el expediente dio muchas vueltas en el ámbito judicial. El caso nació en Comodoro Py, pasó a Penal Económico, luego a la Justicia de Campana por una inhibitoria que presentaron Conte y Pantano. Después regresó a Penal Económico y ahora vuelve a Campana.
En su primera gran intervención, el 15 de mayo pasado, la Casación había resuelto que debía ser la Cámara del fuero Penal Económico quien decida sobre la radicación del caso.
La Cámara lo hizo y sostuvo que el expediente debía quedar allí, en su fuero. Pero Pantano y Conte apelaron aquella resolución.
La Casación admitió tratar su queja. Ahora resolvió que el caso pase a Campana, desautorizando al tribunal que consagró para esa tarea.
En aquella oportunidad, al advertirse un problema de procedimientos, no se había decidido sobre la competencia para investigar la causa. Ahora, por primera vez, se examinó el fondo de la controversia.
Se determinó, a partir de los hechos investigados y delimitados por el Ministerio Público Fiscal, cuál es el juez instructor competente.
Cómo empezó la causa y qué puede pasar ahora
El primer juez del caso, el federal Daniel Rafecas, envió el expediente al fuero Penal Económico. Pero allí se rechazó la competencia.
Se sostuvo que su especialización en cuestiones económicas no era suficiente para asumir la investigación. También que no existía una norma que le atribuyera específicamente el conocimiento del delito de lavado de activos.
Luego de diferentes planteos y decisiones de distintos órganos jurisdiccionales, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico resolvió en junio la contienda de competencia. Decidió que la causa quede radicada ante el Juzgado Penal Económico 10, por ese entonces subrogado por el juez Marcelo Aguinsky.
Contra esa última decisión apeló la defensa y el asunto llegó a la Cámara Federal de Casación.
La decisión que devuelve ahora el caso a González Charvay fue adoptada después de una audiencia celebrada esta semana en los tribunales de Comodoro Py. El abogado de Conte y Pantano, Mariano Morán, sostuvo que la investigación debía continuar en Campana.
El fiscal ante la Casación, Mario Villar, podrá presentar un recurso extraordinario para llegar a la Corte Suprema. Pero le espera un camino cuesta arriba: la decisión que objeta no se trata de una sentencia definitiva.
El expediente regresa al juzgado federal de Campana, donde comenzó todo en diciembre de 2025. La causa, que ahora involucra a múltiples empresas vinculadas a la AFA, seguirá bajo la lupa de González Charvay.