Las terminales automotrices están realizando gestiones para conseguir que el Banco Central las autorice a ampliar la compra de dólares por encima de la restricción de hasta u$s2 millones mensuales por empresa, que es el máximo que la autoridad financiera les permite para hacer frente a los pagos de deudas con el exterior, contraídas antes del 31 de agosto."Puede haber una reunión con ellos", dijo el directivo de una de las automotrices que lideran el mercado, la cual mantiene una abultada deuda en la cuenta corriente con su casa matriz, del orden de los 50 millones de dólares.

"Ellos" son la conducción del BCRA, a quienes los directivos de la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA) buscan contactar desde la semana pasada.Fuentes del sector estiman que entre todas las automotrices acumulan una deuda de u$s800 millones con sus casas matrices y proveedores externos, principalmente por la compra de vehículos y autopartes importadas.

La mayor parte de esa deuda forma parte del giro comercial habitual de las automotrices: desde que el Gobierno eliminó el cepo cambiario en enero de 2016, las importaciones de autos se multiplicaron y llegaron a constituir dos tercios de las 900.000 unidades que se vendieron en 2017, según Clarín.Si bien la devaluación del año pasado terminó generando un efecto derrumbe en las ventas, la escala de las importaciones sigue siendo de varios cientos de millones de dólares cada mes: dos tercios de los entre 30.000 y 50.000 vehículos 0km que se patentan en la Argentina son importados.

Un cálculo moderado, a un precio FOB de u$s15.000 por unidades, arroja un piso de importaciones, cada mes, de unos u$s400 millones sólo en vehículos completos. Eso, sin contar las autopartes, que constituyen entre 60% y 80% de cada uno de los vehículos que se producen dentro de las fábricas automotrices locales.Además, al menos tres de las automotrices tienen acumulada deudas con proveedores de bienes de capital del exterior, por inversiones que están haciendo sus plantas. Es el caso de PSA Peugeot Citröen, Volkswagen (planta Pacheco) y General Motors.

Entre las restricciones de la comunicación A6770 que dispuso el Banco Central a comienzos de mes, se dispuso que las personas jurídicas "necesitarán conformidad (del BCRA) para comprar divisas para la formación de activos externos, para la precancelación de deudas, para girar al exterior utilidades y dividendos y realizar transferencias al exterior".

La semana pasada, la entidad que preside Guido Sandleris agregó que el monto máximo por empresa para pagar deudas en el exterior contraídas antes del 31 de agosto pasado es de hasta u$s2 millones por mes. "Es una nueva versión del cepo", dijeron en una de las empresas afectadas. Para la deuda "nueva", contraída después de esa fecha, no hay restricciones.

Si bien el caso de las automotrices es contundente por la deuda acumulada al 31 de agosto, las restricciones alcanzan a todo tipo de empresas.

La semana pasada, el grupo IRSA no pudo saldar por completo un pago de u$s135 millones correspondiente a una obligación negociable. IRSA depositó todo el dinero en la caja de compensación local, pero la parte del dinero que correspondía a inversores cuya tenencia está radicada en el extranjero (clasificados como personas jurídicas) no pudo ser girada.