La llegada al Ministerio de Economía de Sergio Massa logró estabilizar la economía argentina tras la crisis financiera/cambiaria desatada a mediados de año. Más aún, producto de mayores restricciones a las importaciones y al gasto público, junto a la implementación en dos oportunidades del "dólar soja", que apuntala el ingreso de divisas y retenciones y no registra -contabilidad creativa mediante- el subsidio a los exportadores sojeros como gasto primario, el Gobierno se encamina a cerrar el año cumpliendo las metas -fiscal, monetaria y de acumulación de Reservas Netas- acordadas con el FMI para 2022.

Vale la pena destacar la capacidad de implementar medidas que han mostrado las nuevas autoridades económicas en pocos meses. Además de dar en el clavo con el incentivo del "dólar soja" -anteriormente, se habían implementado beneficios a productores que no funcionaron-, el Palacio de Hacienda logró destrabar y/o agilizar el financiamiento de organismos financieros internacionales, habría conseguido que u$s5.000 millones del swap con China sean de libre disponibilidad y, recientemente, firmó un acuerdo de intercambio automático de información financiera con Estados Unidos que dotará al fisco de una herramienta relevante frente a la evasión.

Pero no todos los anuncios se han concretado o han sido efectivos. Por caso, la instrumentación del dólar financiero para el gasto con tarjeta de extranjeros en el país y la necesaria mejora de incentivos para las economías regionales vienen demoradas. Es cierto que la mayoría de las medidas implementadas no corrigen los problemas de fondo, pero dicho sesgo tiene lógica política: el principal desafío que asumieron las flamantes autoridades es que la economía transite los meses restantes hasta las elecciones presidenciales sin mayores sobresaltos.

La inflación, el desafío para Sergio Massa

Ahora bien, a mediados de noviembre, el Ministro de economía se propuso un objetivo muy ambicioso y complejo de alcanzar: bajar la inflación a menos del 4% en abril de 2023. Se podría decir que esta "meta" estaba implícita en la pauta anual de suba de precios del 60% del Presupuesto 2023, pues equivale a una inflación promedio mensual del 4% para el año que viene. Sin embargo, conseguir este objetivo -aunque sea por un par de meses del año que viene- va a requerir alinear todas las aristas de la política económica, sacar más conejos de la galera y que la suerte acompañe.

Para entender el desafío planteado, la última vez que el alza de precios tuvo un nivel inferior al 4% mensual fue en enero de 2022 (3,9%), antes de la invasión militar rusa a Ucrania que produjo el primer shock acelerador -local e internacional- de la inflación del año. El segundo se produjo durante la crisis local de los 3 ministros en julio-agosto de 2022 pasados, que elevó la suba de precios al 7% promedio mensual.

El Gobierno anunció un objetivo claro para la inflación en 2023, ¿lo logrará?

En los últimos meses, la inflación se estacionó en torno del 6% mensual producto de:

• La reapertura y/o acortamiento de los contratos salariales que impuso subas del 6% mensual.
• Del alza del tipo de cambio oficial del 6,2% desde septiembre 2022 (para no profundizar la apreciación del tipo de cambio real multilateral que acumula 10% este año)
• Del mayor ritmo de subas de los precios regulados impulsado por el alza de tarifas energéticas para bajar los subsidios vía segmentación.

Si los principales precios de la economía -salarios formales, tipo de cambio oficial y regulados- trepan a un ritmo mensual del 6% mensual, la inflación debería rondar -como en los últimos tres meses- el 6% mensual. Es cierto que el IPC Núcleo se ha desacelerado, trepando 5,5% en los últimos meses -la caída del precio mayorista de la carne en Liniers es clave-, pero las tarifas de servicios públicos vienen acelerando -por fuertes ajustes de tarifas energéticas, transporte público y Aysa-.

Freno a los precios: ¿qué hace el Gobierno?

La principal iniciativa tomada por Economía tras comprometerse a bajar la inflación a menos de 4% en abril 2023 fue la implementación de Precios Justos. Este programa no solo congela por cuatro meses los precios de una canasta de consumo masivo, sino que compromete a las firmas adherentes -a cambio de destrabar importaciones al dólar oficial- a no subir más de 4% por mes el resto de sus productos. A este tope de alzas mensuales se sumaron recientemente las principales empresas proveedores de combustibles para vehículos.

Este programa va a ayudar a moderar las subas de una parte relevante de la canasta que conforma el IPC, pero no ataca la elevada inercia inflacionaria. Si los salarios, el tipo de cambio oficial y los precios regulados siguen trepando al 6% mensual en el primer trimestre del 2023, las empresas adherentes al programa sólo podrían compensar la pérdida de rentabilidad unitaria -los precios de sus productos ajustan a menor ritmo que sus costos- con mayores volúmenes vendidos, lo cual es difícil de sostener en el tiempo.

En este sentido, a la estrategia oficial le está faltando sacar un conejo de la galera: un acuerdo de precios y salarios generalizado que coordine y modera las expectativas de inflación que, tanto para este año como para el próximo, rondan 100% anual (ritmo mensual del 6%), según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado del BCRA.

Massa lanzó medidas para frenar los precios, pero hace falta un acuerdo generalizado para estabilizar la economía.

Otra de las herramientas destacada por las autoridades económicas para bajar la inflación es el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias acordadas con el FMI. Nadie discute que reducir el déficit fiscal y frenar la asistencia del BCRA al Tesoro es relevante para contener la suba de precios, pero pierde efectividad en un régimen de alta inflación. Es decir, es condición necesaria pero no suficiente para moderar la suba de precios. Además, el BCRA sigue asistiendo -en forma indirecta- al Tesoro- con el dólar ahorro y la compra de deuda pública en pesos en el mercado secundario, y parte de la reducción del gasto primario se logró contabilizando el subsidio a los exportadores sojeros por debajo de la línea. 

Por último, para que la inflación perfore el 4% en abril de 2023, las autoridades económicas necesitan un poco de suerte en materia climática. Si no llueve significativamente en las próximas semanas, la sequía se agravará producto de las altas temperaturas comprometiendo también a la cosecha gruesa. Esto no sólo significa un impacto inflacionario por problemas de oferta en el sector agropecuario, sino mayores presiones por el lado cambiario.

Si el potencial exportador de la agroindustria se resiente, al Ejecutivo va a tener que restringir aún más las importaciones al dólar oficial para evitar un salto cambiario. Si varias empresas deciden utilizar divisas propias para no frenar procesos productivos, van a valuar esos insumos importados al tipo de cambio financiero, generando una aceleración inflacionaria como la observada en el bimestre julio-agosto.

Aplaudo que las autoridades económicas se comprometan a bajar significativamente la elevada inflación existente, pero plantearse un desafío de tan difícil cumplimiento puede terminar siendo contraproducente en la larga y titánica tarea de lograr la estabilidad de precios en la Argentina.

Por Lorenzo Sigaut Gravina, Director de Análisis Macroeconómico de Equilibra.