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De la "sugerencia" del FMI a la interna del gabinete: crónica de cómo se decidió el recorte del subsidio en Vaca Muerta

De la "sugerencia" del FMI a la interna del gabinete: crónica de cómo se decidió el recorte del subsidio en Vaca Muerta
La medida, en línea con el objetivo del déficit cero, fue tomada con la anuencia del organismo, pero también revela una puja de poder dentro del Gobierno
Por Claudio Zlotnik
05.02.2019 07.01hs Economía

La decisión de modificar el esquema de subsidios en Vaca Muerta se tomó en Buenos Aires, pero la medida se “sugirió” desde Washington.

El portavoz fue Roberto Cardarelli, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, quien mantiene un diálogo fluido y una muy buena relación personal con Nicolás Dujovne. Fue el ministro de Hacienda quien le adelantó la decisión a Christine Lagarde, cuando se vieron hace algunas semanas en Davos.

Todo un signo de los tiempos: no es la primera vez que el FMI objeta determinaciones de política económica desde que se firmó el acuerdo stand by, a mediados del año pasado. Ya había ocurrido con el programa PPP (Participación Público-Privada), el sistema de inversiones en obras de infraestructura.

En ambos casos -aunque con argumentos diferentes-, el Gobierno terminó por hacer las cosas a pedido del Fondo. El programa de PPP fue suspendido sin fecha de reinicio.

Para entender los motivos por el cambio en Vaca Muerta solamente hay que referirse al acuerdo firmado con el FMI para que la Argentina cumpla con un equilibrio fiscal este año; un objetivo que podrá lograrse únicamente mediante una estricta rebaja del gasto público. Incluidos los subsidios.

Con la misma lógica que el Gobierno aplicó un aumento generalizado en las tarifas de los servicios públicos, ahora también se decidió una disminución en los subsidios que perciben las petroleras para operar en Vaca Muerta.

Esta determinación tiene también un impacto político puertas adentro del Gobierno, y en el vínculo de Mauricio Macri con el “círculo rojo”: el principal perjudicado por los cambios es el Grupo Techint, el conglomerado industrial más importante del país, y que está comandado por Paolo Rocca.

En la interna, las críticas desde Hacienda confluyen sobre Juan José Aranguren, primero, y también sobre Javier Iguacel. Aranguren fue quien diseñó un esquema por el cual las compañías petroleras percibían un precio por el gas extraído de hasta un 45% más caro que el de mercado, con el objetivo de asegurar una rentabilidad que garantizase el éxito de Vaca Muerta.

Las críticas internas hacia Iguacel incluyen un fastidio adicional: el hecho de que el ex secretario de Energía les prometiera a las petroleras la percepción de subsidios que, ahora, el Gobierno quiere desconocer.

Dujovne hizo trascender en agosto del año pasado -cuando la producción del yacimiento recién empezaba a estar por encima de lo pautado- que no estaría dispuesto a agrandar el rojo de las cuentas públicas. Esto puso en alerta a Iguacel. Pero el ahora ex secretario hizo oídos sordos e, incluso, hizo una presentación en los Estados Unidos vanagloriándose por el éxito de su gestión.

De acuerdo a esas mismas fuentes, el presidente Macri respaldó a quien por entonces era uno de sus funcionarios preferidos. De hecho, en agosto, en medio de la corrida cambiaria, quien parecía afuera del Gobierno era Dujovne.

Pocos imaginaban, por entonces, que el Ejecutivo requeriría de un segundo acuerdo con el Fondo Monetario, mucho más duro que el original, que directamente implicaba llevar a cero el déficit fiscal primario.

La discusión por los números

Con el visto bueno del Fondo Monetario, el Gobierno se comprometió a poner un límite a los subsidios para la explotación de Vaca Muerta durante este año: no deberían superar los u$s700 millones.

Y el tema promete colarse en la inminente campaña electoral: por un lado es una invitación al debate sobre la manera en que se asignan los recursos públicos. Pero, sobre todas las cosas, abre la discusión sobre si no había otro camino que asegurarles una buena hoja de sus balances a las petroleras. Y, más aun, en medio de un ajuste fiscal.

La “ayuda” estatal figura en la denominada resolución 46 firmada por Aranguren, en la que se reconoce un precio de u$s7,50 por cada millón de BTU de gas sacados del yacimiento Fortín de Piedra, regenteado por Tecpetrol, la compañía de Techint.

Aquel precio lucía como un premio excesivo para la compañía, dado que el valor de mercado ascendía a u$s4.

Semejante retribución derivó en un resultado muy satisfactorio: la producción de gas del yacimiento excedió el volumen originalmente previsto. El dato no sorprendió: el incentivo económico hizo que Tecpetrol extrajera todo el gas que pudiese, ya que podía engordar su balance como no lo hubiese hecho en ninguna parte del mundo.

En números, el proyecto inicial hablaba de una producción diaria de 8,5 millones de metros cúbicos de gas y terminó siendo de unos 17,5 millones cada día. La diferencia entre lo que Dujovne estaba dispuesto a pagarle a Techint y lo que la empresa ahora reclama rondaría los u$s140 millones.

Sin embargo, y de acuerdo a lo trascendido en el mercado energético y también en la City porteña, el reclamo de la empresa de la “T” podría superar en varios millones ese monto. Incluso, en el ambiente se llegó a mencionar que podía ascender a la friolera de u$s1.000 millones.

En todo caso, habrá que prestar atención a dos movimientos: el primero, en qué consistirá lo que en principio sería un reclamo administrativo del grupo encabezado por Rocca. Y, en segundo término, qué hará YPF, la empresa estatal a la que también le impactó negativamente la decisión de Dujovne y el FMI.

Para YPF, los cambios en las reglas de juego de Vaca Muerta implican un efecto negativo en el resultado neto del ejercicio 2018 de aproximadamente u$s60 millones. Se trata de fondos de los proyectos ya aprobados por la resolución 46 pero que ahora la petrolera no va a cobrar.

La compañía estatal se quejó de la restricción en una carta dirigida a los inversores locales e internacionales, y que se hizo pública en la Bolsa de Comercio.

La situación es, cuanto menos, paradójica: una empresa del Estado que le reclama al Estado por sus políticas públicas, que se supone son a favor de la comunidad.

Pero más allá de esto, en lo concreto, la actitud que tome YPF será trascendental para la causa. Porque Techint, justamente, podrá argumentar a su favor si una empresa pública mantiene su reclamo al Estado.

Por lo pronto, la compañía que comanda Rocca ya anunció que por este diferendo podría revisar su plan de inversiones en la Argentina.

Un funcionario con llegada al primer piso de la Casa Rosada y que está al tanto de esta crisis comparte una reflexión con iProfesional: “Me parece que es la excusa perfecta que necesitaban para decir que no quieren invertir. Hace un mes había trascendido que iban a detener todas los desembolsos en el sector hasta conocer quién ganará las elecciones. Quieren tener en claro cuál será el esquema de precios. Nada nos sorprende”, dice, pidiendo el anonimato.

El capítulo político de la crisis no pasa desapercibido para los protagonistas. El propio Paolo Rocca tuvo sus vaivenes en la relación con el Presidente, que escribió sus últimas líneas luego de que ambos se fotografiaran juntos después de que el empresario tuviera protagonismo en la saga de los “cuadernos”.

De seguro, ambos volverán a hablar si la crisis de Vaca Muerta se profundiza.

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