Comercio de bienes, aduanas y facilitación del comercio, servicios y establecimientos, procuración pública, competencia, subsidios, derechos de propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible, transparencia, pequeña y mediana empresa y resolución de disputas son algunos de los puntos que plantea la Unión Europea en el texto del acuerdo firmado con el Mercosur.

Este documento, que consta de 17 puntos, indica que "el Mercosur va a remover restricciones arancelarias completamente en el 91% de sus importaciones desde la Unión Europea en una transición de 10 años para la mayoría de los productos".

También se indica que en el caso de los productos "más sensibles" del Mercosur este plazo se extenderá a 15 años.

Asimismo, la Unión Europea se compromete a liberar las restricciones para "el 92% de sus importaciones desde el Mercosur en un período de transición de 10 años".

En el apartado de "acceso al mercado para bienes industriales" se señala que "la Unión Europea eliminara aranceles en el 100% de los bienes industriales en un período de 10 años, mientras el Mercosur eliminará por completo aranceles en sectores clave como autos, autopartes, maquinarias, químicos y productos farmacéuticos".

Respecto de los vehículos de pasajeros, el acuerdo establece que el Mercosur eliminará restricciones luego de 15 años, con un período de gracia de siete años que estará acompañado por una "cuota transicional de 50.000 unidades".

En cuanto a la gestión de empresas de control estatal, en el punto 12 se establece que estas compañías tienen que ser administradas bajo criterios estrictamente "comerciales", y que las decisiones de compra y venta por parte de las mismas deben realizarse "de acuerdo a la economía de mercado de la forma en la que operaría una empresa de capital privado.

Sobre las compras y licitaciones realizadas desde el Estado, según cita La Nación, el acuerdo establece un "mercado abierto" para ambos bloques, y especifica que las empresas de países de la UE proveedores potenciales de bienes y servicios podrán participar libremente de estos procesos sin discriminación o barreras comerciales por parte de los gobiernos de países del Mercosur.

Este paraguas comprende compras por parte de ministerios y otras agencias federales, los poderes legislativos y judicial o las universidades nacionales. Además, incluye las de concesiones de servicios o proyectos de obra pública, y menciona como ejemplo a las potenciales iniciativas de construcción de autopistas en las cuales la firma ejecutora financia su obra a través del cobro de peajes.

El marco planteado, que inicialmente comprende únicamente a los Estados federales y dispone que el Mercosur genere las condiciones para incluir a provincias y municipios en un plazo de dos años, podría disparar un choque de intereses frente a firmas de otros países como China, con foco en temas energéticos, transporte y construcción, o los Estados Unidos.

Hay que tener en cuenta que se trata de un acuerdo y no un documento legal definitivo.