El precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, apuntó en los últimos días a conquistar a los jubilados. Les prometió aumentar los haberes para recuperar el poder adquisitivo perdido en las devaluaciones que hubo en la gestión de Mauricio Macri y subsidarles el 100% de todos los remedios para que sean gratis.

Lo cierto es que el PAMI, la obra social para jubilados bajo control estatal, ya ofrece a sus afiliados el 100% de descuento para algunos medicamentos como hipoglucemiantes, insulina, tiras reactivas, tratamiento oncológico, HIV, a casos de discapacidad y personas con subsidio social.

Además, según indicaron desde la obra social, en lo que respecta a medicamentos para patologías agudas y crónicas y tratamientos ambulatorios, los descuentos van del 50 al 80 por ciento.

Pero más allá de los medicamentos que ya se entregan de manera gratuita a algunos jubilados, en el caso de que se extienda a todos, como propone Fernández, cuánto le costaría al Estado.

Fuentes del organismo hablan de unos $19.200 millones anuales, según indicó el diario La Nación.  "Es el copago total que gastan hoy los afiliados, de $1.600 millones por mes, proyectado a todo el año", explicaron. 

El PAMI atiende a unos 4,9 millones de afiliados; es una entidad autárquica que se financia con los aportes de los trabajadores en actividad, a través de la AFIP, y de los propios jubilados, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Su presupuesto anual se acerca a los $200.000 millones (unos $15.000 millones mensuales aproximadamente, según cifras oficiales) y podría recibir, eventualmente, una mayor asistencia del Tesoro Nacional, pero luego debería devolver el dinero. Al menos con la legislación actual.

El PAMI gasta hoy en medicamentos para sus afiliados, por mes y según las últimas cifras a mayo pasado, $4.788 millones. El monto se divide en remedios de alto costo, como oncológicos, HIV y hemofilia, (38%), ambulatorio resolución 337 (33%), diabetes (12%) y ambulatorio regular (17%). En los tres primeros segmentos, la cobertura es del 100% (es decir, son gratuitos). A este grupo se suman los discapacitados y los veteranos de guerra.

En el caso de los ambulatorios regulares, el jubilado tiene descuentos de entre 50 y 80% según el medicamento, ya sea para enfermedades crónicas o para agudas. Es decir, existe un copago a cargo del afiliado.

El gobierno de Macri redujo en 2016 el universo beneficiado por la resolución 337, que otorga un subsidio social del 100% a los afiliados que no pueden pagar los medicamentos ambulatorios con descuento. De 1,7 millón pasó a 1,1 millón de beneficiarios, unos 600.000 adultos mayores que entraron en el régimen de copago. El recorte se justificó en que esas personas no estaban en condiciones reales de vulnerabilidad.

Se puso entonces como requisito para seguir en ese grupo tener un ingreso menor o igual a 1,5 haberes mínimos; no estar afiliado a ninguna prepaga, no ser dueño de más de un inmueble ni poseer embarcaciones o autos de menos de 10 años.