La Ley de Emergencia Económica sancionada recientemente por el Congreso de la Nación generó repercusiones negativas por la suspensión de la fórmula de actualización de haberes a los jubilados por 180 días, en un marco en el que se esperaba que cobrasen en 2020 un aumento superior a la inflación esperada para ese año.

A su vez, las jubilaciones de privilegio que cobran políticos, magistrados y diplomáticos no entraban en el congelamiento. Tras la polémica, el presidente Alberto Fernández anunció que enviará al Congreso una iniciativa "con el propósito de garantizar la igualdad" y que "se termine con las jubilaciones de privilegio".

La suspensión de la fórmula jubilatoria fue acompañada con el anuncio de un bono de $5.000 en diciembre y enero para jubilados y más un plus para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo como compensación ante la interrupción de la actualización automática de los haberes.

La consultora IDESA publicó un informe en el que señala que "la emergencia actual debería ser el inicio para una reforma jubilatoria" y que dos de cada tres jubilados -casi seis millones de personas- accedieron al beneficio a través de normas "especiales" en la Argentina, lo cual agrava la situación del sistema previsional.

La consultora señala que "se observa que la mayoría accedió a beneficios superiores a los que les correspondían de acuerdo con el régimen general".

Por ende, en el país hay tres millones de jubilados y pensionados que accedieron al beneficio encuadrados en las reglas fijadas para el régimen general. Y que otros cinco millones de jubilados y pensionados sin aportes o con aportes insuficientes obtuvieron el beneficio a través de pensiones no contributivas y moratorias.

Mientras que unas 900.000 personas se jubilaron con algún régimen especial, diferenciado del general. "Estos datos muestran que, de los casi nueve millones de jubilados y pensionados existentes, aproximadamente un 10% obtuvo su beneficio por un régimen especial, es decir, reglas previsionales más generosas que las generales", sostiene el informe.

Destaca que entre el resto de los jubilados y pensionados, la gran mayoría también obtuvo su beneficio sin cumplir con la totalidad de aportes que exige el régimen general. De esa manera concluye al afirmar que "dos de cada tres jubilaciones y pensiones fueron otorgadas con normas diferentes al régimen general"."Que la excepción sea el régimen general demuestra la degradación del sistema previsional y la necesidad de abordar un ordenamiento integral", considera la consultora. Y añade que suspender transitoriamente la movilidad o la revisión de los regímenes especiales más abusivos (como podrían ser los de jueces, políticos y diplomáticos) son temas importantes, pero están lejos de ser los únicos.

"Para darle equidad y sustentabilidad al sistema previsional es necesario un abordaje integral que tienda a la unificación", concluye el documento.