En los últimos días, el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou destacó la intención de su gobierno de atraer a miles de argentinos para que se radiquen del otro lado del Río de la Plata, atrayéndolos con una serie de beneficios y facilidades que hacen más atractiva la propuesta.

Es que la idea de Lacalle Pou es que Uruguay sea un país de puertas abiertas para los extranjeros que allí deseen radicarse. La flexibilización de las condiciones para obtener la residencia fiscal, de aplicación igualitaria tanto para los argentinos como para las personas cualquier nacionalidad, despertó mucho interés pero también muchas dudas sobre estos cambios.

En ese contexto, el futuro ministro de Turismo, Germán Cardoso destacó el gobierno entrante "está en plena charla de elaboración del proyecto de ley de urgente consideración".

"Va a ser muy extenso, ya que va a tener unos 500 artículos y abarca muchísimas áreas del Estado, que se tienen que ordenar para entrar al gobierno tomando medidas en diversos ámbitos. Uno de ellos, tiene que ver con apuntar a generar condiciones de flexibilización para la residencia fiscal. La residencia legal es fácil obtenerla. Un extranjero que ingresó legalmente al país, manifestando el ánimo de querer quedarse -sin siquiera imponer la exigencia de tener trabajo- puede obtener la residencia legal", indicó Cardoso.

El futuro funcionario aclaró que "la residencia fiscal es diferente que la legal" y remarcó que "hay determinadas exigencias que, justamente, se buscan flexibilizar. Una de ellas, es la exigencia en el monto de la inversión".

"Hoy, para obtener la residencia fiscal, se exige una inversión en el orden de 1.800.000 dólares. Por eso, hay una determinada voluntad de bajar esa exigencia sensiblemente. En Portugal, una persona compra una propiedad de 500 mil euros y obtiene la ciudadanía", manifestó.

Cardoso afirmó que "la reforma también va en aspectos que tienen que ver con la exigencia de permanencia en el país".

"Lo primero que quiero aclarar es que, el presidente electo Lacalle Pou nunca habló de un número, ni de un país. Así que, eso de "100 mil argentinos" no sé de donde salió. Creo que salió de algún analista que fue para ese lado. El presidente dijo que el Uruguay abrió esta posibilidad al Mercosur y al mundo. Obviamente, cuando hablamos del Mercosur -por la proximidad que tenemos con la Argentina, por los lazos culturales, afectivos y familiares- es muy probable que se dé un intercambio o, es de esperar, que se pueda dar una importante respuesta de argentinos", añadió.

El futuro ministro aclaró que "no es una norma elaborada específicamente, pensando en captar un número determinado de argentinos" y agregó que "lo que sí se está hablando y pensando es que Uruguay es un país, una isla de tranquilidad, donde hay estabilidad política y jurídica, se respetan las normas más allá de que haya un cambio de gobierno, se respeta la propiedad privada y los compromisos que el país adquirió: siempre se le da un fiel cumplimiento a todas las responsabilidades contraídas por los gobiernos. Eso hace una diferencia: que seamos reconocidos en la región y en el mundo".

"A partir de ahí, tenemos buena calidad de vida, lindo entorno, buen medio ambiente, buenas playas, buenas rutas de comunicación, aeropuertos... estamos preparados para recibir lo que ha sido una identidad en la cultura del Uruguay. Es un país que se hizo en base a corrientes migratorias muy fuertes, igual que la Argentina, fundamentalmente de Europa y del área mediterránea", dijo.

Cardoso indicó que "en los últimos años, esas corrientes migratorias han parado y hemos pasado a recibir -al igual que los argentinos- a una gran cantidad de venezolanos, cubanos y dominicanos: gente trabajadora, que la está pasando muy mal en su país y que viene en busca de un futuro mejor".

"Y está muy bien que lo hagan y tienen derecho a hacerlo. Pero acá hay un replanteo de la estrategia: vamos en la búsqueda de la captación de ciudadanos y de familias del mundo de poder adquisitivo medio y medio alto -que existen por miles- que hoy, en virtud de importantes desestabilizaciones y conflictos que hay en la región (como en Chile, Bolivia) y en el mundo miran con mucha incertidumbre, y analizan la posibilidad de instalarse en un lugar que haya tranquilidad, y que estén dadas todas las condiciones como seguridad jurídica, respeto a la inversión, etc", puntualizó.

El futuro funcionario uruguayo destacó que "es difícil que una persona que tiene negocios, tenga la disponibilidad de afincarse rápidamente en otro lugar del mundo, y pierda total vínculo con el comercio que tenga en otros países".

"Por eso, buscamos flexibilizar la permanencia dentro del país sin salir para obtener la residencia fiscal. Hoy se exige que la persona esté 180 días adentro del país sin poder salir para obtener la residencia fiscal. Eso también es parte de lo que se está pensando flexibilizar: que la persona pueda traer a su familia, demostrar que la afincó acá, que inscribió a sus hijos en un colegio, que compró un propiedad, etc pero que pueda ir y venir, y eso no significa que haya una interrupción en el plazo de gestión de su residencia fiscal", detalló en una entrevista que le concedió a Infobae.

Además, indicó que contemplaron "reformas que van por el lado del inversionista. Por ejemplo, un extranjero compra una propiedad en Punta del Este, en Colonia o en Montevideo y, más allá de que cumpla con todos los requisitos -que la transacción sea bancaria y que venga a través de un banco que cumple con todas las normas y estándares de calidad y contralor, y que sea clase A- por determinadas variantes que se hicieron en los últimos gobiernos, se complica mucho la transacción y, en muchos casos, comprobamos que eso termina desalentando al comprador y desiste por el camino".

"De hecho, hasta 2014 veníamos en un constante ascenso de extranjeros que compraban propiedades y, a partir de estas reformas que se hicieron, los números cayeron. No se trata de ir detrás del capital negro, que quede claro. Vamos a pedir todas las exigencias, que se sigan cumpliendo con las normas internacionales pero queremos que haya una celeridad y que la política interna de contralor del Uruguay no ponga obstáculos desde el Banco Central: queremos que el camino se facilite para que la persona pueda materializar la inversión lo antes posible", aseguró.

Cardoso remarcó que "la idea es que esta ley de urgencia ingrese al Parlamento en marzo, en las primeras semanas de gobierno. Ahora está en plena etapa de elaboración, no hay una fecha pero creo que será máximo para abril".