Las palabras que dijo el presidente Alberto Fernández ("son créditos entre particulares que aceptaron una cláusula y un contrato") sobre los créditos nominados en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) generaron el rechazo y la desaprobación del grupo de Autoconvocados Hipotecados de todo el país.

Fernández sostuvo que el Estado salió al rescate de los hipotecados cuando congeló las cuotas entre agosto 2019 y enero de este año. La diferencia por esos meses de congelamiento la aportó el Estado, que destinó $600 millones.

"Cuando escucho quejarse tan agriamente a los que tomaron los créditos, hay que aclarar que son alrededor de 90.000 personas. Los quiero llamar a la reflexión, porque entre lo que gastó el Estado y los bancos fueron $2.000 millones para aliviar su situación", agregó el presidente.

En un comunicado, los deudores respondieron: "Las familias trabajadoras, #HipotecadosUVA, manifestamos nuestra profunda decepción y desconcierto sobre las expresiones de Alberto Fernández".

 "A lo largo de toda la campaña electoral, el por entonces candidato no se refería a estos créditos como una mera cuestión entre privados. Muy por el contrario, aludía como una pesada carga para los deudores y señalaba que todo el costo de la devaluación recaía sobre ellos y que los bancos eran los grandes beneficiarios de esta relación contractual", agregó el comunicado.

"Se devaluó su palabra. Señor presidente, hemos reflexionado y estamos convencidos que estos créditos indexados, son una estafa. De usted depende tomar una decisión y terminar con esta usura, llevando a la práctica una de sus frases de campaña: entre los bancos y la gente, me quedo con la gente", afirmó el grupo Autoconvocados Hipotecados.

A esta altura, quienes accedieron a los créditos hacen malabares para estar al día con las cuotas. En muchos casos los valores aumentaron más de 220% desde el inicio, el 31 de marzo de 2016, con un valor UVA de $14,05, que hoy cotiza arriba de los 49 pesos.

El gobierno de Cambiemos lanzó los créditos hipotecarios UVA con la intención de atacar el déficit habitacional y el criterio de que el valor de las cuotas no podían superar el 25% del ingreso del tomador del préstamo.

Según los deudores autoconvocados, los créditos UVA no son un mero acuerdo entre particulares. Se aprobaron en el Congreso, los promovió el Ejecutivo y los otorgaron los bancos estatales, en su mayoría. "Somos el resultado de una decisión política", dicen.

"No pretendemos que el Estado destine más plata. Quienes accedimos a estos préstamos no planeamos un negocio sino evitar alquileres, también impagables. Pasamos de ser inquilinos, vivir con padres o suegros y poner los ahorros de toda la vida para darles a nuestros hijos un porvenir y un hogar propio", indicó el comunicado de Autoconvocados Hipotecados.

"Los créditos UVA no son un mero acuerdo entre particulares. Se aprobaron en el Congreso, los promovió el Ejecutivo y los otorgaron los bancos estatales, en su mayoría. Somos el resultado de una decisión política", agregó.

Desde la agrupación proponen opciones, como la del economista Alexis Dritsos, quien aseguró que hay una solución posible para los créditos. Su idea es ampliar el congelamiento de las cuotas hasta el 31 de marzo, para contar con el tiempo suficiente sin aumentos hasta lograr la reconversión de los créditos actuales. El congelamiento de los hipotecarios con la cuota de agosto de 2019 sería extendido a la totalidad de los tomadores, incluyendo a aquellos que quedaron afuera por la normativa original.

"A cambio, propondría en reemplazo de los actuales créditos UVA que se lancen los Créditos Transitorios Reprogramados con las siguientes características: el abandono del coeficiente UVA, utilizando uno nuevo, denominado UVC (Unidad de Valor Crediticio) que evoluciona utilizando el 80% de la variación mensual del CVS, el Coeficiente de Variación Salarial para el total de los salarios publicado por el INDEC, establecimiento de tasas fijas máximas del 3,5% para créditos hipotecarios, 6% para prendarios y 10% para préstamos personales", detalló.

También se incluiría una cláusula de salida sin costo para todos los préstamos reconvertidos para que el tomador pueda optar por pasar su crédito sin costo a cualquier línea crediticia que su banco pudiera ofrecer en el futuro. Según Dritsos, esta solución permitiría concretar el concepto de esfuerzo compartido entre los bancos y los tomadores de los créditos, tal como fue planteado en la Ley de Emergencia recientemente aprobada.