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Lo peor no pasó: la fuerte suba de precios en alimentos empaña el festejo por el IPC de enero

Lo peor no pasó: la fuerte suba de precios en alimentos empaña el festejo por el IPC de enero
El Gobierno sabe que en las próximas semanas se intensificarán las presiones para revisar tarifas. Además, hay inquietud por la laxitud monetaria
Por Fernando Gutiérrez
14.02.2020 06.01hs Economía

En la superficie, la inflación de 2,3% registrada en enero constituye una buena noticia para comunicar a la opinión pública y un respiro de alivio para la Casa Rosada. Es la inflación más baja desde julio pasado y no sólo muestra una sensible baja respecto de diciembre pasado –cuando había dado un 3,7%- sino que también se aleja notoriamente de los pronósticos que habían hecho las consultoras privadas, que calcularon un 3,2%.

Pero más allá del alivio momentáneo, hay datos que siguen causando alarma dentro del Gobierno y entre las empresas: por caso, que el crucial rubro de alimentos y bebidas empeoró. En diciembre había registrado un 3,1% de suba, mientras que en enero saltó al 4,7%.

El propio Alberto Fernández dejó entrever que no quiere hacerse ilusiones sobre un cambio de tendencia, al afirmar que "el dato de enero es auspicioso pero no suficiente" y que "se debe ir con mucho cuidado".

En suma, lo que quedó en evidencia ni bien se publicó el dato del Indec: el alivio sólo fue posible gracias a las nuevas "anclas" de los precios, en particular el dólar, las tarifas de servicios públicos y los combustibles. Además, hizo de contrapeso una caída en los precios de los servicios de salud, gracias al acuerdo político del Gobierno y la industria farmacéutica para retrotraer precios a los niveles de diciembre.

Y también jugó a favor el rubro de "equipamiento y mantenimiento del hogar", donde hubo una variación negativa respecto de diciembre, cuando los precios habían reflejado un pago extraordinario y no remunerativo para trabajadores de casas particulares.

En definitiva, todos los factores que jugaron a favor en este arranque de año están lejos de ser estructurales, sino que más bien parecen condenados a ser pasajeros, acaso más breves de lo que el Gobierno quisiera.

Por caso, el congelamiento de los combustibles es objeto de un intenso lobby por parte de los propietarios de estaciones de servicio, que se quejan de que con este nivel de precios se encuentra en riesgo la viabilidad económica de su negocio.

En cuanto a las tarifas, también empiezan a sonar alarmas, como quedó en evidencia con los masivos cortes de luz sufridos durante la reciente ola de calor. Si bien los voceros de Edesur y Edenor alegaron que pudieron sortear la emergencia con éxito y menos cortes de lo que había ocurrido otros veranos, también es cierto que en el sector se instaló la incertidumbre sobre cuánto tiempo resistirá la red si el congelamiento tarifario se prolonga y no permite sostener la inversión en mantenimiento.

Por lo pronto, al congelamiento de combustibles le quedan dos meses. Y al de las tarifas, cuatro, si es que se termina cumpliendo al pie de la letra el cronograma dispuesto por Alberto Fernández en el arranque de su gestión.

¿Creando una bomba de tiempo?

Y, por cierto, están también las dudas sobre la gran ancla que permitió la mejora: el dólar clavado en torno de $63 gracias al cepo cambiario y al efecto de caída de los salarios. Pero también allí hay advertencias sobre que la calma actual puede ser pasajera.

No tanto en lo que refiere al tipo de cambio oficial, que parece bajo control y destinado a continuar con el cepo por lo menos varios meses más, hasta que concluya la negociación de deuda y haya señales de recuperación de la economía. Pero sí por lo que ocurra con los dólares paralelos, en sus versiones "conta con liqui", "bolsa" y "blue".

El temor que están expresando los economistas es que a medida que progresivamente los pesos que circulan en el mercado terminen yendo a buscar refugio en la moneda estadounidense, sobre todo por la política del Banco Central de intensificar la caída de las tasas de interés.

Casualmente, casi al mismo tiempo que se conoció la inflación de enero, el BCRA emitió un comunicado en el cual indicaba que la tasa de referencia, que hacía pocos días había bajado del 50% al 48%, ahora pasaba al 44%.

La argumentación que ha defendido el titular del Central, Miguel Pesce, es que el directorio anterior liderado por Guido Sandleris había cometido un error al considerar que la dureza extrema en materia monetaria podría constituir un remedio adecuado contra la inflación. Afirma que la suba de tasas hasta los niveles superiores al 70% sólo trajo como consecuencia el desplome del crédito y de la actividad económica, mientras los precios siguieron subiendo.

Es un argumento que provoca alarma en el sector de los economistas más ortodoxos, porque implica tácitamente la idea de que no hay una relación causal entre la expansión monetaria y la inflación. De hecho, un tema que los bancos de inversión analizaron en las últimas semanas fue el riesgo de que se repitiera "la trampa de febrero".

Ese fenómeno, que sufrido por Sandleris y, antes, a Federico Sturzenegger, consiste básicamente en que el Banco Central se entusiasma por ver un alivio de la inflación en cada arranque del año, producto de que en diciembre hay un incremento estacional de la demanda de dinero, ya que las empresas necesitan pesos para pagar aguinaldos y saldar obligaciones, y los particulares elevan su nivel de consumo por las fiestas navideñas.

La "trampa" consiste en confundir ese fenómeno, que es pasajero, con una estabilidad duradera. Pero lo habitual es que en febrero se produzca una marcada caída en la demanda de dinero, y el Banco Central suele quedar "en offside" con tasas bajas y menor apetito por los pesos.

En este momento, particularmente, la demanda de dinero está en un punto que el propio BCRA en su informe monetario definió como "agregados monetarios muy reducidos en términos de producto".

Pero confía en que en "un contexto de recuperación de la confianza" y con una mejora de la actividad, se producirá un proceso gradual de remonetización. Es decir, que los argentinos querrán volver a conservar pesos en sus bolsillos.

Es un punto de vista con el cual muchos economistas se muestran en abierto desacuerdo. Por ejemplo, Gabriel Caamaño Gómez, analista jefe de Estudio Ledesma, se alarmó por el recorte de tasas "en base a un dato de inflación mensual plagado de efectos transitorios y en medio de un proceso de reestructuración de la deuda que se vislumbra mucho más complicado que lo que se aseguraba inicialmente".

Tras destacar que el recorte alcanzó 19 puntos poco más de dos meses, agrega que la tasa está "casi un tercio debajo de la tasa de política monetaria".

Mismo diagnóstico, pelea en el horizonte

Lo curioso del momento es que los analistas de los dos lados de "la grieta" coinciden en el diagnóstico sobre qué ocurrió con la inflación de enero. Aunque, claro, difieren en el pronóstico.

Por ejemplo, el economista Martín Tetaz, con tono crítico, argumentó que la baja de la inflación se explica "más por efecto de los precios congelados por decreto (tarifas, nafta, transporte, etc.) que por el supermercado, donde sigue altísima".

En las filas kirchneristas, la diputada Fernanda Vallejos escribió en su cuenta de Twitter: "Bien que reconozcan, después de que nos cansamos de explicar que la devaluación y los tarifazos eran el motor de la inflación mientras ellos ajustan el gasto público y la emisión, que los controles cambiarios y tarifarios explican la reducción de la inflación en enero".

El tema, claro, es lo que ocurrirá de ahora en más. Para algunos analistas, bajar tasas de interés justo en un momento de caída de demanda de dinero será un error a lamentar en el futuro cercano. Y, sobre todo, el efecto de la "inflación reprimida" por los congelamientos tarifarios podrá acumular un potencial de subas de precios fuertes a futuro.

Pero está claro que a Alberto Fernández le preocupa más el presente, sobre todo por el comportamiento del precio de los alimentos, un punto de vital importancia política para un gobierno que ha hecho de la lucha contra el hambre su principal bandera.

No por casualidad, en los días previos a la publicación del dato de enero, cuando ya se hacía evidente que en las góndolas de los supermercados había remarcaciones por encima de lo esperado, dejó entrever una amenaza.

"Nosotros estamos siguiendo muy de cerca la evolución de los precios. Es una pelea que vamos a dar de cualquier modo porque no podemos seguir indexando la economía. Vemos mucha irresponsabilidad de empresarios que siguen aumentando y no están ayudando a resolver el problema inflacionario. La Ley de Góndolas puede ayudarnos con eso, ya tiene media sanción en Diputados", había dicho el Presidente.

En ese contexto, lo esperable es que se haga más tensa la relación del Gobierno con los supermercados y con las empresas fabricantes de alimentos. Parecía que los acuerdos para reformar el sistema de Precios Cuidados había puesto paños fríos, pero la evidencia de incrementos en casi todos los rubros volvió a enrarecer el ambiente.

Lo cierto es que, con el dato del 4,7% de aumento de alimentos de enero, nadie descarta un empeoramiento para los próximos meses.

Los empresarios, como siempre, alegan aumentos de costos, mientras que el Gobierno -con la conducción de la secretaria de Comercio, Paula Español-, todavía apegado al libreto de los buenos modales y la no intervención, hizo saber su disgusto. Mientras tanto, el fantasma del "estilo Guillermo Moreno" va ganando presencia.

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