El gobierno le fijó aranceles del 28% a las importaciones de láminas de aluminio chino luego de una denuncia por dumping presentada por Aluar, la única fabricante de ese producto en la Argentina. La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial y reconoce que la industria "sufre un daño importante" a raíz del incremento de esos productos provenientes del país asiático, por lo que se ordenó aplicar la medida antidumping.

La resolución 88 firmada por el ministro de Producción Matrías Kulfas apunta a las operaciones desde China de "hojas de aluminio, sin soporte, simplemente laminadas, de espesor superior o igual a 0,006 mm pero inferior o igual a 0,2 mm y anchura inferior o igual a 1.300 mm, excepto las lisas, con un contenido de aluminio superior o igual al 99,2%, en peso, de espesor inferior o igual a 6 micrómetros, en bobinas de ancho inferior o igual a 500 mm, según norma ASTM B 373-95".

En concreto se resolvió que cuando se despache a plaza la mercadería denunciada, el importador deberá abonar un derecho antidumping ad valorem definitivo calculado sobre los valores FOB de exportación del 28%. De esa manera, el Gobierno busca aminorar el impacto del contexto internacional adverso y las últimas medidas que afectaron a la producción de aluminio, en especial a Aluar.

La empresa lidera el grupo económico Madanes, encabezado por Javier Madanes Quintanilla, del que forma parte también la fabricante de neumáticos FATE, INFA, Hidroeléctrica Futaleifu, Genpat, Transpat y el parque eólico de Puerto Madryn, en Chubut. La siderúrgica produce material para aviones, autos, trenes de alta velocidad, tanques, superestructuras de buques, bicicletas, embalaje de alimentos, latas de gaseosas, aberturas y para la construcción. Pero sus negocios se vieron afectados en los últimos años por las importaciones chinas, entre otros motivos.

La investigación por dumping comenzó en marzo de 2019 cuando la entonces secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, encabezado por Dante Sica, declaró procedente la apertura del procedimiento, aunque sin la disposición de medidas provisionales, y en octubre pasado la Comisión Nacional de Comercio exterior, organismo desconcentrado dentro de la secretaría, emitió su determinación final respecto a la existencia de presuntas prácticas de competencia desleal.

En una nota del 21 de enero, la comisión alertó que "las importaciones investigadas representan más del 58% del total importado en todo el período, aumentando su importancia relativa a lo largo del período, se incrementaron un 40% en 2017, totalizando 2,76 millones de kilogramos -máximo del período- y 15%, al considerar las puntas de los años completos" y que "…la relación entre dichas importaciones y la producción nacional pasó del 26% en 2016 al 44% en 2017 y al 38% en 2018".

Las autoridades encontraron que la participación del ingreso del aluminio chino en cuestión se incrementó, partiendo de una cuota del 18% hasta alcanzar el 27% en los años siguientes, lo que evidencia un incremento de 9 puntos porcentuales y que eso fue "a costa de la industria nacional". Todo esto "en un contexto en el que el mercado del producto investigado se contrajo sucesivamente", según se explica en la resolución.

En efecto, la competencia local perdió participación en el consumo aparente tanto en 2017 como entre puntas de los años completos, al pasar de una cuota de mercado del 69% en 2016 al 60% en 2017 y al 62% en 2018. Asimismo, se observa en el expediente que "los precios del producto importado del origen investigado se ubicaron, en todos los casos y en todas las comparaciones realizadas, por debajo de los nacionales, con subvaloraciones de entre 4% y 20%, incrementándose las mismas al considerar una rentabilidad razonable (ubicándose entre 4% y 23%)".

"Las estructuras de costos de los productos representativos aportados muestran rentabilidades (medidas como la relación precio/costo) que disminuyeron en 2017, para recuperarse en 2018, siendo positivas este último año, aunque en un nivel por debajo del nivel medio considerado como razonable por esta Comisión e incluso en uno de los productos la relación precio/costo se ubicó por debajo de la unidad los dos primeros años", señalan las autoridades.

Y en otro párrafo de la resolución afirman que "las cuentas específicas de Aluar Aluminio Argentina S.A. muestran una relación ventas/costo total menor a la unidad o liegaramente por encima de ella, aunque por debajo del nivel medio consdeirado razonables por esta Comisión". Así, en contraste con la evolución de las importaciones chinas, los indicadores del sector mostraron caídas durante los años del período analizado, incrementándose tanto las existencias como el ingreso de mercadería del exterior.

Por ello, los funcionarios concluyeron que los foil de aluminio chino vendidos a precios de dumping "generaron condiciones de competencia desfavorables para el producto nacional frente al importado investigado que provocaron un desmejoramiento en los indicadores de volumen (producción, ventas, existencias y nivel de empleo), la pérdida de cuota de mercado por parte de la industria nacional y un deterioro en la rentabilidad, que se evidencia en las cuentas específicas como en el principal producto representativo de la peticionante".

Aluar, la compañía presidida por Javier Madanes Quintanilla, cerró el segundo semestre de 2019 con un resultado negativo por $1.425 millones, según informó ante la Comisión Nacional de Valores. De esta forma, el resultado fue peor al de igual período del año previo, un deterioro que según la empresa se debió a los menores ingresos por ventas por la baja en los precios y la reinstauración de las retenciones a las exportaciones industriales durante la gestión de Mauricio Macri.

A raíz de esta situación, la fabricante de neumáticos FATE, del grupo Aluar, solicitó en febrero del año pasado la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis para reestructurar las operaciones en su planta de San Fernando y efectuar más de 400 despidos. Aunque el pedido no se efectivizó, la empresa explicó que sus problemas se debían a la aplicación los derechos de exportación a la industria (una alícuota del 8%) y la disminución del reintegro a dichas ventas (del 7 al 5,5% en su caso).

El gobierno de Alberto Fernández, en tanto, aumentó las retenciones a las ventas externas de orígen industrial. El impuesto era de 3$ para productos industrializados y de $4 para el campo. Ese límite fue eliminado con un decreto publicado en diciembre pasado que estableció para todas las exportaciones una alícuota del 9% y del 30% para la soja, un valor que la semana pasada fue incrementado al 33%.

La otra medida que afectó los negocios de Madanes Quintanilla fue la decisión de Estados Unidos de volver a imponer aranceles contra el aluminio y el acero proveniente de la Argentina. El empresario sostuvo en diciembre pasado que la medida le "pega muy fuerte" a Aluar y cuestionó al gobierno de Macri por "inoperancia" en su política exterior.

En los últimos días, el CEO del grupo Madanes también dio a conocer sus críticas a las gestiones encabezadas por el equipo de Alberto Fernández para renegociar la deuda con los acreedores. En declaraciones a la prensa, el ejecutivo advirtió que se podría terminar en un "default en cuotas" si no se encuentra una rápida solución y que "estos meses están costando sangre, sudor y lágrimas".