La ampliación de los subsidios para pagar la mitad de los sueldos tuvo un impacto inmediato en las negociaciones para pactar suspensiones con rebaja salarial en las empresas.

Una vez conocida la medida, el líder del gremio de comercio, Armando Cavalieri, recalibró sus expectativas y ahora evalúa la posibilidad de llegar a un acuerdo más favorable para los trabajadores, sumando a la mesa la eventual ayuda estatal. Mientras que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) analiza reformular el formato conversado previamente, y de esa manera mejorar la remuneración prevista permitiendo la posibilidad de negociar una cifra superior en las firmas menos golpeadas.

Los cambios oficiales quedaron plasmados en el decreto 376 publicado este lunes. Allí se establecen créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos, junto con el pago de un monto a los trabajadores en relación de dependencia de empresas en crisis "equivalente al 50% del salario neto del trabajador o de la trabajadora correspondiente al mes de febrero de 2020, no pudiendo ser inferior a una suma equivalente a un salario mínimo, vital y móvil ni superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o al total del salario neto correspondiente a ese mes".

Así, el Estado aportará entre $16.875 y $33.750 por trabajador, una medida definida a fines de la semana pasada en vistas de las 426.000 empresas con dificultades para pagar los sueldos de abril, tal como constató la AFIP.

El decreto llegó en medio de las tratativas del gremio mercantil con las dos principales cámaras de la actividad (CAC y CAME) para reducir la jornada laboral de 1,2 millones de empleados. Cavalieri pedía que se abonara el 70% del salario neto, incluyendo la antiguedad, el presentismo, mientras los empresarios ofrecían pagar el 50% de la remuneración. Sin llegar a un acuerdo habían avanzado en borradores, pero el cambio de escenario llevó al sindicalista a explorar una nueva fórmula, con un al menos un 60% del salario a cargo de la empresa y el resto del ingreso sujero al aporte estatal, un monto que dependerá a su vez de las escalas salariales.

"El estímulo da lugar a que las cifras de rebaja tengan otro criterio y que el trabajador cobre un salario mayor", confirmaron a iprofesional cerca de Cavalieri.

En el sector empresario, en tanto, realizaron diferentes lecturas sobre los efectos de la nueva normativa. Desde la CAME reconocieron que las tratativas quedaron en "stand by" hasta ver cómo se implementan los cambios, mientras que en la CAC aseguraron que las conversaciones prosiguen y que si bien el DNU es una "ayuda", no habría margen para mejorar el entendimiento.

"Un comercio cerrado tanto tiempo y con perspectivas de cuarentena no tiene recursos para pagar nada, es probable que mantengamos nuestra posicion inicial de una reduccion del 50% (del sueldo)", explicaron desde la entidad que este lunes publicó una encuesta según la cual un 8% de los comercios está operativo, un 53% funciona en forma parcial y un 39% se encuentra cerrado.

La industria metalúrgica es otro sector seguido de cerca por el Gobierno. Con 200 mil trabajadores, las cámaras de la actividad esperan que los subsidios sirvan para relajar tensiones, pero sostienen que es clave acordar un plan de suspensiones. La discusión se frenó en seco el fin de semana ante el rechazo de varias seccionales al pago del 70% del salario neto propuesto por el líder del gremio, Antonio Caló.

El dirigente de Quilmes y miembro del secretariado, Francisco "Barba" Gutierrez, desautorizó el porcentaje de rebaja salarial en un audio de whatsapp y llamó a exigir el pago de la segunda quincena de abril. La reacción buscó así amortiguar las señalaes de descontento en varias fábricas y activó la evaluación de una nueva propuesta. Bajo este esquema, se incluiría antiguedad y premios dentro del salario de suspensión, y se daría libertad a cada seccional para mejorar el piso.Por estas horas, el Gobierno busca que los gremios acepten suspensiones -si es necesario con rebaja en los salarios- para evitar despidos. En esa línea, el Ministerio de Trabajo le dio el visto bueno a la rebaja del 30% convenida el viernes pasado por el gremio de pasteleros y las cadenas de comida (McDonald´s, Burger King, Starbucks, Wendy´s y Mostaza), una medida que despertó fuertes críticas de los empleados en redes sociales y se amparó en el artículo 223 bis.

Se trata de un mecanismo que habilita acuerdos con los sindicatos para reducir la jornada laboral y las remuneraciones, a la vez que permite reducir las contribuciones patronales. "Es una herramienta útil porque sirve para preservar los empleos", dijo este lunes el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, al presentar el decreto 376 durante una conferencia. En su artículo 8, establece que "la asignación compensatoria al salario se considerará a cuenta del pago de las remuneraciones o de la asignación en dinero prevista en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo".

Por lo pronto, la revisión del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) fue leída como un nuevo respaldo a los convenios de crisis por los abogados de empresa y los letrados sindicales.

"Va a ser más conveniente avanzar en acuerdos de suspensión porque las empresas van a tener menos impacto en las cargas y el sindicato va a prentender subir el porcentaje y será legítimo en la medida que haya subsidios", dijo el asesor laboral Héctor García. En tanto, Juan Carlos Cerutti señaló que "la crisis es tan profunda que el Estado va a acompañar aún con esas rebajas".

El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, advirtió a su vez que la homologación oficial de recortes en los salarios "es una definición política respecto de quién debe soportar el peso de la crisis" y advirtió que "durante la crisis no debieran ser los trabajadores".

"Es más, durante el aislamiento deben garantizarse más especialmente los ingresos, porque la alimentación adecuada es parte fundamental de la salud", sostuvo Cremonte.