El presidente Alberto Fernández anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín y remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

Precisó que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.

A continuación, el DNU con la intervención de la empresa:

"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción", explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario".

Según el Presidente, se trata de una operación de rescate.

Crisis de Grupo Vicentin

Además de la abultada deuda con el Banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.

En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos u$s1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un "pedido" de convertir a Vicentin en "empresa pública" realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo. También puede verse como un coletazo del llamado "plan Vallejos", proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.

El viernes pasado, la justicia de Santa Fe había fijado un nuevo plazo para que los acreedores de la empresa presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive, como parte del concurso preventivo de la compañía tras entrar en cesación de pagos.

La deuda de Vicentín es de 1.350 millones de dólares.

De esta manera, los más de 2.600 acreedores de Vicentín que no recibieron por parte de la empresa pago alguno por sus prestaciones podrán pedir la verificación de la deuda que Vicentín mantiene con ellos, calculada en 1.500 millones de dólares.

A finales del año pasado, Vicentín suspendió el pago a sus proveedores de granos, por un monto calculado en ese momento de u$S350 millones, al aducir "estrés financiero".

El 11 de febrero, la empresa, al no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus proveedores, solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, el cual fue aceptado el 6 de marzo.

Allí, el juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la Ley de Quiebras y Concursos (LQC).