El diputado del Frente de Todos y titular de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, dijo que la intervención y proyecto de expropiación de la firma Vicentin "es de una enorme trascendencia" porque permitirá sanear su situación financiera y convertirla en una empresa testigo para el mercado de granos.

"Tener una empresa testigo estatal en el mercado exportador es de una enorme importancia porque hace a la fijación de precios, hace a los precios que se le pagan a los productores, no es una empresa cualquiera", destacó.

Esto lo señaló en el marco de la reciente oficialización de la intervención por 60 días de Vicentin, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 publicado este martes en el Boletín Oficial, para asegurar la continuidad de la empresa, la preservación de sus activos y de su patrimonio, la protección de los puestos de trabajo en peligro y evitar daños sobre el mercado agroexportador y la economía en general.

Y además, cuando se vuelven a activar los interrogantes respecto del destino de otros gigantes de la alimentación atravesados por el descalabro operativo y económico.

En cuanto a la intervención de Vicentin, el legislador sostuvo que "esta decisión sanea una situación, crea una empresa testigo en un mercado de gran trascendencia, protege la fuente de trabajo de miles de trabajadores y de unos 2600 productores que son los proveedores de Vicentin y hoy están todos agarrados del pincel, entregaron su mercadería y se quedaron en la vía".

Se trata de un paso "de una enorme trascendencia" porque "el riesgo era que Vicentin terminara en manos de una multinacional que concentrara aún más el negocio o de algún grupo que comprara deuda y terminara licuando el activo que el Estado tiene adentro".

El diputado kirchnerista se refirió a la importancia de una empresa testigo estatal en el mercado exportador.

Según Heller, "es una empresa que marca la cancha en el comercio exterior argentino de granos, oleaginosas y derivados y además es un grupo que se había expandido horizontalmente".

Esta medida "seguramente permitirá sanear la situación del Banco de la Nación porque la expropiación tendrá de por medio un proceso de tasación que se hará a través de los mecanismos estatales y entonces el Estado nacional le pagará a los antiguos miembros de Vicentin entre otras cosas con lo que le deben al Banco de la Nación Argentina y lo que le deben a la AFIP".

"Si establece una mejor condición a los productores de precios y de tiempos de liquidación y demás, está condicionando al resto", concluyó Heller.

Alarma en el campo

Una serie de críticas surgieron tras la decisión de intervenir el grupo cereralero Vicentin. El exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo que "por lo que dijo el presidente Alberto Fernández, sobre que se necesita una empresa testigo en Argentina quieren hacer una Junta Nacional de Granos".

"Tengo la obligación de mirar cómo va a actuar el Estado en un mercado que no necesita intervención porque es transparente", sostuvo, para luego agregar que "me van a decir que hay 1.600 trabajadores o productores y es cierto pero hay que mirar otro carril", sostuvo, para luego recalcar que esta situación es como "cuando estatizaron Ciccone por la soberanía monetaria".

Dijeron #soberaniamonetaria y estarizaron #Ciccone, dijeron #soberaniaenergetica y estarizaron #YPF, ahora dicen #SoberaniaAlimentaria y expropiaron #Vicentin . #MorenoVive — Ricardo Buryaile (@BuryaileRicardo) June 8, 2020

A su turno, el exministro de Agricultura, Luis Etchevehere, consideró que "se trata de una muy mala noticia la intervención/expropiacion de Vicentin por decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinis pagando la fiesta". 

Muy mala noticia la intervención / expropiacion de Vicentin por Decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinis pagando la fiesta. — Luis Etchevehere (@lmetchevehere) June 8, 2020

En paralelo, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron que ven "con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU", así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley. 

"La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar", advirtió la entidad ruralista.

En un comunicado de prensa, la Sociedad Rural aseguró, que, contrario a lo anunciado, el Estado "a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad".

La Junta Nacional de Granos fue un organismo descentralizado creado en 1933 y disuelto en 1991

Junta Nacional de Granos: un proyecto polémico

Las luces de alerta por una posible Junta Nacional de Granos se encendieron a fines de 2019: cuando todavía no había sido designado canciller, el entonces diputado nacional Felipe Solá habló de la necesidad de aumentar la intervención del Estado en la comercialización de los productos agropecuarios, mediante el regreso de la Junta Nacional de Granos y Carnes, como herramientas para frenar los aumentos de los alimentos. 

Además, a mediados de mayo, el secretario adjunto nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que "es hora de que el país vuelva a tener una Junta Nacional de Granos", y afirmó que "las grandes cerealeras acopian la riqueza de la Argentina mientras en su territorio recrudece el hambre", informó la organización.

En paralelo, un comunicado firmado por Aguiar respaldó el proyecto de ley de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu para recrear "una Junta Nacional de Granos (JNG)", y explicó que la iniciativa servirá para recuperar "la soberanía alimentaria necesaria para combatir el hambre, que crece a diario en el país".

La Junta Nacional de Granos fue un organismo descentralizado creado en 1933 y disuelto por el ex presidente Carlos Menem en 1991, y su función era la adquisición y reventa de los productos del campo. 

En el proyecto, la senadora del Frente de Todos propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de "controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos", "garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo", "tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos", "producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios".

También promueve para el organismo "fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte", "autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes".

Y reserva para la Junta Nacional de Granos "proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación". La iniciativa contempla como funciones "fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos".

También se detalla que "toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos. Sin este requisito no podrá realizar transacciones, incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente".

El nuevo interventor: exfuncionario K

El nuevo interventor en Vicentin es Roberto Gabriel Delgado, quien fuera director del ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, hoy Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).

Además, entre 2013 al 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

En 2013 y por un periodo de 6 meses asumió como Gerente General de INTeA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), unidad de soporte y nexo entre el INTA y los actores de la cadena agroindustrial.