Un veterano ex gerente de Bunge y Born recordaba una anécdota que pintaba el tradicional poderío de los exportadores agroindustriales argentinos.

En 1975, luego del "rodrigazo", cuando Argentina transitaba uno de sus momentos más convulsionados política y económicamente, el entonces ministro de economía, Antonio Cafiero, viajó a entrevistarse con los técnicos del Fondo Monetario Internacional –por ese entonces, las condiciones de seguridad del país no permitían que esos funcionarios viajaran a Buenos Aires- y se comprometió a uno de los clásicos planes de asistencia.

Pero el FMI se negaba a firmar hasta que un ejecutivo de Bunge y Born diera personalmente su confirmación de que el ingreso de dólares que Cafiero prometía era realmente factible. Los técnicos tenían en claro quién era el verdadero proveedor de dólares en Argentina y querían asegurarse que las divisas que prometía Cafiero iban a estar de verdad. Por eso exigían escuchar de primera mano a un representante del grupo, que en ese momento era el principal exportador agrícola, tenía 15.000 empleados y estaba diversificado en varias actividades.

Cuarenta y cinco años más tarde, el nieto de Cafiero delinea la estrategia del Gobierno, el país sigue necesitando la asistencia del crédito externo… y depende de los grandes exportadores del agro para sostener su credibilidad financiera. Si no hay liquidación de divisas, el mercado hace saber enseguida su desconfianza en los planes oficiales, como ocurrió en las últimas semanas con el tipo de cambio paralelo.

Es lo que explica el interés particular que despierta la intervención y probable estatización de Vicentin, un hecho que desde el kirchnerismo es visto como una forma de recuperar el control estatal es un "espacio estratégico", donde el país no puede darse el lujo de que manden las fuerzas del mercado.

Y es por eso que la pregunta del "día después" es cuál será el plan para que Vicentin cumpla ese rol de rector, guía y regulador de hecho en el mercado de cereales argentino.

¿Puede Vicentin "guiar" al mercado?

El plan del Gobierno ha funcionado bien desde el punto de vista del discurso político, pero la gente vinculada al agro cree que tiene un serio problema: no hay forma de que una eventual Vicentin estatal pueda imponerle reglas al resto del mercado.

Los máximos representantes de las empresas competidoras de Vicentin no pueden ocultar su fastidio, y mucho menos su preocupación por la decisión oficial de intervenir de manera directa en el poderoso mercado de granos. La expropiación de esa compañía no estaba en sus cálculos. "Al contrario, después del acercamiento de Alberto Fernández a los empresarios líderes de la Argentina, nunca imaginamos esta resolución a la crisis de Vicentin", confía uno de los representantes de esas empresas.

"Sí, estamos preocupados. Muy preocupados", admite otro de los ejecutivos consultados por iProfesional. "¿A qué debemos atenernos? ¿A un Estado que vendrá, de la mano de Vicentin, a competir de igual a igual con nosotros? ¿O tendremos que esperar que haya medidas preferenciales a favor de la compañía estatal?", razona.

Los ejecutivos van a esperar algunos días para pedirle una entrevista a Matías Kulfas -incluso no descartan solicitar una audiencia con el Presidente- para tener de primera mano la información de los objetivos del Ejecutivo, una vez que se concrete el traspaso accionario de la compañía por ahora intervenida.

Se sabe, Vicentin es la sexta mayor exportadora de granos y compite a diario con las grandes multinacionales del sector por el mercado más superavitario del país. Son los "dueños de los dólares", y aunque los empresarios rechazan esa definición, saben que las divisas que generan son el motor de la economía argentina.

Tan determinantes son que todos los días, puntualmente a las 5 y 20 de la tarde, desde CIARA -la cámara que reúne a esas empresas- sale un mail directo al Banco Central con la información detallada de las liquidaciones de granos de la jornada.

Desde el sector descartan que tras el anuncio haya que esperar mayores presiones cambiarias. Los ejecutivos asumen dos cosas: que el tipo de cambio oficial se encuentra a cubierto con un "súper cepo", que ahora evita la pérdida de reservas del BCRA.

Y, en segundo lugar, en el mercado creen que el "contado con liqui" llegó a un precio que, en medio de las últimas regulaciones, difícilmente pueda tener una disparada adicional. "A menos que no haya un arreglo con la deuda", afirman.

Los ejecutivos insisten, ante las preguntas de iProfesional, que hay "mitos" alrededor del mercado cambiario. Y que se equivoca el Gobierno si cree que podrá contar con más información que le permita conocer "detalles oscuros" de su funcionamiento.

"Si quieren hacer un coaching me parece muy bien, así se tranquilizan y se convencen de que acá no hay nada raro. Eso sí, ojalá que esa jugada no nos salga demasiado cara para el país", chicanean.

Al contrario de lo que sostienen algunos analistas -que vincularon la operatoria por Vicentin con cuestiones económicas y financieras, relacionadas con el mercado cambiario-, entre los empresarios exportadores sospechan que, detrás de la movida, hay un interés más político que económico.

Entienden que el Gobierno no quiso que, ante la crisis de la cerealera de 90 años de antigüedad, una empresa extranjera ni un grupo empresario opositor a la Casa Rosada termine quedándose con una empresa tradicional.

Todos los caminos llevan a la silobolsa

El diagnóstico de los economistas es lapidario: por más que oficialmente el Banco Central disponga de u$s42.800 millones en reservas, la cantidad de dólares realmente disponibles -una vez que se restan los encajes bancarios, las obligaciones con organismos, los swap y préstamos de otros bancos- ronda los u$s9.000. En otras palabras, que el problema es el de siempre: faltan dólares.

Y eso es lo que exacerba la irritación del Gobierno con los productores del agro, que a pesar de haber tenido una buena cosecha han liquidado menos divisas que el año pasado. Un 19% menos si se comparan los primeros cinco meses del año, y un 29% menos si se toma el mes de mayo, en teoría uno de los momentos fuertes de la liquidación.

La caída en la liquidación de divisas por exportación agrícola, en el trasfondo de la estatización de Vicentin.

Hablando en plata, en lo que va del año el aporte de la exportación agrícola fue de u$s6.900 millones, muy por debajo de los u$s8.500 millones que se había vendido a esta altura de 2019. Y como la cosecha no tuvo este año complicaciones climáticas que disminuyeran su volumen, la conclusión de los funcionarios es que, como mínimo, hay en las silobolsas el equivalente a u$s1.600 millones más que lo que había el año pasado.

Los productores se defienden con el argumento de que ya se liquidó el 50% de la cosecha de soja, que es el número alineado con el promedio histórico para esta época del año. Y que si no se liquidaron más divisas fue por los malos precios del mercado global.

De todas formas, en el Gobierno no logran sustraerse a las teorías conspirativas.

El endurecimiento del cepo ha logrado un poco de paz para el atribulado Miguel Pesce, que por fin en junio pudo revertir la situación de tener que vender dólares y pudo pasar a comprar. Pero todos saben que las medidas restrictivas sobre la operatoria del "contado con liqui" o las limitaciones de los importadores al acceso a los dólares son apenas una solución temporaria.

El Gobierno quiere solucionar el tema de fondo: es decir, no quedarse sólo en reprimir la demanda de billetes verdes sino, sobre todo, incentivar su oferta. Y eso lleva a un objetivo inexorable: influir en el ritmo de ventas del campo.

En el Gobierno creen que Vicentin representa la posibilidad de tomar el control, al menos parcial, de ese ingreso. En 2019 –uno de los peores de su historia reciente- Vicentin facturó u$s4.200 millones. Y el Gobierno tiene sospechas de que en realidad el volumen de su negocio es mayor, pero que se desvía a través de una triangulación de exportaciones con su filial paraguaya.

Para el kirchnerismo, una frustración histórica

El avance sobre Vicentin implica también el reconocimiento de que la imposibilidad de ejercer un control sobre la exportación agrícola ha sido la gran piedra en el zapato del kirchnerismo.

Nadie puede dar cuenta de ello mejor que Axel Kicillof. En sus días de ministro, sufría la misma situación que hoy no deja dormir a Pesce: con cepo y un dólar paralelo que se aleja del oficial, los productores prefieren guardar la soja en las silobolsas, a la espera de un mejor tipo de cambio.

Desde la óptica oficialista, eso es una maniobra para forzar al Gobierno a devaluar. Desde el mercado, se lo ve como una actitud lógica en defensa del propio patrimonio y rentabilidad del negocio.

En su época de ministro, Axel Kicillof buscó con escaso éxito comprometer a los sojeros a subir su nivel de liquidación de divisas

Lo cierto es que en los ocho años de gestión de Cristina Kirchner nunca se pudo resolver ese problema. Parece que pasaron siglos, pero en 2014 hubo una ofensiva legislativa que desde la oposición se denominaba "proyecto de sovietización de la economía". Se especulaba con la posibilidad de que, utilizando la ley de abastecimiento, se pudiera literalmente abrir las silobolsas y forzar la venta del producto "encanutado".

En aquella época, la AFIP solicitaba la ubicación georeferenciada de silobolsas –de manera de poder ser ubicadas por los inspectores con un GPS-, lo cual no hacía más que aumentar la paranoia de los productores.

Finalmente, el kirchnerismo no llegó tan lejos. Más bien, se prefirió una salida negociada, que consistía en acordar, cada fin de año, que los productores cerealeros liquidarían un piso de divisas para que Kicillof pudiera tener previsibilidad en sus ingresos.

"Si los propietarios y el complejo entero deciden no vender, retener, artificialmente provocan un agujero en el comercio", decía el entonces ministro y hoy gobernador bonaerense.

En realidad, las cámaras empresarias no tenían la autoridad para forzar a los productores a vender, con lo cual el documento que firmaban solamente decía que se veía "factible" la liquidación de una determinada cantidad de dólares. Como contraparte, Kicillof prometía estabilidad cambiaria y avisaba que los precios internacionales estaban en baja. Y, por si acaso los productores no confiaran en su pronóstico, ofrecía bonos dólar-linked.

Pero el resultado es que la cifra que efectivamente se liquidaba siempre era menor a la que se había prometido. Una situación que reafirmaba en el kirchnerismo su convicción de que no se podía confiar en que el juego de oferta y demanda terminara siendo el que definiera algo tan sensible como el flujo de ingreso de dólares.