El Gobierno confirmó que, mediante la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia, se intervendrá al grupo cerealero Vicentín y además se remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

Se trata de la empresa agroexportadora que se declaró insolvente a fines de 2019 y que pidió la convocatoria a acreedores para reestructurar su deuda y que, según esta nueva determinación, el campo y oposición advierten por el regreso de la Junta Nacional de Granos.

La semana pasada, dirigentes políticos, sindicales y sociales solicitaron que la agroexportadora Vicentín sea declarada "empresa pública no estatal" para evitar "una mayor concentracion y extranjerizacion del comercio exterior de granos y de la cadena de producción alimentaria". Esto sucedió días después de que se revelara la impactante cantidad de acreedores de la compañía.

La firma, que integra el ranking de las diez agroexportadoras más importantes del país, entró en cesación de pagos el 5 de diciembre último, cuando no pudo hacer frente a obligaciones por cerca de u$s1.350 millones, de los cuales una gran parte corresponde a créditos otorgados por la banca pública.

Vicentin fue una de las compañías emblemáticas del sector agroexportador del país. Incluso, llegó a estar entre las principales tres firmas con mayor cantidad de exportaciones de productos del complejo sojero en Argentina. Y en 2019, tuvo el cuarto lugar en el ranking general de exportaciones.

El Presidente anunció la intervención de la cerealera Vicentin.

Vicentin: cómo se convirtió en la cuarta exportadora

Con 90 años de trayectoria ininterrumpida, la compañía tuvo sus orígenes en 1929 como un pequeño comercio de acopio y ramos generales en Avellaneda, en Santa Fe.

Durante los años siguientes, puso en marcha su primera planta desmotadora de algodón y fábrica de aceite, y en la década de 1960 incorporó estructuras y maquinarias que le permitieron llegar a altos niveles de producción e insertarse en el sector agroindustrial al incorporar la soja en sus negocios.

Su segunda planta en el sur de Santa Fe, inaugurada en 1979, marcó su consolidación, y sumó una tercera, de molienda de soja, unos 20 años más tarde.

En el 2000 se incorporó al rubro textil, mediante una planta de hilandería y tejeduría y unos años después se sumó al grupo el complejo frigorífico Friar, por lo que ingresó al negocio de la exportación cárnica.

Más adelante, junto con la multinacional Glencore, se incorporó al sector del biocombustible, convirtiéndose en la primera empresa del país que exportaba biodiesel.

El Grupo siguió incorporándose en nuevos segmentos, como agroquímicos, vinos e insumos farmacéuticos, entre otros, y adquirió empresas como la algodonera "Estrella" y avanzó en la conformación de una alianza con SanCor, para el desarrollo de los negocios referidos a yogures, flanes y postres.

Todo esto marcó su crecimiento e hizo que para el 2019, ocupara el cuarto lugar en el ranking general de exportaciones y primera en subproductos y aceites: exportó 2,6 millones de toneladas de granos, 5,9 millones de toneladas de subproductos y 1,4 millones de toneladas de aceites. 

Pero a principios de diciembre del año pasado, la empresa Vicentin inició el derrotero que la llevó al pedido de quiebra y concurso de acreedores en febrero, con una deuda de 1.350 millones de dólares.

Deudas impagas de Vicentin

Además de la abultada deuda con el Banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.

En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos u$s1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un "pedido" de convertir a Vicentin en "empresa pública" realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo. También puede verse como un coletazo del llamado "plan Vallejos", proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.

El viernes pasado, la justicia de Santa Fe había fijado un nuevo plazo para que los acreedores de la empresa presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive, como parte del concurso preventivo de la compañía tras entrar en cesación de pagos.

De esta manera, los más de 2.600 acreedores de Vicentín que no recibieron por parte de la empresa pago alguno por sus prestaciones podrán pedir la verificación de la deuda que Vicentín mantiene con ellos, calculada en 1.500 millones de dólares.

A finales del año pasado, Vicentín suspendió el pago a sus proveedores de granos, por un monto calculado en ese momento de u$S350 millones, al aducir "estrés financiero".

Antes de presentarse en convocatoria, quiso gestar pactos con los acreedores a través de la figura de acuerdo preventivo extrajudicial (APE), pero la propuesta no convenció al número esperado, que no alcanzó el 50 por ciento de los acreedores. 

El 11 de febrero, la empresa, al no poder realizar acuerdos extrajudiciales con sus proveedores, solicitó a la justicia santafesina ingresar en un concurso preventivo, el cual fue aceptado el 6 de marzo.

Se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares.

Allí, el juez fijó el 11 de marzo como fecha de audiencia de sorteo de la sindicatura; el 9 de junio como límite para la verificación de créditos; y ordenó la inhibición general de bienes de la agroexportadora, como lo establece la Ley de Quiebras y Concursos (LQC).

Qué implica la expropiación de Vicentin

La expropiación de la compañía implicará un respaldo para el Gobierno en términos de generación de divisas. Según datos del mercado, la empresa duplicó su volumen de exportaciones entre 2010 y 2019. De esta manera, entre el Grupo e YPF, que desempeñará un rol clave en el desempeño de la agroexportadora, tendrán exportaciones por el 6,8% del total del país.

Según anunció el presidente Alberto Fernández, todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.

Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción, informa el Gobierno.

Desde la Casa Rosada señalaron que la industria alimenticia va a ser clave en la recuperación. 

De esta manera, planea mandar al Congreso tres proyectos de ley en referencia al mercado alimenticio. Uno buscará incrementar la producción vegetal, otro será sobre exportación de alimentos y uno tercero para impulsar la biotecnología.

En cuanto a uno de los temas que deberá resolver el Estado como interventor de Vicentin, será su problema de insolvencia y concurso de acreedores. Por eso es que el Gobierno se trazó tres objetivos principales: la recuperación y pago de deudas a productores; la renegociación con los bancos acreedores y garantizar la paz social y estabilidad laboral con gremios.