La Unión Industrial Argentina (UIA) mantendrá este martes un encuentro virtual con Matías Kulfas en un medio de un clima todavía de tensión por el conflicto en Vicentin. La cita convocada a las 10 será su primer cara a cara por zoom con el ministro de Desarrollo Productivo después del banderazo del fin de semana que volcó en las calles el malestar de pueblos del interior y el círculo rojo ante la intervención estatal y eventual expropiación de la aceitera en concurso de acreedores y sospechada de fraude por una deuda de u$s1.500 millones. Ese tema es muy probable que asome en la reunión del comité ejecutivo encabezado por Miguel Acevedo, preocupado también por los subsidios, las restricciones al dólar y el cierre de empresas.

Kulfas tendrá así la oportunidad de escuchar a los popes de la central fabril, cuyo último comunicado -de tono moderado- encendió la bronca de un amplio nucleo contra la ingerencia estatal, encabezado por el "frontman" de Techint, Luis Betnaza. Inquieto por el desgaste político, el Gobierno retiró su plan de expropiación y acompañó la propuesta del gobernador de Santa Fe Omar Perotti de reponer a los interventores públicos desplazados por la Justicia y sumar a la provincia, un proyecto para el que busca además apoyo empresario, de las cooperativas y entidades del campo. "Ya dijimos lo que teniamos que decir en el comunicado, la intervención tiene que hacerse en marco de la división de poderes, para algo están los jueces", afirmó anoche a iProfesional uno de los vicepresidentes de la entidad, Daniel Funes de Rioja.

Además de Acevedo y Funes de Rioja, se espera la participación hoy de Martín Rapallini, Adrián Kaufmann Brea, David Uruburu y Guillermo Moretti, entre otros miembros de la mesa chica de la UIA que la semana pasada convinieron con el funcionario volver a tener contacto. Uno de los temas de la charla será el recorte de la asistencia a las empresas (ATP). El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, le anticipó ayer a Funes de Rioja que los ATP continuarán en junio y julio en las empresas de hasta 800 empleados aunque ya no cubrirán la mitad de los sueldos hasta un tope de $33.750. Por otra parte, Moroni avaló acuerdos con los gremios para fraccionar el aguinaldo, pero los empresarios insisten en una norma que los proteja de eventuales sanciones ante la negativa de la CGT a convalidarlo en un acuerdo general.

El Gobierno busca apoyo en el sector privado para volver a intervenir Vicentin y desplazar a los directores repuestos por la Justicia.

En la videoconferencia de hoy, los industriales podrán pedirle explicaciones además al ministro sobre las últimas medidas y de paso despejar el temor a la "chavización" fogoneado desde la oposición, la Mesa de Enlace y los emisarios de Paolo Rocca. Esa es también la intención del ala más dialoguista -y peronista- del comité ejecutivo integrada entre otros por José Urtubey y Moretti. En ese sector reconocen "errores" oficiales, pero creen que la situación cambió desde que el Ejecutivo se supeditó a la vía judicial para solicitar un nuevo desplazamiento del directorio de Vicentin, pese a la vigencia del decreto de intervención. "Todas estas posiciones extremas se moderan cuando hay encuentros con funcionarios, el planteo oficial ahora es más cercano al pedido de legalidad (de la UIA)", señaló un dirigente de dicha entidad.

Desde el anuncio oficial, la grieta abierta provocó chispazos en todas las regionales de la gremial empresaria, incluida la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe). Allí, en la provincia que concentra los activos de la aceitera, el consejo directivo envió un guiño al oficialismo ayer en la misma jornada que Héctor Vicentin, accionista de la empresa, rechazó la propuesta de Perotti por considerarla una "expropiación light" y la Inspección General de Justicia Provincial (IGJP) denunció a cuatro directores por el presunto vaciamiento de su patromonio desde enero. En ese marco, la Fisfe alertó por las "consecuencias nefastas que su eventual quiebra, desguace o extranjerización provocaría para cientos de productores; pequeños y medianos industriales que forman parte de su cadena de valor; y miles de trabajadores", por lo que defendió un "abordaje integral" de la problemática teniendo en cuenta "el rol y defensa de la banca pública".

El pronunciamiento del tercer polo industrial del país se conoció después de fuertes tironeos con muchas de las cámaras afiliadas a la federación que apenas escucharon a Fernández mencionar la palabra "expropiación" salieron con los tapones de punta. Al igual que en Córdoba, se trata de enclaves agroindustriales marcados a fuego por la 125. Con la diferencia de que el 95% de las fábricas de Santa Fe son pymes y Vicentin integra el podio de los poderosos junto a la siderúrgica Acindar, la automotriz General Motors y las exportadoras Cargill, Dreyfus, Bunge, Cofco y AGD, la empresa de Acevedo. Ese peso tiene su correlato en Fisfe, cuyo vicepresidente es el directivo de la compañía concursada, Alberto Padoán, quien ayer no participó de la reunión.

En Santa Fe, Vicentin integra el podio de los poderosos junto a la siderúrgica Acindar, la automotriz General Motors y las agroexportadoras.

Sin ánimos de movilizar a sus bases ni a los sindicatos por ahora, el Gobierno busca neutralizar la campaña en su contra mediante un mayor diálogo con el sector privado. Dentro de la central manufacturera están quienes se muestran más preocupados por "sacar de la calle" el conflicto que por la influencia de Cristina Kirchner sobre la economía. Sobre todo en momentos que el país se encamina hacia el temido pico de la pandemia – ayer se superaron los 2.000 casos- y las autoridades avanzan en nuevas restricciones, con impacto sobre la actividad. Los datos de abril difundidos ayer por la central fabril mostraron una caída del 30% interanual, la mayor desde 1994, y un retroceso en la cantidad de empleadores (3.063) y trabajadores (38.000) respecto del año pasado.

Los industriales tocarán ese tema con Kulfas y aprovecharán para compartirle los resultados inquietantes de la encuesta realizada entre el 3 y el 10 de junio. El estudio entre 700 compañías evidenció una leve recomposición por la reapertura de actividades, pero también encendió un alarma porque el 38% de los encuestados manifestó que, de mantenerse las mismas condiciones en los próximos tres meses, podrían cerrar sus empresas.

El otro factor de tensión son las últimas trabas para acceder a los dólares y realizar importaciones, lo que provocó una parálisis virtual del comercio exterior. El Banco Central exigía no haber operado con CCL o dólar MEP en los últimos 90 días. Pero los empresarios lograron que se revisen a cambio de desarmar posiciones. Hoy buscarán más precisiones sobre el nuevo esquema.