El debate sobre cómo salir de la crisis volvió a primer plano con el plan de Roberto Lavagna. Además de la pandemia y la fragilidad de la economía, el Gobierno enfrenta un desafío adicional por estas horas: los diferentes proyectos que conviven en su interior o en sectores cercanos al oficialismo. La propuesta del exministro de Economía para generar empleo e inversiones expuso esas fisuras. En particular, su propuesta de crear un fondo de desempleo, una iniciativa similar a la impulsada en su momento por Mauricio Macri que ahora provocó la reacción furibunda del entorno de Cristina Kirchner.

"¡Es insólito, la flexibilizacion laboral no crea empleo!, yo no voy a decirlo como lo decía Bill Clinton ´Es la economía estúpido´, pero la creacion o destrucción de empleo depende de la economía", respondió sin pelos en la lengua el abogado laboralista y director de YPF, Héctor Recalde. Su voz que sigue marcando la postura de un sector del oficialismo en materia de políticas laborales. El exdiputado cercano a la vicepresidenta se enfrentó la semana pasada con Mario Pergolini. Lo acusó de "gorilismo" luego de que el empresario tachara de "hijos de puta" a los legisladores por aprobar la Ley de Teletrabajo.

Lavagna difundió este martes un documento de su autoría, como parte del espacio político Consenso Federal, que años atrás lideró junto a Sergio Massa. En sus "Pilares de un programa de crecimiento con inclusión", plantea los ejes de lo que debería ser el rumbo de la economía post pandemia y para generar empleo propone la creación de un fondo de desempleo similar al regimen de la construcción vigente desde la última dictura. Consiste en el pago de un seguro al trabajador cuando se termina la obra, financiado con aportes mensuales del empleador (12% el primer año y 8% el resto). Y fue una de los puntos de la fallida reforma laboral de Macri para evitar el pago de indemnizaciones.

El abogado laboralista, Héctor Recalde, propone reducir la jornada laboral de 48 a 45 horas.

"Me parece que Lavagna está ignorando lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, que establece proteccion contra despido arbitrario, y el 75 en su inciso 19, que incorpora con jerarquia constitucional el principio de justicia social y progresividad de los derechos", señaló el exasesor de la la CGT cuando la conducía Hugo Moyano, de quien se terminó abriendo por su enfrentamiento con Cristina. "Esto es sustituir las indemnizaciones por despidos por un fondo de desempleo en donde el trabajador paga su propio despido, y al empleador le va a dar lo mismo despedir o no porque no hay un recargo o una barrera para imepdir el despedio libre", aseguró.

La reacción del laboralista expresa el malestar dentro del kirchnerismo ante las presiones que observan del sector empresario para avanzar en una reforma laboral, un tema sobre el que no hay consenso en la CGT ni en el Gobierno, pero del que se habla cada vez más. El senador Mariano Recalde, hijo de Héctor y extitular de Aerolíneas Argentinas, es uno de los que resiste esa iniciativa y tiene en carpeta algunos de los 900 proyectos presentados por su padre entre 2005 y 2017 y que perdieron estado parlamentario. En ese período, se sancionaron 69 leyes laborales, un tercio impulsadas por su progenitor. Entre las archivadas, el hombre La Cámpora podría reflotar la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas.

"Una solucion es la reducción de la jornada, se puede trabajar menos para distribuir el empleo existente", apuntó el director de YPF que mantiene un diálogo fluido con su hijo sobre la agenda laboral. El proyecto presentado en su momento no apuntaba a generar empleo, sino a repartirlo entre 200.000 personas. "Alberto Fernández y Cristina Kirchner creen que solo la politica economica va a generar empleo", explica Recalde. Otro de sus argumentos es que la productividad aumenta en relación inversa a la extensión de la jornada y que Argentina y Colombia son los unicos paises con un regimen de 48 horas mensuales, mientras Francia la redujo de 48 a 35.

El exministro de Economía corrió el foco hacia una propuesta apoyada por los empresarios y Macri.

La propuesta es compartida también por el diputado oficialista Hugo Yasky. Hace dos semanas atrás, el líder de la CTA de los Trabajadores (CTA) le acercó a Alberto Fernández un proyecto de Ley de reducción de la Jornada Laboral y otro de participación de los trabajadores en las utilidades empresarias, inspirado en el convenio del Sindicato del Neumático con Bridgestone. Fue al encabezar el plenario de la central alternariva por zoom que contó en el cierre con la presencia del exministro de Trabajo, Carlos Tomada. Yasky es el sindicalista más cercano a Cristina Kirchner y también el autor de uno de los primeros proyectos de impuesto a las grandes fortunas.

El plan de Lavagna viene correr el foco hacia la reducción del costo empresario, uno de los pedidos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de las banderas de la gestión de Macri. Con esa premisa, el entonces presidente reformó por decreto la ley de ART en 2017 y reinstaló la obligatoriedad de las comisiones médicas como paso previo antes de iniciar un juicio laboral. Pese a que el DNU fue declarado inconstitucional en varios fallos, el Gobierno entrante decidió expandir esos organismos administrativos y conservó al anterior titular de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), Gustavo Morón, una de las figuras cuestionadas por el kirchnerismo laboralista. Pero el debate sobre la herencia macrista no se cerró.

Ahora, el senador camporista impulsa un proyecto para volver a la versión previa de la normativa sobre accidentes de trabajo. Otro capítulo de la interna sobre la estrategia laboral que tiene por protagonistas a Los Recalde, el Ministerio de Trabajo bonaerense y a Yasky. Ese sector oficialista encabezó los cuestionamientos a las suspensiones con rebaja salarial acordadas entre la CGT y la UIA, el proyecto oficial de regulación de las aplicaciones de reparto y los criterios para beneficiar con subsidios a las empresas (ATP), entre ellas Techint. De esa manera, han intentado en repetidas ocasiones marcar distancia con la política del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, de buen diálogo con la central obrera y los empresarios.

Sin intenciones de confrontar, el funcionario salió este miércoles a poner cierta distancia del economista al que escucha Alberto Fernández, que en su momento sonó como el principal candidato a presidir el congelado Consejo Económico y Social y que es el padre del titular del INDEC, Marcos Lavagna. Moroni no se refirió al fondo de desempleo, pero respaldó el esquema de emergencia vigente de licenciamientos masivos y la continuidad de la doble indemnización por "el tiempo que sea necesario". Esas medidas, junto con la prohibición de despidos, son las herramientas del Gobierno para afrontar un escenario de crisis, que en mayo implicó 740.000 suspensiones y 400.000 empleos formales menos respecto del año pasado.