El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, se refirió a la reunión que encabezará el próximo 14 de octubre el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, y dijo al respecto que se tratará de llegar a "un acuerdo razonable". "Va a ser una charla larga", anticipó.

"Vamos a escuchar cuáles son las propuestas, trataremos que se llegue a un acuerdo razonable respecto de la evolución del salario mínimo, va a ser una charla larga", dijo el ministro en declaraciones a Radio 10.

"Hoy el salario mínimo tiene un montón de funciones, no solo es una referencia para el salario sino que es una pauta", sostuvo Moroni.

El lunes, el Gobierno convocó formalmente al Consejo del Salario, para el 14 de octubre, que se realizará en forma virtual y definirá un nuevo monto del haber mínimo, que lleva un año sin actualizarse. Así quedó establecido en una resolución del Ministerio de Trabajo, publicada en el Boletín Oficial.

"Convócase a los integrantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, a reunirse en sesión plenaria ordinaria el 14 de octubre de 2020, a las 15:00, a la reunión a celebrarse mediante plataforma virtual conforme lo dispuesto por Resolución 344 de fecha 22 de abril de 2020. Déjase establecida la convocatoria a segunda sesión para las 16:30 de ese mismo día", según el texto oficial.

Durante los últimos años, el salario mínimo perdió poder adquisitivo

No se actualiza desde 2019

De acuerdo con la Ley de Contrato de Trabajo, el salario mínimo vital y móvil se define como "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión".

Cabe destacar que la última modificación del salario mínimo vital y móvil data de fines de 2019, cuando el entonces gobierno de Macri convalidó el aumento escalonado, aplicable en los meses de agosto, septiembre y octubre, del salario mínimo, vital y móvil para los trabajadores del sector privado y la Administración Pública Nacional.

Tras esa modificación, a partir del 1 de octubre de 2019, el salario mínimo vital y móvil en la Argentina pasó a ser de $16.875, mientras que para los trabajadores jornalizados la hora asciende a $84,37.

Mediante la misma resolución se incrementaron, además, los montos correspondientes al mínimo y máximo de la prestación por desempleo, que pasaron a ser de $3.925 y $6.280, respectivamente.

Durante la gestión de Mauricio Macri, el salario mínimo vital y móvil pasó de $5.588 en diciembre de 2015 a los $16.875 actuales. En la práctica, se trató de un incremento del 200%. Como contrapartida, durante ese lapso la inflación fue de casi 300%.

¿Qué implicó esto? Que el poder adquisitivo del salario mínimo vital y móvil experimentó una pérdida del 24%, superior a la caída del salario real del conjunto de los trabajadores.

El Gobierno busca acercar a las partes y encontrar un punto medio para evitar que continúe la caída del salario

Para qué sirve

En nuestro país, el SMVM es fijado por el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, un ente tripartito integrado por representantes del sector sindical, del empresariado-. Las medidas que se tomen, deben ser aprobadas por, al menos, dos de sus tres partes.

La remuneración mínima que se establece en nuestro país es para un jornada laboral legal –la máxima permitida es de 48 horas- y obliga a los empleadores a pagar esa cifra a sus trabajadores a cambio de sus servicios. A su vez, se establecen cifras mínimas para los menores de edad y para jornadas más acortadas.

Como en casi la mayoría de los países del mundo, esta cifra sirva para las paritarias que establece cada gremio para sus trabajadores. En general, en los Convenios Colectivos de Trabajo se establecen valores mínimos más elevados que el acordado por el Ejecutivo. Por ello, en Argentina afecta directamente a cerca de 300 mil empleados que están en blanco pero que no están comprendidos en ningún convenio salarial. En la actualidad, se toma como base para establecer multas administrativas o prestaciones a cargo del Estado (como la mencionada ATP).