El Gobierno avanza por estas horas en un esquema económico de transición durante el verano de cara al cierre del programa de facilidades extendidas (EFF) que negocia por 10 años con el FMI.

Se trata de medidas no necesariamente acordes con las recetas de Washington pero que muestran una voluntad de ordenar las cuentas mediante la creación de impuestos, el achique del gasto, la promesa de subas de tarifas, más deuda en pesos (atada al dólar) y menor emisión del Banco Central.

Por ahora, la meta de un déficit fiscal del 4,5% es el principal poroto que se anotó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el plan monitoreado por Kristalina Georgieva. El Presupuesto sancionado esta semana prevé una caída real del gasto de al menos el 10% por el recorte de subsidios Covid y la desindexación de jubilaciones y asignaciones, que pasarán de un 9,5 a 9 puntos del PBI. El FMI quiere reducir aún más el rojo y Guzmán estaría dispuesto hacerlo.

Las diferencias más evidentes asoman en otras exigencias mucho más difíciles de cumplir vinculadas a la política cambiaria, los plazos de pago y medidas macroeconómicas. En primer lugar, el control de la brecha cambiaria y la sangría de reservas. Algo que el ministro logró aplacar solo por algunas semanas desde que lanzó en octubre los bonos dolarizados para "dar salida" a los fondos especulativos hasta que las cotizaciones paralelas volvieron a trepar en las últimas semanas.

"La parte fiscal es más fácil de acordar, el Presupuesto subestima la inflación y Guzmán ya le dijo a la (AEA) que busca un 3,9%, el FMI le dirá un 3% y cerrarán un 3,5%, pero la cuestión cambiaria va a ser más compleja", explicó el director de Econviews, Miguel Kiguel.

"Kristalina ya dijo que un programa no puede funcionar bien con esta brecha, y si bien no significa ajuste fiscal, se trata de generar confianza y bajar el contado con liquidación (CCL)", agregó el economista.

Después de acortar la distancia con el oficial del 118% al 74%, el dólar CCL volvió a subir y cerró esta semana en $150, con lo que el margen se ubicó en 88%. Todavía no está claro cuál es la solución.

Por lo pronto, el Presidente descartó una devaluación, una salida deseada por empresarios e inversores con activos dolarizados y que tendría un impacto catastrófico sobre los precios, ya con fuertes señales de aceleración en alimentos.

Un nuevo acuerdo con el FMI, factor decisivo para el futuro de la Argentina.

Devaluación o concesiones

En la city financiera, hay quienes creen que la prioridad del organismo no pasaría por reducir la brecha, sino por convalidar una mayor depreciación del peso.

"Hubo países que convivieron con la brecha, lo que no te van a aprobar es vender títulos para bajar las cotizaciones paralelas. Si bien no le gusta dolarizar al Fondo, podrían permitir un desdoblamiento formal, van a pedir acelerar el ritmo de devaluación y, como mucho si faltan reservas, te prestan", dijo Guido Lorenzo, director de LCG.

A pesar del cepo cambiario "recargado" dispuesto en los últimos meses, las reservas brutas perdieron más de u$s900 millones en lo que va de noviembre y cerraron en u$s38.900 millones, el nivel más bajo en casi cuatro años. A ese ritmo, el Banco Central tendría u$s5.000 millones de reservas netas en oro y Derechos Especiales de Giro (DEG) para llegar a marzo en cero. Y tampoco hay señales de una aceleración en la liquidación de exportaciones por la suba de la soja.

En Washington precisan que el régimen monetario es una decisión de la Argentina, pero preocupa la situación "delicada" de la economía.

"El déficit de divisas viene ya desde la administración anterior que ha llevado a imponer controles de capitales de manera transitoria para que se restablezca estabilidad macroeconómica, el Gobierno tiene que ir corrigiendo con una agenda de políticas consistentes en el mediano plazo", explicó a CNN el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner.

Más allá del tipo de cambio y el cepo al dólar, los técnicos de la misión que estuvieron en el país durante 10 días acompañan la decisión de Guzmán de limitar la ayuda a los sectores más afectados por la pandemia y reactivar la economía en el corto plazo. Pero, por otro, creen que hay que "sentar las bases" para un crecimiento impulsado por la inversión privada a través de "incentivos" al sector empresario.

El Gobierno envió una señal el lunes con el DNU 829/20 por el cual otorgará desde diciembre un subsidio a las petroleras para extraer gas, y el BCRA liberó este jueves el cepo cambiario para que dichas empresas puedan obtener dólares para pagar deudas.

Los beneficios alcanzan a Tecpetrol, del grupo Techint, que reclamaba al Estado una deuda por subsidios atrasados. Aun así, el sector privado todavía sigue sacudido por el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que ahora la Unión Industrial Argentina busca frenar en el Senado.

El ultimátum de Cristina

Uno de los capítulos claves de la negociación con el FMI es cómo se financiará la Argentina. A diferencia del Stand By solicitado por Mauricio Macro por un plazo de tres años, el acuerdo de facilidades extendidas que explora Guzmán es de cuatro a diez años.

Estos programas apuntan a países con crisis en su balanza de pagos o estancamiento recurrente. Si bien la cuenta corriente registró un superávit de u$s2.800 millones en el segundo trimestre, la economía casi no crece desde 2012.

"Es una decisión acertada haber pedido un programa de facilidades extendidas, nos da mucho más tiempo para repagar deudas, hasta en 10 años", asegura el ex representante del país ante el Fondo, Héctor Torres. La condición para obtener esas ventajas es la aplicación de medidas duras como una reforma laboral, previsional e impositiva. "Piden reformas estructurales que aumenten la competitividad, siempre hay condicionalidades", señala Torres.

El problema es que dichos cambios representan "sacrificios insoportables" para Cristina Kirchner y sus votantes. Por ello, en la carta enviada a Georgieva con el apoyo de los senadores del Frente de Todos, solicitó que "se abstengan de exigir o condicionar las políticas económicas de la Argentina para los próximos años", mientras que en el plano financiero propuso reducir los intereses, retrasar los pagos anuales hasta 2025 y estirar la amortización en varias décadas.

Quienes patearon las oficinas del organismo aseguran que la solicitud es inviable. En primer lugar, porque ya no existe el recurso de pegarle un llamado a Donald Trump, como hizo en su momento Macri. Ese salvoconducto voló por los aires con la derrota del expresidente en las elecciones de octubre, el posterior balance autocrítico del FMI y el ascenso en la Casa Blanca de un Joseph Biden menos indulgente con la gestión de turno que su antecesor.

El pedido de CFK enfrenta otro escollo indiferible: Guzmán necesita llegar a un acuerdo pronto con el FMI para evitar el default y la única manera de hacerlo es refinanciar pagar próximos vencimientos.

El plan para el 2021 anticipado por iProfesional prevé créditos por u$s3.760 millones y $348.901 millones de organismos como el BID y BIRF para hacer frente a vencimientos de capital e intereses por un total de u$s4.667 millones y $433.098 millones.

La idea es postergar pagos de capital al FMI por un total de u$s3.735 millones en septiembre y diciembre y otro al Club de París por u$s2.100 millones en mayo. En ambos casos, más allá de 2023. Mientras que los pagos de intereses serían financiados con desembolsos. Ese sería el caso de los u$s1.339 millones por pagar al organismo por los u$s44.000 millones que recibió Macri. Para ello se deberían acoplar los plazos del Stand by inconcluso con los del nuevo programa.

"Los vencimientos de capital están fijos en el acuerdo firmado por Macri, es otro desafío. Un programa de facilidades extendidas va a implicar dinero ahora contra reformas después, mientras que el ajuste fiscal fue inmediato en el de Macri", aseguró el exdirector ejecutivo en el FMI por la Argentina. "Necesitamos desembolsos compatibles con vencimientos en 2022 y 2023, no es posible una reestructuración ni una baja de tasas", añadió.

Guzmán recortó el gasto para apurar el diálogo con el Fondo.

Impuestos, salarios y jubilados

Después de la media sanción en Diputados del aporte de las grandes fortunas, el Gobierno evalúa cómo avanzar en su reforma tributaria. En agosto trascendió la versión de que se analizaba un aumento de la alícuota que pagan las personas físicas en la escala más alta para llevarla del 35% al 41% y la quita de algunos incentivos que poseen las empresas que reinvierten utilidades. Las autoridades lo desmintieron. Pero el Fondo busca cambios en ese frente.

Los antecedentes inmediatos son las negociaciones en Ecuador y Costa Rica. A cambio de darle $s6.500 millones, el organismo le recomendó a Lenin Moreno subir el IVA del 12 al 15%, eliminar la devolución del IVA a jubilados, gravar el aguinaldo con ganancias, aumentar dicho tributo a las personas y empresas, crear un tributo a la nafta, ya alcanzada por el IVA, las emisiones de C02 y aumentar el IVA a las telecomunicaciones.

En Costa Rica, en tanto, el Gobierno discute subir aportes de los trabajadores y el impuesto a las ganancias en empresas, junto con un incremento del IVA a la canasta básica, la educación y la salud privada. El paquete fue la respuesta a cinco días de protestas en octubre que forzaron a Carlos Alvarado a dar marcha atrás en su solicitud de un préstamo de u$s1.700 millones al FMI, incluyendo eventuales privatizaciones.

Pero la situación de Argentina es diferente. La economía no está dolarizada como en Ecuador. Y si bien Costa Rica enfrenta un déficit fiscal del 9%, similar al previsto por Guzmán para 2020, los desequilibrios a nivel local son más graves. En ese escenario, el economista del Conicet Oscar Cetrángolo cree que "no hay margen para subir más impuestos" y que, por lo tanto, el Fondo buscaría avanzar "por el lado del gasto y jubilaciones".

Uno de los datos que mira Giorgeva son las cuentas en las provincias. "El gasto en personal fuerte está en los gobiernos provinciales, en Nación es despreciable", sostiene Cetrángolo.

En la administración central, en cambio, el foco está puesto en el sistema previsional. En plena visita de la misión al país, el Gobierno avanzó en el Congreso con su proyecto de movilidad, ajustada por salarios y recaudación. Lo central es que desindexa los haberes de la inflación y el rezago del cálculo es de hasta nueve meses.

Durante el gobierno de Macri, el programa autorizado por el Fondo contempló una reducción del gasto, incluido el rubro previsional, junto con una disminución de impuestos (retenciones, contribuciones patronales, ingresos brutos, etc.) con el supuesto objetivo de desatar una "lluvia de inversiones".

El resultado fue que el recorte de las erogaciones se vio compensado por la menor recaudación, derivando en un mayor costo financiero y un incremento del gasto de la deuda.